El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un esctito en la Justicia en el que consideró "inadmisible" el amparo presentado por un grupo de legisladores porteños para que se libere una calle bloqueda por el grupo mediático y lindera a la villa 21-24. "Cuando uno se fija que esa empresa es Clarín empieza a entender la actitud y respuesta del gobierno de Mugrizio Macri", sostuvo Aníbal Ibarra.
El gobierno porteño presentó un escrito en la Justicia en el que consideró "inadmisible" el amparo presentado por los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo, y por un representante de la Villa 21-24, que exigía que el Grupo Clarín libere una calle del barrio de Barracas lindera con ese asentamiento, que mantiene bloqueada con un muro para usarla como estacionamiento de una planta impresora.
Para el Gobierno porteño, "los accionantes no se pueden atribuir la adecuada representación de otros vecinos supuestamente afectados por la realización de la obra de que se trata”.
“Resulta inadmisible que mediante una vaga alusión a la defensa de derechos de incidencia colectiva en general, pretendan estar legitimados procesalmente", sostiene el escrito presentado en sede judicial en alusión a Ibarra y Naddeo, pero omitiendo a Otazo.
En otro tramo, el Gobierno de la ciudad solicitó al juez interviniente el rechazo de la demanda en razón de no apreciar "daño, lesión o restricción inminente que con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, afecte derechos o garantías constitucionales".
De igual forma manifiesta que no existe "prueba alguna de que el muro referido en el escrito de inicio haya sido construido por el gobierno de la Ciudad o por las empresas localizadas en la calle Ascasubi entre Luna y Agustín Magaldi".
Según informaron los diputados, el Gobierno de Mugrizio Macri justificó el rechazo a su pedido en que “los demandantes carecen de legitimación procesal por cuanto no han demostrado que en el caso de autos se produzca un perjuicio personal, concreto y directo".
"Resulta sorprendente que el Gobierno de la Ciudad sabiendo de la clara ilegitimidad e ilegalidad que significa el cierre de una calle en beneficio de una empresa, opte por decir que los legisladores no viven en la zona y por lo tanto no son perjudicados, en lugar de asumir la responsabilidad como gobierno y mandarlo a demoler”, dijo Ibarra.
El diputado remarcó que “cuando uno se fija que esa empresa es Clarín empieza a entender la actitud y respuesta del gobierno de Mugrizio Macri".
En igual sentido, Naddeo advirtió que "la respuesta del gobierno de la Ciudad muestra su perfil insensible y burocrático. Los funcionarios tendrían que escandalizarse ante el cierre de una calle hecho por particulares. En cambio, especulan y minimizan el problema. Vamos a insistir hasta la demolición del muro que discrimina y perjudica a las familias del barrio", subrayó.
El amparo, que también fue acompañado por Luis Otazo, representante barrial y habitante de la villa 21-24 de Barracas, pedía el retiro de un muro situado sobre la calle Hilario Ascasubi al 3200, entre Luna y Agustín Magaldi.
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