sábado, 23 de diciembre de 2017

La CIDH calificó el operativo represivo en el Congreso como “inadecuado” y “desproporcionado”

EL ORGANISMO DEPENDIENTE DE LA OEA ADVIRTIÓ QUE CRIMINALIZAR LA PROTESTA “ES INCOMPATIBLE CON UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA”. ADEMÁS, LLAMÓ A “INVESTIGAR EN FORMA PRONTA Y EXHAUSTIVA LA CONDUCTA POLICIAL” DURANTE LAS MARCHAS CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el uso “inadecuado” y “desproporcionado” de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones contra la reforma previsional. El organismo de la OEA difundió un comunicado en el que recordó que “la criminalización de la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y su proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente”. En este sentido, advirtió que “el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas”

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hicieron además un llamado a las autoridades “a investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante esas manifestaciones, y establecer las sanciones correspondientes”.

El texto dado a conocer habla específicamente de dos operativos represivos. El 14 de diciembre fue el día en que, al no poder mantener el quorum, se cayó la primera sesión de Diputados para aprobar el ajuste jubilatorio. Como se recordará, esa tarde hubo una multitudinaria movilización convocada por las dos CTA y la Corriente Federal a la que adhirió la CGT. Los manifestantes fueron corridos de la plaza del Congreso con gases y balas de gomas al ingresar al lugar, y aunque luego lograron reingresar, volvieron a ser desalojados violentamente. 

“Según la información recibida por la CIDH, varias personas habrían resultado heridas por impactos de balas de goma y dos legisladores denunciaron agresiones por fuerzas de seguridad, todo lo cual supone un uso desproporcionado de la fuerza”, indicó el comunicado. La segunda referencia es a la represión del lunes, en la que hubo choques con los manifestantes y más de 70 detenidos. 

El viernes de la semana pasada, entre una y otra represión, un grupo de casi cuarenta organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos -entre ellos Naturaleza de Derecho, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE nacional) y APDH Córdoba- habían presentado un escrito ante la CIDH solicitándole que advirtiera al Estado argentino que estaba violando “los estándares de protección de los derechos humanos en materia de protesta social”. En la petición detallaron ampliamente los hechos ocurridos. 

En el comunicado, la Comisión hizo hincapié en que los operativos de seguridad “deben ser planificados de forma cuidadosa bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso adecuado, progresivo y proporcional de armas menos letales y favorezcan el diálogo”

“La actuación policial, en estos contextos debe orientarse a facilitar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, así como a la protección de la vida e integridad de los manifestantes y de los terceros presentes y no la contención o la confrontación con los manifestantes”, se señala por otra parte.

La Relatoría hizo especial mención de la violencia de los efectivos contra periodistas que registraban los hechos: “Durante las movilizaciones al menos 26 periodistas y trabajadores de medios de comunicación habrían sido agredidos por fuerzas policiales mientras cubrían las manifestaciones en ambas jornadas. De este grupo, 18 periodistas denunciaron recibir múltiples impactos de balas de goma. También se reportaron varios periodistas afectados por el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Asimismo, un grupo de manifestantes habrían agredido a otros quince periodistas y produjeron daños a los equipos móviles de cinco televisoras. La policía habría detenido a seis trabajadores de un medio de comunicación”

Los especialistas recordaron finalmente que en democracia, “los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”.

El ex hijastro de Flavia Palmiero pidió que los detenidos en manifestaciones no sean liberados

AL BRINDAR CON LOS PERIODISTAS ACREDITADOS EN LA CASA ROSADA, MUGRIZIO MACRI BLANCO VILLEGAS RESPALDÓ EL RECLAMO DEL FISCAL GERMÁN MOLDES DE QUE A LOS ARRESTADOS DURANTE LAS PROTESTAS NO SE LES CONCEDA LA EXCARCELACIÓN. "EL QUE TIRA UNA PIEDRA ESTÁ DISPUESTO A MATAR", AFIRMÓ.

En su saludo navideño a los empleados y periodistas acreditados en Casa de Gobierno (la mayor parte de ellos de medios afines al régimen fascista), el Mugrizio Macri Blanco Villegas siguió con su arenga para criminalizar la protesta. 

En alusión a los hechos del lunes frente al Congreso, consideró que “el que tira una piedra está dispuesto a matar” y, para elevar la gravedad del caso, sostuvo que “no puede ser que alguien que hace un atentado o un intento de homicidio sea liberado a las 24 horas”.

El pelotudo hijo de puta respaldó de soslayo la posición del fiscal oficialista Germán Moldes, que el jueves emitió una resolución en la que cuestionó la liberación de los detenidos tras la represión de la protesta contra la reforma previsional y pidió que se termine “el festival de liberaciones” y exigió poner fin al “abolicionismo del derecho penal”.

"Estamos todos luchando por lo mismo, una sociedad más junta donde los violentos no tengan lugar. Espero que la justicia ejerza su rol”, dijo el idiota confeso delante de los trabajadores. 

Asimismo, en medio de sus consejos de pasar las fiestas en familia y “nutrirse de amor, que es lo más importante”, sostuvo que “una piedra puede matar a una persona. El que tira una piedra está dispuesto matar".

Se defendió la jueza que le prohibió a las fuerzas de seguridad el uso de armas letales en la represión en el Congreso

ACECHADA POR MUGRIZIO MACRI BLANCO VILLEGAS Y POR EL RÉGIMEN FASCISTA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA JUEZA PATRICIA LÓPEZ VERGARA FUNDAMENTÓ SU DECISIÓN Y CONSIDERÓ QUE "ESTÁ FALTANDO MAYOR TOLERANCIA".

La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara, defendió la prohibición para que la Policía de la Ciudad usara armas de fuego y el límite de gases y balas de goma en la manifestación del lunes último contra la reforma previsional, que terminó en una brutal represión.

"Mientras yo aplique la ley, siento que hice lo correcto", dijo López Vergara en declaraciones radiales, luego de las críticas del ex hijastro de Flavia Palmiero y tras la amenaza del régimen fascista porteño de pedir que le hagan juicio político.

La magistrada consideró que a la sociedad le "está faltando mayor tolerancia". También justificó su decisión en el artículo 99 de la Ley 5.688 de la ciudad de Buenos Aires. "No está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial que por su función en el operativo esté destinado a entrar en contacto físico directo con los manifestantes", sostuvo.

Consultada sobre la actitud que debe tomar un policía que es agredido a piedrazos, explicó que debe regirse por "los principios de la gradualidad y la persuasión", basándose en "la aplicación del artículo 83" de la Ley 5.688.

Se llevó a cabo una ceremonia interreligiosa en Ezeiza, en el marco de la Jornada Nacional por la Libertad de los Presos Políticos

BAJO EL LEMA “POR UNA NAVIDAD SIN PRESOS POLÍTICOS”, DECENAS DE MILITANTES DE DISTINTAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS SE MOVILIZARON HASTA LOS PENALES DE EZEIZA Y MARCOS PAZ PARA RECLAMAR LA LIBERACIÓN DE LOS EX FUNCIONARIOS Y DIRIGENTES PERONISTAS DETENIDOS DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, EN EL MARCO DE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DESATADA POR EL RÉGIMEN FASCISTA DE MUGRIZIO MACRI BLANCO VILLEGAS CONTRA OPOSITORES Y PERSONAS VINCULADAS A LA GESTIÓN ANTERIOR.

La denominada “Jornada Nacional por la Libertad de los Presos Políticos” comenzó ayer a la mañana a las 9 en el Complejo Penitenciario Federal I, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, donde hubo una ceremonia interreligiosa de la que participaron representantes de los cultos judío, católico, evangélico, musulmán y de pueblos originarios.

Uno de los participantes fue Fabio Inalef, integrante de la comunidad mapuche Kalfü Mapu de Neuquén, quien exigió la liberación del dirigente Facundo Jones Huala, “preso político de este Estado represor”.

Por su parte, Alicia Sánchez, esposa del dirigente Luis D’Elía, criticó al régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos por cometer “la injusticia” de propiciar el encarcelamiento de los opositores bajo los presuntos delitos de “corrupción, traición a la patria o encubrimiento”

“Todo eso es una mentira. Estamos perdiendo el Estado de derecho mientras una parte del pueblo está despierta y la otra sigue dormida”, agregó y, además, aseguró que “pronto vamos a liberar a todos los presos políticos” y anticipó que, junto con organismos de derechos humanos, analizan hacer una presentación ante los organismos internacionales “para que se sepa lo que está pasando acá y liberen a nuestros dirigentes”.

Silvia, ex pareja del dirigente de Quebracho Fernando Esteche sostuvo que “es fundamental seguir resistiendo y no desanimarse” en la lucha. “Tenemos que unirnos, dejar de lado las mezquindades y pensar que tenemos enfrente un enemigo común: este gobierno”, añadió. También se sumaron a la iniciativa Andrea, la esposa del detenido Yussuf Khalil, y el dirigente musulmán Móhsef Alí.

En los penales de Ezeiza y Marcos Paz se encuentran privados de su libertad el diputado y ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otros. 

El objetivo de la movilización fue “denunciar el deterioro del Estado de Derecho en el país, que se manifiesta en la persecución de dirigentes políticos y sociales opositores y exigir la libertad de los detenidos por razones políticas”, según afirmaron los organizadores a través de un comunicado.

El juez LLeral rechazó el cambio de carátula y la investigación por Maldonado sigue por desaparición forzada

EL MAGISTRADO RESOLVIÓ QUE LA SOLICITUD ES "INDIFERENTE" EN ESTE MOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, POR LO TANTO EL EXPEDIENTE 8232/17 SEGUIRÁ COMO "DESAPARICIÓN FORZADA".

En menos de veinticuatro horas el juez federal Gustavo Lleral rechazó el pedido de la fiscal Silvia Ávila para modificar la carátula de la causa de Santiago Maldonado de "desaparición forzada" a "muerte dudosa". 

El magistrado resolvió que la solicitud es "indiferente" en este momento de la investigación, por lo tanto el expediente 8232/17 seguirá como "desaparición forzada".

Lleral sostuvo que "lo esencial son las medidas que se toman para dilucidar los hechos". Sin embargo, a quien no es indiferente la calificación de los presuntos delitos, aunque esto en la etapa de instrucción no debería condicionar el resultado de la investigación, es a la propia fiscal subrogante, a quien la abogada de la familia Maldonado denominó "defensora de Gendarmería" más que representante del Ministerio Público. 

Ávila no sólo descree de los dichos de los mapuches sobre la represión a balazos de los gendarmes sino que ejerció de hecho como nexo entre el Poder Ejecutivo y el expediente, lo cual le valió una recusación.

Sergio Maldonado: “Al testigo E tenemos mucho para preguntarle”

EL HERMANO DEL JOVEN QUE DESAPARECIÓ DURANTE LA REPRESIÓN DE LA GENDARMERÍA A LOS MAPUCHES DE CUSHAMEN Y APARECIÓ MUERTO 78 DÍAS DESPUÉS EXPLICÓ LAS RAZONES POR LAS QUE PLANTEAN LA NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LUCAS PILQUIMAN.

Sergio Maldonado manifestó sus dudas sobre la declaración del "testigo E", quien describió la persecución de la Gendarmería y aseguró haber visto a Santiago en el río. "Me permito dudar. Había muchas cosas para preguntar y no se preguntó nada", dijo.

Pilquiman brindó su testimonio días atrás ante el juez Gustavo Lleral. Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado, no estuvo presente durante el trámite. "Era imposible llegar a las 9 de la mañana a Epuyén, nos avisaron la noche anterior”, se quejó Sergio en declaraciones a la AM 750 y remarcó también que “ni siquiera estuvo la fiscal".

Heredia pidió la nulidad de la declaración del "testigo E" y solicitó que se le vuelva a tomar declaración. “Tenemos muchas cosas para preguntarle", explicó el hermano del joven que apareció muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido en medio de la represión de la Gendarmería a los mapuches.

“El hecho de que haya aparecido el cuerpo ahí nos genera todavía más dudas", insistió y consideró que "no hay razón para cambiar la carátula" del expediente.

Sergio Maldonado volvió a agradecer, además, a todos los que acompañaron desde un comienzo el reclamo de justicia ante la desaparición ya muerte de su hermano. “Si no hubiese sido por los organismos de derechos humanos, por la gente y los políticos -que no son los que están en el Gobierno- no hubiera habido reclamo", afirmó.

Hábeas corpus por la salud de "Shakira", otra presa de la Tupac Amaru

LA COMPAÑERA DE MILAGRO SALA FUE OPERADA HACE DÍAS Y AYER SE CAYÓ EN LA CÁRCEL DE ALTO COMEDERO. SE LE ABRIÓ LA HERIDA Y NO LA ATENDIÓ EL CIRUJANO QUE LA OPERÓ POR LO CUAL SU DEFENSA PRESENTÓ UN HÁBEAS CORPUS. SHAKIRA FUE OPERADA EL 11 DE DICIEMBRE POR SEGUNDA VEZ, DESPUÉS DE LA CIRUGÍA ABDOMINAL QUE SE LE PRACTICÓ EN AGOSTO, CUANDO LE COLOCARON UNA MALLA INTERNA. DESDE ENTONCES SUFRIÓ INTENSOS DOLORES Y ESO MOTIVÓ UNA SEGUNDA OPERACIÓN Y EL PEDIDO DE QUE PASARA EL POST-OPERATORIO CON ARRESTO DOMICILIARIO.

La salud de Mirta Rosa Guerrero, más conocida como "Shakira", se complicó tras el accidente que tuvo hoy en el penal de Alto Comedero. La colaboradora de Milagro Sala en la Tupac Amaru se cayó mientras caminaba por un piso mojado, y la caída le provocó la apertura de la herida de una reciente operación. Fue atendida por una médica clínica, pero no la revisó el cirujano que la operó, por lo cual su defensa interpuso un nuevo hábeas corpus.

Shakira fue operada el 11 de diciembre por segunda vez, después de la cirugía abdominal que se le practicó en agosto, cuando le colocaron una malla interna. Tras esa operación, realizada en el Sanatorio Lavalle de San Salvador de Jujuy fue devuelta a la cárcel tres días más tarde. Desde entonces sufrió intensos dolores y eso motivó una segunda operación y el pedido de que pasara el post-operatorio con arresto domiciliario.

En el ínterin, se desestimaron los pedidos para que fuera internada a fin de que se le practicaran los estudios médicos necesario en el sanatorio. El Servicio Penitenciario denegó los reclamos, al igual que el juez que entiende en sus causas. Mientras tanto "Shakira" fue obligada a hacer ejercicios físicos contraindicados, hostigamiento que la impulsó a intentar quitarse la vida en el baño del penal con una toalla.

El pedido de un postoperatorio domiciliario fue rechazado por el juez Jorge Zurueta, lo cual determinó una apelación ante la Cámara de Apelaciones el 19 de diciembre, que todavía no se expidió a pesar de que debía hacerlo en un plazo de 48 horas.

Facundo Vargas Durán, abogado de "Shakira", estimó que el hábeas corpus es “una medida cautelar a los efectos de garantizar la salud de Mirta, que hemos denunciado que se venía deteriorando”. El letrado manifestó además que Alto Comedero “no es un lugar adecuado para que ella pueda recuperarse de esta segunda operación”.

En relación a la dilación de la Cámara de Apelaciones, Vargas Durán consideró que “al estar vencido el plazo de 48 horas, entramos en una situación de denegación de justicia. Estamos reclamando algo básico y esencial que es que se atienda la salud de mi asistida, la que se ve agravada por las condiciones irregulares de su detencion”

También contó que la segunda operación, producto de la mala atención que tuvo después de la intervención de agosto, le impide a "Shakira" volver a ser madre, “ya que, de quedar embarazada, podría correr riesgo su vida”.

Oscar Aguad desmantela el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa

EL PATÉTICO, IMPRESENTABLE E INOPERANTE MINISTRO DE DEFENSA, QUE SE GANÓ EL APODO "EL MILICO" POR SU CERCANÍA CON EL GENOCIDA LUCIANO BENJAMÍN MENÉNDEZ, DECIDIÓ DESARMAR EL EQUIPO ENCARGADO DE REGISTRAR Y SISTEMATIZAR LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA QUE SE CONVIRTIERON EN PRUEBA DE LAS CAUSAS DE LESA HUMANIDAD. LO HACE EN EL MARCO DE 70 DESPIDOS EN LA CARTERA QUE CONDUCE.

Los telegramas de despidos siguen llegando a las dependencias públicas. El jueves fue el turno del Ministerio de Defensa, que conduce Oscar Aguad, donde las autoridades confirmaron una lista de 70 empleados a quienes no se les renovará el contrato después de diciembre. El recorte de personal sigue lo anunciado por el plan de “dotaciones óptimas” ideado por el Ministerio de Modernización, pero en este caso desarma un área clave para la reparación de los delitos de lesa humanidad. Se trata de la Dirección de Derechos Humanos que con la apertura y sistematización de los archivos militares de la última dictadura permitió el avance de las causas judiciales.

El rumor de posibles despidos ya circulaba en el Ministerio. Antes de ayer se lo confirmó a los trabajadores la subsecretaria de Coordinación Administrativa, María Carolina Chacur, designada en el puesto en agosto de este año. “Nos dijo que había llegado una lista de 200 despidos pero que como ellos eran buenos la redujeron a 70”, sostuvo Julia Anillán, secretaria general de la junta interna de ATE.

Los telegramas no llegaron pero la lista con los nombres ya es oficial. Todos los trabajadores tienen más de cinco años de antigüedad y son de distintas dependencias del Ministerio: algunos de la Dirección de Inmuebles, otros de la Coordinación General, otros de la sede central de Fabricaciones Militares y un grupo grande de la Dirección de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitaria, por lo que el área de Archivos y Pruebas Judiciales quedaría completamente desarticulada.

El área fue creada en 2010 con el objetivo de documentar, clasificar y sistematizar todos los archivos de las fuerzas militares de la última dictadura, que se convirtieron en la prueba del actuar represivo y clandestino del terrorismo de Estado. El primer paso fue relevar la información de entre miles de documentación para responder a los requerimientos de la Justicia por las causas de lesa humanidad. Luego en 2011, el grupo de trabajo debió expandirse por la magnitud de la tarea. Se incorporó personal técnico archivista, investigadores y conservadores para garantizar que toda la información quede registrada.

De los archivos surgieron nuevas denuncias, informes que fueron entregados a las diferentes fiscalías. La sentencia de la megacausa ESMA está basada en estos documentos, por ejemplo. En 2015, los organismos de derechos humanos recibieron un inventario con todo lo registrado hasta el momento para dejar constancia de la existencia de dicha información.

Según trabajadores cercanos al área, que prefirieron no dar su nombre, el equipo ya había comenzado a desarticularse a partir de la gestión de Aguad con el paso de varios trabajadores, especialistas en técnicas de archivo y conservación, a otras áreas administrativas. La tanda de despidos confirmada ayer, deja afuera del equipo a diez trabajadores más, por lo que los archivos quedarán sólo a cargo de tres personas, una por cada fuerza. Una misión imposible de abordar por la magnitud y complejidad de la tarea. 

Los equipos de investigadores y técnicos tenían, además, una función doble. Se encargaban de clasificar, sistematizar y registrar los documentos a la vez que garantizaban que esos papeles siguieran allí. ¿Quién va a garantizar ahora la existencia de lo registrado y lo que falta por sistematizar? ¿Quién controlará que los archivos sigan allí? Frente a estas preocupaciones los organismos de derechos humanos solicitarán una audiencia con el ministro Aguad, apodado "el Milico" y de reconocida cercanía con el genocida Luciano Benjamín Menéndez.

Una de las áreas afectadas es la Dirección de Políticas de Género, que depende de la Dirección Nacional de DDHH y DIH, y que redujo el 25 por ciento del personal del equipo interdisciplinario que trámita y sigue a las denuncias que incluyen, entre otros temas, abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar y acoso sexual laboral en las tres Fuerzas Armadas.

En el marco del lanzamiento del primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 y de la reciente constitución del Instituto Nacional de las Mujeres (ex Consejo Nacional), resulta absolutamente inadmisible que se recorte personal con compromiso de trabajo y experiencia en esta temática tan sensible que ha sido una demanda colectiva condensada bajo el movimiento social "Ni una menos" y que se erige en una de las principales agendas en materia de políticas públicas de Derechos Humanos.

Fuente: nota de Alejandra Hayo para Página/12

La angustia y el llanto por los despidos en Fabricaciones Militares

AL RECORTE DE PERSONAL ANUNCIADO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA, DONDE EL JUEVES CONFIRMARON 70 DESPIDOS, SE AYER SUMÓ EL AJUSTE EN LA PLANTA DE FRAY LUIS BELTRÁN, EN SANTA FE, LOS TRABAJADORES LEYERON EL LISTADO DE LOS 35 NUEVOS DESPEDIDOS.


A los 70 despidos confirmados antes de ayer en el Ministerio de Defensa, de los cuales 27 corresponden a la sede central de Fabricaciones Militares, se sumó el recorte anunciado para la planta de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, donde fueron desvinculados 35 trabajadores más. 

En las redes sociales circula el video del momento en que uno de los empleados lee frente a sus compañeros la lista de los despedidos, donde también figura su nombre. Llanto y angustia.

En ronda, los trabajadores de la planta de Fray Luis Beltrán, esperan escuchar la nómina con los despidos. Así se les comunicó a los 35 trabajadores que sus contratos no serían renovados. El momento fue dramático; de fondo se escucha el llanto de una mujer al ser nombrada entre los despedidos.


"Tuvieron que venir ambulancias porque hubo trabajadores descompensados al enterarse que estaban siendo despedidos", señaló al diario La Capital Raúl Daz, secretario general de ATE Rosario. 

La planta amaneció en la jornada de ayer con un gran operativo de seguridad para impedir que los trabajadores ingresen o tomen las instalaciones.

Los papeles que el Grupo Macri no quiere mostrar: La Justicia pide documentación por el escándalo del Correo Argentino

EL JUEZ ARIEL LIJO REQUIRIÓ LA ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL HOLDING DE LA FAMILIA DE MUGRIZIO MACRI BLANCO VILLEGAS. TOMO LA DECISIÓN LUEGO DE QUE EL FISCAL JUAN PEDRO ZONI ADVIRTIERA QUE LAS RESPUESTAS DADAS HASTA AHORA EN LA CAUSA EN LA QUE ESTA IMPUTADO EL EX HIJASTRO DE FLAVIA PALMIERO "RESULTARON SER INSUFICIENTES".

Los datos que el Grupo Macri aportó en la causa penal por el escándalo del Correo Argentino no convencieron al juez Ariel Lijo, quien ahora requirió al Banco Central la entrega de toda la información contable de las empresas del holding de la familia del Presidente. El magistrado solicitó los libros contables, las actas de asamblea y directorio, balances, inventarios y libros extracontales para tratar de avanzar en la investigación de la causa que tiene a Mugrizio Macri Blanco Villegas como principal imputado.

La decisión del magistrado fue tomada luego de que el fiscal Juan Pedro Zoni considerara que la documentación y las respuestas dadas por Sideco, Socma y Correo Argentino en junio pasado "resultaron ser insuficientes”. Por entonces se habían pedido los libros contables, actas de asamblea, registro de acciones e inventarios, entre otros papeles.

Lo que se trata de establecer es si existieron irregularidades en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado, a través del ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aceptó el año pasado para que la familia Macri salde su deuda millonaria por la concesión del Correo Argentino, con una quita del 98,8 por ciento.

A principios de este año, la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín, había estimado que la quita representaba un multimillonario perjuicio para el erario público. El propio Macri Blanco Villegas fue imputado en el caso por un posible conflicto de intereses. Pero luego de que su participación fuera desestimada, la nueva línea de investigación apunta a esclarecer "un posible vaciamiento a favor de las empresas controlantes en perjuicio de los acreedores".

En la causa también fueron imputados Aguad, y su director general de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Luego se agregaron más directivos del Grupo Macri. Zoni, en tanto, se basó en dictámenes de su colega del fuero comercial Gabriela Boquín, quien en un comienzo denunció que el acuerdo por la deuda de 4000 millones de pesos era “ruinoso” y “abusivo” y luego detectó maniobras de todo tipo vinculadas a ese proceso.

Una de ellas, en sus propias palabras, eran movimientos de dinero (de las cuentas del concurso preventivo) para, por ejemplo, que el Correo Argentino le comprara a Socma acciones de una sociedad radicada en Uruguay llamada Neficor para un negocio automotriz por 2.100.000 dólares. Y si el Correo quebraba las acciones se las quedaba Socma.

La Casa Rosada y la Quinta de Olivos volvieron a ser blanco de nuevas amenazas de bomba

LA CASA ROSADA Y LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DE OLIVOS VOLVIERON A SER BLANCO DE NUEVAS AMENAZAS DE BOMBA A TRAVÉS DE SENDOS LLAMADOS AL SERVICIO 911. 

Si bien las intimidaciones no pasaron a mayores, por protocolo se activó un operativo de rastrillaje en ambos edificios dando lugar a la intervención del juez federal Sergio Torres.

Por lo pronto, el clima en la Rosada fue de absoluta normalidad y tranquilidad. Sobre el final de la tarde un efectivo policial recorrió el interior del edificio junto a un perro para constatar la ausencia de explosivos. Por su parte, otro policía hizo lo propio en las inmediaciones de Balcarce 50.

Lo cierto es que cuando el mini operativo fue activado no quedaba prácticamente nadie ya que la mayoría del personal de la Casa Rosada se había retirado con motivo delinicio del fin de semana y la previa de la Navidad.

A lo largo de este año, varias personas resultaron detenidas por amenazas contra el primer mandatario y su familia, la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, algunas de ellas formuladas a través de redes sociales o el 911.

Al respecto, la dipsómana ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, aseguró entonces que "aquellos que comentan amenazas o intimidaciones no quedarán impunes" y que el régimenmacrifascista "trabajará para que rindan cuentas en la Justicia".

Enfrentado con Roberto Gigante, renunció el subsecretario de Hidráulica de Vidal

RODRIGO SILVOSA LE PRESENTÓ SU RENUNCIA A LA GOBERNADORA FASCISTA BONAERENSE. TAMBIÉN RENUNCIÓ PABLO GAYTÁN.

El subsecretario de Infraestructura Hidráulica del régimen fascista bonaerense presentó ayer la renuncia a su cargo. Aunque argumentó motivos personales, la verdad es que estaba enfrentado con el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante. En su lugar llegará Luis Giménez, quien ocupaba el cargo de subsecretario de Desarrollo de Infraestructura Local. También renunció el subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Gaytán.

Las dos bajas se enmarcan en contextos diferentes. La subsecretaría de Infraestructura Hidráulica se fortaleció tras los últimos cambios en la Ley de Ministerios. Sin embargo, Silvosa decidió dejar el cargo tras un largo enfrentamiento con Gigante por la celeridad de las obras.

El funcionario fue clave en enero del año pasado, cuando La Emilia, una localidad de San Nicolás, quedó bajo el agua. Silvosa estuvo a cargo de la crisis y hasta se enfrentó al entonces intendente Ismael Passaglia, quien no quería derribar un terraplén para que las aguas bajaran.

Silvosa era hasta el jueves la autoridad máxima en la provincia en temas de obras para evitar inundaciones, un eje clave en las políticas trazadas por la gobernadora fascista. Incluso acompañó a Vidal en un viaje a Washington para negociar con autoridades del Banco Mundial (BM) un crédito para obras hidráulicas.

El funcionario era el encargado de bajar a los territorios inundados y explicar la situación a intendentes, vecinos y productores rurales.

Asimismo, el ex funcionario tenía la función de monitorear las obras hidráulicas que lleva adelante la Provincia para mitigar el impacto de las inundaciones en el marco de la ejecución de la IV etapa del Plan Maestro del Salado para la que el Gobierno busca financiamiento.

Aunque la tensa relación con gigante era conocida en La Plata, Silvosa mantuvo una muy buena relación con "Heidi". Desde el régimen provincial aseguran que se despidió con una "afectuosa" carta dirigida a Vidal.

En tanto, Gaytán presentó la renuncia el jueves en otro contexto. La subsecretaría de Servicios Públicos dejó de existir en el nuevo esquema ministerial y Gaytán -también con diferencias con Gigante- prefirió no seguir en un nuevo esquema. Ambos (Silvosa y Gaytán) funcionarios eran parte de la estructura que dejó Edgardo Cenzón tras su renuncia al ministerio a fines de 2016.

Temporal con caída de granizo en Córdoba

HUBO UNA CRECIDA DE HASTA DOS METROS DEL RÍO SAN JOSÉ Y CORTES DE LUZ. RIGE EL ALERTA PARA EL CENTRO DEL PAÍS Y LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

La ciudad de Córdoba sufrió ayer  una fuerte tormenta, que incluyó la caída de granizo y actividad eléctrica. La principal consecuencia fue la inundación en varias zonas de la capital provincial. Los Naranjos, Nuevo Poeta Lugones y General Paz fueron los barrios más afectados, con cortes de luz incluídos.

Con todo, la principal consecuencia del temporal fue la inundación, que superó los dos metros por la crecida en el río San José. La zona del Aeropuerto de Pajas Blancas también se vio afectada.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional alertaron por la probabilidad de chaparrones para este sábado en la ciudad de Buenos Aires. El alerta por tormentas rige para Córdoba, San Luis, la provincia de Buenos Aires, incluyendo la costa atlántica.

En el caso de la costa, se prevé tormenta eléctrica con granizo en Mar del Plata durante la noche del viernes al sábado, con mejoras en las primeras horas del fin de semana, con una baja en la temperatura.

Tras la desestimación de la acusación de traición a la Patria Zannini pidió su excarcelación

LA DEFENSA DEL EX SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA, CARLOS ZANNINI, ARGUMENTÓ QUE, COMO LA CÁMARA NO AVALÓ LA FIGURA DE "TRAICIÓN A LA PATRIA" USADA POR EL JUEZ BONADIO, LA SITUACIÓN DEL EX FUNCIONARIO SE VIO ALIVIADA EN CUANTO A LA CONDENA QUE PODRÍA RECIBIR Y CORRESPONDE QUE ESPERE UN VEREDICTO EN LIBERTAD.

El pedido de Zannini se conoce luego de que la Cámara confirmarse antes de ayer su procesamiento y prisión preventiva por supuesto encubrimiento agravado a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA.

El planteo fue hecho por su abogado defensor Mariano Fragueiro Frías, en la misma investigación en la que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman quedaron procesados con preventiva preventiva confirmada por la sala II de la Cámara Federal. 

La defensa argumentó que Zannini, quien se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza, "no representa peligro procesal alguno, sin que se adviertan razones concretas para presumir que procurará eludir u obstaculizar la acción de la Justicia ni interferir en la investigación".

Fragueiro Frías recordó que el delito de traición a la Patria, excluido por la Cámara al confirmar los procesamientos, prevé hasta 25 años de prisión pero que el encubrimiento agravado tiene un máximo de seis años.

Tambíén sostuvo que Zannini "no ocultó ninguna reunión" vinculada a la firma del Memorándum "ni activó ningún plan para obstaculizar ninguna investigación".

La defensa advirtió además que el ex secretario Legal y Técnico "no activó ningún aparato clandestino de comunicación de mensajes con quienes actuaban como supuestos operadores en el país de autoridades de Irán".

Zannini no tiene otras causas penales, nunca fue indagado por otros delitos y tiene domicilio constituido con su familia, por lo cual no habría riesgo de fuga, se argumentó además en el escrito.

Tras el pedido de la defensa del ex funcionario, el juez Bonadio dará vista al fiscal federal Eduardo Taiano antes de tomar una decisión.

Boudou sumó un nuevo procesamiento y le negaron la excarcelación

EL JUEZ FEDERAL ARIEL LIJO RECHAZÓ EL PEDIDO DE EXCARCELACIÓN Y ARRESTO DOMICILIARIO FORMULADO POR LA DEFENSA DE AMADO BOUDOU POR LO QUE EL EX VICEPRESIDENTE CONTINUARÁ DETENIDO EN EL PENAL DE EZEIZA POR LA CAUSA EN SU CONTRA POR PRESUNTA ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE DINERO. 

Al mismo tiempo, el magistrado procesó con prisión preventiva al ex vicepresidente en la causa por la falsificación de facturas en la rendición de viáticos. También fueron procesados Héctor Eduardo "Cachi" Romano, ex secretario de Boudou; y Guido Forcieri, exjefe de Gabinete del Ministerio de Economía.

Boudou fue detenido el 3 de noviembre pasado de manera preventiva en una causa por enriquecimiento ilícito, y desde entonces se encuentra en el penal de Ezeiza. La decisión de la detención fue adoptada por el juez Lijo, quien sostuvo que, a pesar de estar a derecho, el imputado puede tener contactos que le permitan eludir a la Justicia. 

Ese día, además de Boudou, también fue detenido su socio José María Núñez Carmona, porque el magistrado los acusa a ambos de haber encabezado una asociación ilícita destinada a cometer delitos relacionados con el lavado de dinero.

Lijo acusó a Boudou por el supuesto lavado de activos por 4.238.900 pesos y 995.000 dólares, en tres maniobras, una de ellas a través del blanqueo de capitales de la ley 26.476, en el 2009, al que ingresó Núñez Carmona. 

Además, le imputó la compra con fondos sin justificar de un departamento de su ex pareja Agustina Kampfer por 120.000 dólares, y 80.000 dólares de su patrimonio, cuyo origen tampoco encuentra explicación, según la resolución en la cual ordenó detenerlo.

Detuvieron al primo de Néstor Kirchner por presunto fraude en la obra pública

CARLOS KIRCHNER, PRIMO DEL FALLECIDO EX PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER, SE ENTREGÓ EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE COMODORO PY Y QUEDÓ DETENIDO LUEGO DE QUE LOS FISCALES FEDERALES OFICIALISTAS GERARDO POLLICITA E IGNACIO MAHIQUES PIDIERAN SU INMEDIATA APREHENSIÓN. EL EX SUBSECRETARIO ESTÁ PROCESADO POR DEFRAUDACIÓN EN LA OBRA PÚBLICA Y LOS FISCALES ENTENDIERON QUE EXISTÍA RIESGO DE FUGA.

Por lo pronto, Pollicita y Mahiques indicaron que "se ha corroborado que el acusado logró ocultar parte de su patrimonio y frustrar la posibilidad del rastreo y recupero de activos". En un dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini los fiscales del caso sostuvieron que el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública del kirchnerismo mintió además al dar su domicilio en el juzgado.

El primo del fallecido ex presidente está procesado como supuesto integrante de una asociación ilícita y defraudación, delitos que prevén penas de hasta 16 años de prisión. Se trata de la misma causa en la que está procesada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por direccionar a favor del también procesado y detenido empresario Lázaro Báez el 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz, durante su gobierno.

Para los fiscales oficialistas, las condiciones variaron desde que se dictó la resolución en su contra, porque Carlos Santiago Kirchner "no sólo ocultó bienes de su patrimonio sino que también ocultó su lugar de residencia real con el claro objetivo de que el Tribunal no conociera su verdadero domicilio".

El ex funcionario declaró dos domicilios en Río Gallegos que serían inexistentes; en uno hay un baldío, y en el otro una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Además, los fiscales remarcaron que el procesado cuenta con "numerosos y variados medios para profugarse", como vehículos, embarcaciones, empresas en el exterior. 

Para la Justicia, Kirchner incurrió en una "descapitalización de sus activos monetarios" mientras avanzaba la causa penal en su contra y se ordenaban medidas cautelares.

viernes, 22 de diciembre de 2017

Continuaba al cierre de esta edición el debate en Diputados por el presupuesto 2018 y las leyes fiscales

LA CÁMARA DE DIPUTADOS REALIZA UNA SESIÓN ESPECIAL PARA APROBAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018, PRÓRROGAS DE IMPUESTOS HASTA 2022, EL CONSENSO FISCAL Y DE REFORMA DE RESPONSABILIDAD FISCAL, ACORDADO ENTRE EL GOBIERNO Y LAS PROVINCIAS QUE INCLUYE MODIFICACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES.

Para sancionar estas iniciativas el oficialismo convocó a sesionar tras emitir esta tarde los dictámenes correspondientes en un plenario de la comisión de Presupuesto.

En lo que será la última deliberación del año de este cuerpo legislativo, para la aprobación del proyecto de Presupuesto, el oficialista interbloque de la alianza de derecha Cambiemos cuenta con el respaldo del bloque Argentina Federal -referenciado en los gobernadores del PJ-, del Frente Rejuntador (con disidencias parciales) y de otros bloques minoritarios con anclaje en provincias gobernadas por otros signos políticos (Neuquén, Misiones, Santiago del Estero).

En contra, ya adelantaron que se pronunciarán el Frente para la Victoria-PJ, el peronismo puntano, la Izquierda, Libres del Sur y el Movimiento Evita, entre otros.

La Comisión de Presupuesto -conducida por el macrista Luciano Laspina- realizó sustanciales modificaciones al proyecto de Presupuesto 2018 presentado por el gobierno para adecuar el cálculo de gastos y recursos a la reforma tributaria y el consenso fiscal acordado entre el gobierno y los mandatarios provinciales. 

Previamente, el oficialismo emitió dictamen favorable a los proyectos aprobados en el Senado sobre consenso fiscal y reforma de la ley de Responsabilidad Fiscal y sobre prórrogas de impuestos de ganancias, débitos y créditos bancarios, bienes personales, monotributo y cigarrillos que se votará mañana y se enviará en revisión al Senado. 

El presupuesto 2018 contempla un crecimiento anual de 3,5% del PBI, un aumento de 12% para la inversión y una inflación anual promedio de 15,7%, consistente con las metas del BCRA, de 10% con una variación en más o en menos del orden de 2%. Además, prevé un dólar en $19, un aumento del consumo de 3,3% y un aumento de obras de infraestructura en un 17%.

En este proyecto de presupuesto, el artículo 37 permitirá al Jefe de Gabinete reestructurar partidas hasta un tope del 5% en lugar del 7,5 como se estableció para este año.

El proyecto de Presupuesto 2018 contempla un gasto primario de casi 2,5 billones de pesos, recursos tributarias por más de 2 billones y una reducción del déficit de 4,2 a 3,2%. 

De acuerdo con estas previsiones, los ingresos crecerán 19% con respecto a este año, mientras que el gasto primario subirá 14%, y el gasto de capital lo hará 17,2% por encima del gasto total primario.

El proyecto girado en septiembre prevía que los aportes y contribuciones a la seguridad social iban a crecer 22,3%; el IVA, 20,5%, Ganancias, 20,7%, y el impuesto al cheque, 18,9%, pero esos números se verán disminuidos.

Durante el debate en comisión, el ex ministro de Economía Axel Kicillof reclamó que el régimen macrifascista "rearme de nuevo el presupuesto, ya el texto quedó viejo, obsoleto y desactualizado" y ratificó su rechazo a esta iniciativa porque se "trata de un presupuesto de ajuste".

"Este presupuesto y las leyes que nos quieren hacer votar van a generar más problemas económicos con lo cual no sirven para nada", agregó el diputado kirchnerista.

Desde el oficialismo, defendieron los lineamientos principales del proyecto del Poder Ejecutivo, apoyándose en la exposición que realizó Dujovne ante la comisión."Por primera vez desde 2004 los recursos crecerán más que el gasto primario, por lo que este proyecto de presupuesto es sólido y creíble. Así como sucedió en el 2017 gastaremos el dinero" previsto en la ley sancionada por el Congreso", había dicho el funcionario en septiembre, al presentar el proyecto en el Parlamento.

El proyecto de Presupuesto, que reglamentariamente debe ser presentado en septiembre, recién comenzó a ser debatido la semana pasada con las presencias de los ministros de Interior, Rogelio Frigerio, y de Transporte Guillermo Dietrich.

Desde la alianza de derecha Cambiemos decidieron aguardar hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre, para afrontar este debate con una composición más favorable, la que surgió de las elecciones del pasado 22 de octubre.

Lousteau responsabilizó a la clase política por la violencia: "La grieta es una calamidad"

LA OPOSICIÓN PIDIÓ ADEMÁS QUE SE REPUDIE LA REPRESIÓN QUE SUFRIERON OTROS SIETE DIPUTADOS POR PARTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD.

El diputado Martín Lousteau (Evolución Radical) consideró que el escrache que padeció el miércolespor parte de trabajadores del Banco Provincia es responsabilidad, en parte, de los legisladores. "Somos responsables de no ayudar a sanar a esta sociedad. Somos culpables de la violencia con la que nos tratamos y que le contagiamos a la gente”, indicó.

La Cámara de Diputados votó un repudio unánime a la agresión sufrida por el ex ministro de Economía, en la misma sesión en la que se debatía el Presupuesto 2018. "La solidaridad y el repudio están bien, pero es mucho más interesante reflexionar acerca de si estamos contribuyendo a apaciguar o a incendiar los estados de ánimo de la gente", aseguró.

"Llevamos 34 años de democracia y pensábamos que se podía comer, se podía educar, y eso no pasó. Somos todos responsables de haber destruido el mejor Estado de Latinoamérica”, añadió Lousteau.

El ex ministro de Economía advirtió que la sociedad está "jugando peligrosamente con la grieta" y responsabilizó en particular a "dirigentes políticos, formadores de opinión y sindicalistas".

"Estamos jugando peligrosamente con la grieta porque hay actitudes de los referentes políticos, de los formadores de opinión, y de los sindicalistas que no contribuyen", afirmó en declaraciones a la ultraoficialista radio Mitre.

Por su parte, Máximo Kirchner recordó que su familia atravesó "violentísimos cacerolazos adentro de la Quinta de Olivos" y que le tocó "ver cómo festejaban la muerte de Néstor (Kirchner) el 27 de octubre de 2010, o que en la televisión dudaran si el hombre estaba adentro del cajón o no”. “Nunca tuve la suerte de tanta solidaridad”, indicó. También reflotó un episodio de violencia que vivieron Cristina Kirchner y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, cuando manifestantes intentaron ingresar a la residencia provincial rompiendo ventanas y puertas. "Dentro de ella estaba mi sobrina también, ¿pobre no? Kirchner y Vaca Narvaja, casi como un bocadito para la derecha. Pero nadie llamó", insistió.
Desde el Frente Renovador, Graciela Camaño también se solidarizó con Lousteau e hizo extensivo el repudio a las agresiones sufridas por periodistas. También pidió “distinguir a los violentos: los violentos, son violentos; me duele 

Lousteau evaluó que "estamos jugando al límite porque la tirada de piedras (en la movilización contra la reforma previsional del lunes pasado) terminó con 70 policías lastimados y después lo de la Gendarmería (cuando intervino tras los primeros incidentes) también terminó con periodistas y gente inocente lastimada".

"Tenemos que reflexionar sobre los ánimos con los que debatimos en la Argentina y el rol del Estado en este punto", indicó el diputado nacional, para quien tampoco contribuye a esta situación ver "referentes políticos entrar con piedras a la Legislatura, ya que los que deberíamos dar el ejemplo y apaciguar los ánimos, en verdad damos bandera libre para que ocurra cualquier cosa"

"La grieta es una calamidad", dijo el autor de la Resolución 125 y consideró que el hecho vivido antes de ayer "no es aislado". Sobre la agresión misma, relató que "venía tranquilo, había tomado el subte B y vi la manifestación pero como era del Banco Provincia pensé, no pasa nada. Y así fue al principio, incluso, algunos trabajadores se me acercaron para hacerme consultas ya que yo tuve una gestión en el banco. Pero luego vino un grupo de 20 energúmenos que utilizaron la violencia".

"Repudiamos la agresión que sufrió @GugaLusto y nos hubiera gustado que todos los bloques tuvieran la misma actitud cuando siete diputados fueron agredidos por las fuerzas de seguridad", tuiteó el diputado de Unidad Ciudadana, Daniel Filmus. 

Por su parte, Máximo Kirchner recordó que su familia atravesó "violentísimos cacerolazos adentro de la Quinta de Olivos" y que le tocó "ver cómo festejaban la muerte de Néstor (Kirchner) el 27 de octubre de 2010, o que en la televisión dudaran si el hombre estaba adentro del cajón o no”

“Nunca tuve la suerte de tanta solidaridad”, indicó y también reflotó un episodio de violencia que vivieron Cristina Fernández de Kirchner y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, cuando manifestantes intentaron ingresar a la residencia provincial rompiendo ventanas y puertas. "Dentro de ella estaba mi sobrina también, ¿pobre no? Kirchner y Vaca Narvaja, casi como un bocadito para la derecha. Pero nadie llamó", insistió (ver nota aparte en esta misma edición).

Desde el Frente Rejuntador, Graciela Camaño también se solidarizó con Lousteau e hizo extensivo el repudio a las agresiones sufridas por periodistas. También pidió “distinguir a los violentos: los violentos, son violentos; me duele que algún partido intente encontrarle alguna justificación a esos actos de violencia”.

Máximo Kirchner respaldó a Lousteau pero cuestionó las “puestas en escena”: “Nunca tuve la suerte de tanta solidaridad"

EL DIPUTADO DEL FRENTE PARA LA VICTORIA EXPRESÓ SU RESPALDO AL LEGISLADOR MARTÍN LOUSTEAU TRAS LA AGESIÓN QUE SUFRIÓ ANTES DE AYER DE PARTE DE ALGUNOS TRABAJADORES DEL BANCO PROVINCIA. EN PARALELO, RECORDÓ SITUACIONES DE VIOLENCIA SUFRIDAS POR ÉL Y SU FAMILIA Y REMARCÓ QUE “NADIE ME LLAMÓ”. ASIMISMO, RECORDÓ QUE “ME TOCÓ VER CÓMO FESTEJABAN LA MUERTE DE NÉSTOR EL 27 DE OCTUBRE DE 2010 O QUE EN LA TELEVISIÓN DUDARAN SI EL HOMBRE QUE ESTABA EN EL CAJÓN ERA ÉL O NO”.

“La verdad que yo me solidarizo con vos Martín, la verdad que sí”, expresó Máximo Kirchner, diputado del Frente para la Victoria, al presentar una cuestión de privilegio en el recinto tras el escrache sufrido por Martín Lousteau, del bloque Evolución Radical. Pero en paralelo, remarcó que “a mí me tocó pasar violentísimos cacerolazos en la Quinta de Olivos. Me tocó ver cómo festejaban la muerte de Néstor el 27 de octubre de 2010 o que en la televisión dudaran si el hombre que estaba en el cajón era él o no. Nunca tuve la suerte de tanta solidaridad”.

Recordó, además, la situación vivida en abril por su madre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por su tía, por la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, cuando se encontraban en la residencia de la mandataria provincial en Río Gallegos y “sitiaron prácticamente la casa, ingresaron hasta las puertas y las ventanas, rompieron todo dentro”

“Adentro estaba mi sobrina también, pobre ¿no? Kirchner y Vaca Narvaja, casi como un bocadito para la derecha”, denunció Máximo.

“Tampoco, tampoco nadie, salvo usted señor Presidente, usted sí llamó”, le reconoció a Emilio Monzó. “Nadie me llamó, no sé si tienen el teléfono o no, tampoco vengo a pedir que me llamen. Sí agradezco lo suyo y obviamente lo de un montón de gente y mis compañeros”, dijo.

Por otra parte, pidió tener “mucho cuidado” para que la Cámara no se convierta en una corporación “que cuando tocan a un diputado ahí sí saltamos todos”. “Yo creo que lo peor que podemos hacer -y a veces he cometido ese error–  es cuando personalizamos la discusión. Cuando se personaliza, se despolitiza. Y creo que eso está siendo un gran negocio para el Gobierno, que no puede discutir las ideas y personaliza”, planteó.
“Usted imagínese que mi hermana está en una causa y se le dice que integra una asociación ilícita a partir del 27 de octubre del 2010, el día que murió el padre. Que no estaba en el país aparte”, recordó el legislador por Santa Cruz. Y completó: “Sin embargo damos la cara todos los días y no andamos llorando por todos los lugares. Yo no recorro los programas de TV ni hablo mal de nadie todo el día. Militamos, nos organizamos, podrá gustar más o menos, cometemos 

Por otra parte, pidió tener “mucho cuidado” para que la Cámara no se convierta en una corporación “que cuando tocan a un diputado ahí sí saltamos todos”  y agregó que “Yo creo que lo peor que podemos hacer -y a veces he cometido ese error- es cuando personalizamos la discusión. Cuando se personaliza, se despolitiza. Y creo que eso está siendo un gran negocio para el Gobierno, que no puede discutir las ideas y personaliza”.

“Usted imagínese que mi hermana está en una causa y se le dice que integra una asociación ilícita a partir del 27 de octubre del 2010, el día que murió el padre. Que no estaba en el país aparte”, recordó el legislador por Santa Cruz.

Sin embargo damos la cara todos los días y no andamos llorando por todos los lugares. Yo no recorro los programas de TV ni hablo mal de nadie todo el día. Militamos, nos organizamos, podrá gustar más o menos, cometemos errores , pero creo que a veces tenemos que más allá de las puestas en escena de venir acá entre nosotros, por ahí sería más conveniente tratar de corregir eso”, añadió.

Luego de recordar cuando Mugrizio Macri Blanco Villegas pidió “tirar por la ventana del tren” a Néstor Kirchner o cuando dijo que “Milagro Sala estaba bien que estuviera presa porque había mucha gente que pensaba que tenía que estar presa”

“Sería bueno que ahora escuche que hay mucha gente que dice que la reforma previsional es mala y que la vete. Porque si nos vamos a manejar de esa manera, estamos perdidos”, señaló.

Por último, criticó la represión vivida en las últimas semanas durante las protestas contra el ajuste a los jubilados y sostuvo que “nosotros pasamos desde el 25 de mayo del 2003 intensas y masivas marchas frente a la Plaza de Mayo y la orden siempre fue no reprimir”.

Mario Secco: "Vidal me quiere preso para mandarle un mensaje a los intendentes peronistas"

EL INTENDENTE DE ENSENADA DIJO QUE LA GOBERNADORA FASCISTA BONAERENSE LE ARMÓ LA CAUSA POR LOS INCIDENTES EN LA LEGISLATURA.

Luego de que la Justicia de La Plata le negó un pedido de eximición de prisión, el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, denunció que María Eugenia Vidal lo quiere meter preso para mandarle "un mensaje a los intendentes peronistas".

"No hay dudas que lo mío es una persecución política. La Gobernadora mandó a armarme una causa. Quiere meter preso a un intendente. Ya no se puede creer en la justicia y no hay estado de derecho", manifestó Secco en declaraciones radiales.

"Esto es para mandarle un claro mensaje a los intendentes peronistas. La gobernadora dijo que entré a la Cámara con barrabravas, pero no había ninguno. Hay una persecución contra un intendente que se le para de manos", añadió el intendente de Ensenada. 

La pelea entre Secco y el macrifascismo se recalentó la semana pasada, cuando el alcalde irrumpió en la Cámara de Diputados  bonaerense durante la sesión en la que se trataban proyectos impulsados por el oficialismo, como la reforma del régimen de jubilaciones del Bapro. Secco ingresó al recinto para denunciar la represión afuera de la Legislatura y dejó sobre el estrado de la presidencia los proyectiles de bala de goma usados por la Policía.

Tras eso, el presidente de la Cámara baja, Manuel Mosca, lo denunció por "intimidación pública" y el fiscal penal de La Plata, Marcelo Romero, lo imputó. La actuación de Romero generó suspicacias en el kirchnerismo, ya que en un principio la causa estaba en manos del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. 

El lunes, el juez de Garantías de La Plata Guillermo Atencio rechazó un pedido de eximición de prisión y Secco podría ser detenido acusado de coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de labor legislativa.

"Los diputados me invitaron a denunciar lo que estaba pasando afuera. Estoy más limpio que las paredes que tiene este palacio. La gobernadora no me puede disciplinar. Lo mío es ideológico y no de vende patria", desafió el intendente. "Mostré las bombas y las balas que nos tiraron y por eso el presidente de la cámara me inicia una denuncia", agregó.

"La gobernadora dice que fui a defender las leyes de privilegio; ese día no se votaban las leyes de privilegio. Es una burra", insistió Secco. "Fue el día de los gases lacrimógenos y las balas de goma. Los militantes se pusieron adelante mío cuando empezó la balacera. Debe ser el único país en el que agarran a balazos a un intendente que está sacándose fotos", completó.

Hernán Letcher relató el brutal ataque que sufrió el miércoles a la noche: “Sabían quién era, me lo dijeron”

EL CONCEJAL DE UNIDAD CIUDADANA EN SAN MARTÍN Y DIRECTOR DEL CEPA BRINDÓ UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ACOMPAÑADO DE LEGISLADORES DEL FRENTE PARA LA VICTORIA Y DEL INTENDENTE GABRIEL KATOPODIS. CONTÓ LA AGRESIÓN DE LA QUE FUE VÍCTIMA ANTEANOCHE EN SU CASA, CUANDO FUE GOLPEADO Y APUNTADO CON UN ARMA POR CUATRO PERSONAS QUE SE LLEVARON SOLAMENTE SU COMPUTADORA, SU CELULAR Y SU BILLETERA. “NO PUEDO DESCARTAR NI LA VINCULACIÓN POLÍTICA NI LA CUESTIÓN DE LA INSEGURIDAD”, AFIRMÓ.

En una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos de Diputados, el concejal de San Martín Hernán Letcher relató el brutal ataque que sufrió el miércoles por la noche en su casa, cuando cuatro personas ingresaron, lo golpearon y apuntaron con armas de fuego.

Tras revolver solo su habitación, se llevaron su computadora, su celular y su billetera.

Letcher contó que abrió la puerta cerca de las 22.30 por la visita de una persona que lo había llamado insistentemente en los últimos días para pedirle asesoramiento para abrir un comercio en San Martín. El hombre le pidió que espere en la puerta para avisarle al conductor del remis que iba a ingresar, pero volvió con otro hombre armado. Lo golpearon y encañonaron a él y a su hijo e ingresaron dos personas más.

“Sabemos todos los movimientos, sabemos hasta quién limpia”, le dijeron. También le insistieron para que llamara por teléfono al diputado provincial Lauro Grande, también de Unidad Ciudadana, a quien telefoneó tres veces pero no pudo comunicarse.

Tras pedirle dinero y joyas, finalmente se llevaron solamente su computadora, su celular y su billetera, lo que Letcher calificó como “bastante llamativo” porque incluso podrían haberse llevado la billetera de su hijo o el televisor, pero no tuvieron interés. “Revolvieron solo mi habitación, no lo hicieron en el resto de la casa”, añadió y contó que “sabían quién era, me lo dijeron”.

El concejal y también director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dijo no poder descartar el móvil político pero tampoco que se haya tratado de un hecho de insegurdad. 

“Soy concejal, he denunciado todo lo que tiene que ver con la droga, con la connivencia del poder con el delito. Además dirijo un centro de economía que se dedica a publicar datos de la realidad económica de nuestro país”, explicó.

Letcher estuvo acompañado por el jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y por el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, a quien le agradeció haberse comunicado telefónicamente ayer a la mañana. “Se puso a disposición de manera inmediata”, destacó. El concejal agradeció la solidaridad de vecinos de su municipio, de diputados, intendentes y periodistas porque “uno se siente que no está tan solo en una situación que no se le desea a nadie”; y concluyó señalando que "todo lo que tiene que ver con reclamar, denunciar, etcétera, no es gratuito”.

Más del 15 por ciento de la población porteña es pobre

SEGÚN DATOS OFICIALES BRINDADOS POR EL RÉGIMEN FASCISTA PORTEÑO, LA CANASTA BÁSICA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CUESTA 16.559 PESOS

La dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad de Buenos Aires confirmó que la canasta básica de noviembre registró un aumento interanual del 22,2 por ciento y un 1,5 mensual y se situó en 16.559 pesos para una familia tipo. Esa fue la suma que debieron reunir para no caer bajo la línea de pobreza. 

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) -la cantidad mínima de comida que necesita ese mismo grupo familiar para subsistir y no caer por debajo de la línea de la Indigencia- ascendió a 8129 pesos en noviembre. La CBA mostró así una suba de 2 por ciento en relación a octubre y acumuló un alza de 20,6 por ciento en los últimos 12 meses.

Si bien estas variaciones también son similares a las del Indec, lo cierto es que el costo de la CBA nacional es sensiblemente inferior (6568 pesos).

El INDEC, en tanto, informó que el índice de pobreza alcanzó en el primer semestre del año a 28,6 por ciento de los habitantes de los centros urbanos, entre los cuales 6,2 son indigentes, por debajo de la medición de igual período del 2016 que arrojó valores de 32,2 y 6,3 por ciento, respectivamente. 

La población total en los 31 aglomerados que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos es de 27,4 millones de personas, distribuida en 8.867.256 hogares.

Los porcentajes presentados significan que, durante el primer semestre, se encuentran por debajo de la línea de pobreza 7.838.005 personas distribuidos en 1.807.590 hogares. En ese conjunto, están incluidas 1.704.883 personas indigentes distribuidas 400.146 hogares.

Represión en Jujuy: trasladaron a los 29 trabajadores detenidos al penal del Alto Comedero

FUERON LLEVADOS EN UN CAMIÓN DURANTE LA MADRUGADA DE AYER DESDE SAN PEDRO A SAN SALVADOR, SIN INFORMAR A SUS FAMILIARES. ENTRE ELLAS, HAY CINCO MUJERES. LA JUSTICIA NO ARGUMENTÓ AÚN EL MOTIVO DE LOS ARRESTOS EN MEDIO DE UNA PROTESTA POR DESPIDOS EN EL INGENIO LA ESPERANZA.

Las 29 personas detenidas el miércoles en la localidad jujeña de San Pedro, en medio de la represión a los trabajadores despedidos del ingenio azucarero La Esperanza, fueron trasladadas durante la madrugada de ayer a la capital provincial, San Salvador de Jujuy.

Los detenidos son 29 en total, 24 hombres y 5 mujeres. Los hombres fueron alojados en el penal del Alto Comedero, el mismo en el que estuvo presa arbitrariamente la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala. En tanto, las cinco mujeres fueron llevadas a la Comisaría de la Mujer del barrio Huaicos de San Salvador.

Según informa La Izquierda Diario, los dirigentes del sindicato azucarero, Sergio Juárez y Néstor Bautista continúan detenidos, mientras que el abogado del gremio, Fabián Alerete, fue liberado.

Las autoridades que intervienen en la causa son el juez Jorge Samman y la fiscal Silvia Faral. Hasta el momento, ninguno dio a conocer los motivos de los arrestos, ni tampoco informaron sobre el traslado a los familiares de los detenidos, según informó el abogado del sindicato.

Ayer a la mañana, los familiares de los encarcelados y del resto de los trabajadores del ingenio marcharon hacia el juzgado de Faral para pedir la liberación de los presos.

La represión del miércoles se desató cuando los trabajadores del ingenio La Esperanza cortaban un puente en la localidad de San Pedro en demanda del pago del sueldo de noviembre, el medio aguinaldo, la primera quincena de diciembre y la reincorporación de los casi 400 trabajadores cesanteados tras la venta del ingenio que realizó el régimen fascista provincial de Gerardo Morales al grupo colombiano Omega Energy International.

El secretario General del sindicato de obreros del azúcar de Ledesma, Rafael Vargas, se solidarizó con sus compañeros de La Esperanza y aseguró que la represión de antes de ayer está relacionada a otras políticas “persecutorias” del gobernador Morales. 

"Es una intención de descabezar e intervenir el sindicato. La Justicia se aplica según el criterio del gobernador Morales, intentando disciplinar y mostrar la cabeza de todos los dirigentes para el que se anime lo piense dos veces”, advirtió en declaraciones a la AM 750.

Planteo de inconstitucionalidad de ex combatientes de Malvinas contra el ajuste previsional

EL CENTRO DE EX COMBATIENTES ISLAS MALVINAS LA PLATA (CECIM) SUMÓ UN NUEVO AMPARO Y PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL AL DENUNCIAR QUE "GENERA DAÑOS DE CARÁCTER IRREPARABLE Y PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD PSICOFÍSICA Y LA VIDA DEL COLECTIVO DE EX COMBATIENTES", QUE INVOLUCRA A 17 MIL PENSIONADOS Y AFECTA A UN UNIVERSO DE 43 MIL PERSONAS ENTRE TITULARES Y FAMILIARES.

Los ex combatientes advirtieron que la reforma impulsada por el régimen macrifascista no respeta los principios de progresividad e irrectroactividad, y quitará del bolsillo de los excombatientes 1.989 pesos en marzo. 

"La Ley de reforma previsional daña de manera inexorable los derechos de los sectores más vulnerables del pueblo argentino en general, y los derechos de los excombatientes conscriptos de la guerra de Malvinas en particular", sostiene la presentación colectiva hecha por el presidente del Cecim, Mario Miguel Volpe. 

En el mismo tono que los amparos presentados ayer por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y ex gerente de la ANSeS Miguel Fernández Pastor, la presentación advierte que la norma votada por la alianza de derecha Cambiemos, con el respaldo de los diputados del bloque Argentina Federal, es violatoria de derechos constitucionales e internacionales con rango constitucional, que incluyen además de la Convención y el Pacto de Derechos Económicos, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la de las personas con Discapacidad. 

"Un Estado parte de un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado", advierte el amparo y subraya la responsabilidad del Poder Judicial para poner un freno a la norma impulsada por el Ejecutivo y avalada por el Legislativo: "los tribunales y fiscales también se hallan obligados a emitir resoluciones y desarrollar acciones en función de los compromisos internacionales".

La denuncia resalta que "la nueva ley ha derogado en forma retroactiva la ley de movilidad jubilatoria" votada en 2008 y recuerda que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, manifestó desconocer los resultados que tendría el nuevo cálculo de movilidad jubilatoria durante el debate del proyecto en la comisión plenaria de Diputados. Por ello, los excombatientes detallan en su presentación cómo los afecta el nuevo cálculo, con una pérdida para marzo de 1.989 pesos. 

Según los cálculos expuestos en el amparo, con la nueva fórmula -que se basa 70 por ciento en la inflación y 30 por ciento en el coeficiente de la variación salarial expresada por RIPTE- el aumento en las pensiones será solo del 5,7 por ciento a diferencia del 14,5 por ciento que arrojaba el cálculo anterior, atado a la recaudación y el variación salarial. Sobre esa diferencia, los excombatientes, cuya pensión es tres veces la jubilación mínima, indican que cobrarán 22.899 pesos, en lugar de los 24.888 pesos que recibirían con el cálculo anterior. "Esta nueva fórmula es más perjudicial para los beneficiarios que la establecía la ley modificada", redunda el amparo. 

Por otro parte, el CECIM también denunció que la norma, votada en medio de masivas movilizaciones que exigían evitar el ajuste sobre los sectores más vulnerables de la población, "instituye categorías de jubilados, e inaugura una lógica perversa por la que el Estado pasará a reconocer jubilados de primera y jubilados de segunda", al referirse a las condiciones restrictivas de acceso para el haber equivalente al 82 por ciento móvil sobre el salario mínimo vital y móvil.

El beneficio, que alcanza a una porción mínima de los 7 millones de jubilados, es "para los jubilados que hubieran cumplido los 30 años de servicio con aportes efectivos, circunstancia que deja por fuera de tal beneficio a los a los pensionados, entre ellos los veteranos de Malvinas", resaltan en el amparo. 

La presentación también realiza una descripción de la población protegida por la demanda colectiva: la población de excombatientes asciende a más de 17 mil pensionados, con un promedio de edad de 53 años, quienes son sostén de familia, y entre esposas e hijos alcanzan un universo de 43 mil personas.

El documento también precisa la situación social de los pensiones afectados y, entre otros datos, señala que el 25 por ciento de la población de los excombatientes está afectada por el Síndrome Stress Post Traumático, entre otras afecciones. Agrega que si bien el 89 por ciento cuenta con cobertura médica, en la actualidad no recibe atención el 72 por ciento y específicamente psiquiátrica y psicológica el 91 por ciento. Además, el 60 por ciento de ellos no tiene resuelta en forma estable su situación laboral.

"Estamos denunciando que el Estado no cumple con sus obligaciones y, contrariando las mandas convencionales, ha producido una flagrante retracción en lo que concierne a garantizar el derecho a la seguridad social de los excombatientes conscriptos", resumen respecto de los derechos avasallados por la reforma.