sábado, 28 de febrero de 2015

Cristina se refirió al fallo de Rafecas en una publicación en su página web

Cristina Fernández de Kirchner publicó un escrito en su web personal donde analiza los puntos clave del fallo del juez que desestimó la denuncia del fiscal Nisman contra la mandataria y otros funcionarios.


La Presidenta publicó un escrito en su web personal, en el que analiza los puntos clave del fallo del juez que desestimó la denuncia del fiscal Nisman contra la mandataria y otros funcionarios. Allí destaca la labor del juez y las falencias del fiscal en la denuncia.

Además, para el final afirma que "la pregunta que queda en el aire es qué pasó entre esos días de diciembre y esos primeros días de enero para tamaño vuelco. Rafecas se abstiene de hacer comentarios".

La publicación completa de la Presidenta:

"El Juez Rafecas, en un dictamen extenso y minucioso, resolvió desestimar la denuncia que en su momento presentara el fiscal de la UFI Amia Alberto Nisman. A continuación, los puntos salientes del dictamen.

No hay condiciones mínimas para el inicio de una investigación.

Rafecas lo sostiene claramente y dice que con las pruebas presentadas no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal. El juez sostiene que las pruebas oportunamente presentadas por la Procuración, 'inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de encubrimiento y/o entorpecimiento de la investigación del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto plan criminal denunciado'.

Ninguna de las dos hipótesis de delito se sostienen mínimamente.

El juez dice que ninguna de las dos hipótesis de delito que el fiscal Pollicita plantea en su requerimiento para dar curso a la investigación penal (la de la Comisión de la Verdad tras la firma del Memorando con Irán y la del levantamiento de las alertas rojas de interpol para los iraníes acusados en la Causa Amia) se sostienen mínimamente.

Comisión de la Verdad.

'En torno a los pretendidos efectos y alcances de la creación de la <<Comisión de la Verdad>> (…) se advertirá que todas las proyecciones, conjeturas y suposiciones que se han sostenido en este punto en la denuncia para aseverar que se pretendía <<liberar de responsabilidad penal a los acusados iraníes>> y <<redireccionar la investigación hacia nuevos culpables>> choca de frente con un lineamiento basal de un Derecho Penal democrático, cual es, que la maniobra haya tenido siquiera un comienzo de ejecución, de lo cual ha quedado, francamente y como se expondrá, muy lejos'.

Además, Rafecas afirma que el Memorando ha quedado trunco y no ha entrado en vigor de modo que por obvias razones, no se ha producido ninguno de los efectos jurídicos allí estipulados, básicamente, porque ninguno de los dos estados firmantes del acuerdo han podido dar ejecución a dicho acuerdo.

'La criatura concebida en el marco del Memorándum, esto es, la <<Comisión de la Verdad>>, nunca pudo nacer. Desde aquel entonces transcurrieron ya dos años. Y luego, fue sepultada, seis meses atrás, a partir de haber sido declarada inconstitucional. Con este panorama, ensayar aun así una hipótesis de delito de encubrimiento, realmente, carece de todo asidero. Tanto desde el punto de los hechos, como especialmente, desde el Derecho', afirma Rafecas.

Levantamiento de Alertas rojas

Respecto a este punto, el juez Rafecas no sólo dice que no hay forma de argumentar la hipótesis de la comisión de un delito sino que afirma que 'la evidencia reunida la desmiente de un modo rotundo y lapidario'.

El Magistrado argumenta que en tanto solo el juez de la causa Amia, Rodolfo Canicoba Corral, es quien puede elevar la solicitud de levantamiento de las alertas a Interpol, la firma del Memorando no cambiaba en nada ese escenario. Sin embargo, Rafecas también consigna que de la documentación presentada se desprende que el Gobierno argentino no sólo no actuó en función de conseguir un levantamiento de los pedidos de captura internacional para los ciudadanos iraníes acusados sino que hizo todo lo contrario. 'La posición del gobierno argentino, en torno de la persistencia de la vigencia de las órdenes de captura de los prófugos iraníes, se mantuvo inconmovible desde 2007 hasta la fecha', dice.

Además, luego de sostener que el levantamiento de las alertas rojas es el corazón de la denuncia en función de la cantidad de veces que se repite esto en el escrito de Nisman, el juez dice: 'Cabe resaltar que, con relación a esta grave y directa acusación, formulada –repito no una sino quince veces a lo largo del escrito, no se ha visto acompañado de ninguna prueba o indicio que la respalde. No hay documento alguno, ni testimonio alguno, ni escucha alguna, que sostenga este punto, ciertamente crucial, del escrito del -por desgracia fallecido- Dr. Nisman, en contra del Canciller Timerman y su presunta actitud frente a Interpol'.

Otro párrafo lapidario de Rafecas, es cuando, luego de consignar que el entonces Director de Interpol, Ronald Noble, dice en reiteradas ocasiones que el gobierno argentino había sostenido su posición firme respecto al no levantamiento de las alertas, concluye: 'Justamente el funcionario sobre el cual, varias veces, el Dr. Nisman hizo descansar su teoría, según la cual no fue la Argentina sino Interpol quien sostuvo la vigencia de las notificaciones rojas, desmintió rotundamente aquella acusación prácticamente en forma inmediata, dejando bien en claro, y de un modo ciertamente enfático, que las cosas sucedieron exactamente al revés de lo que sostuvo el Dr. Nisman, es decir, la Argentina siempre fue constante y persistente en todos los contactos, escritos, telefónicos y presenciales, en que Interpol debía mantener a rajatabla y sin cambios el estatus de las órdenes de captura contra los prófugos iraníes'.

Las escuchas

Sobre este punto el juez plantea dos cuestiones: la primera es que las personas sobre las que hay escuchas no integran organismos públicos, lo que vuelve difícil la conexión con las máximas autoridades del Estado, y además, que lo que surge de esas grabaciones es, en el mejor de los casos, la preparación de un delito que no es punible penalmente. Pero el juez va más allá y sostiene que incluso esta 'antesala de la ejecución de un delito (…) siquiera por vía de hipótesis, permiten circunscribirlos o conectarlos con un pretendido plan criminal urdido desde el seno de las más altas autoridades de la República Argentina'.

Además, en la medida en que con anterioridad el juez sostiene que en el mejor de los casos lo que hubo fue la preparación de un delito, que no es materia de persecución penal, y entonces el análisis de las escuchas pierde importancia, aun así, le dedica un largo párrafo en su dictamen al análisis.

Cristina

'Respecto de la Dra. Fernández de Kirchner, la situación es igualmente alarmante, en cuanto a la ausencia de elementos de prueba que respalden la grave imputación que aquí se ha formulado', dice el dictamen, que no ahorra calificativos. Y agrega que 'el salto imaginativo debe ser aún mayor, pues sus tomas de postura sobre este particular han sido a la vez, coherentes con toda su actuación política, desde 1994 en adelante. Es decir, que si la grave acusación del Dr. Nisman fuera cierta, habría que admitir que una figura política, que actualmente reviste la presidencia, que a lo largo de 20 años de trayectoria ha sido consecuente en la búsqueda en proveer verdad y justicia a las víctimas del atentado, conciba dar un giro en sus convicciones de 180 grados, e instruya a sus subordinados, a traicionar a esos valores, a su país, y especialmente a las víctimas que siguen esperando por verdad y justicia'.

Por si faltaran argumentos, el juez concluye: 'En suma, podemos afirmar que, a partir de todas las evidencias reunidas en este expediente a la fecha (…) llego a la conclusión de que no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado'.

En los mismos términos se refiere el juez a la denuncia contra el canciller Héctor Timerman.

Respecto a la imputación hecha contra el diputado Larroque, Rafecas dice: 'No hay más elementos que sindiquen a Larroque. Lo único que hay disponible son comentarios que demuestran su conocimiento con D’Elia y con Khalil, pero debidos a su actividad política y la posición que ocupa dentro del oficialismo. Nada más. Repárese en que Larroque no aparece como interlocutor siquiera una sola vez a lo largo de los años de escuchas que fueron recogidos por la Fiscalía. Cabe preguntarse entonces cómo es que ha sido traído a esta grave imputación. Si la razón es que se buscaba alcanzar un lazo material con la máxima autoridad ejecutiva de la Nación, se trató de un intento estéril, porque la ausencia de todo indicio o prueba que siquiera lo vincule a Larroque con el supuesto <<plan>> es estridente'.

Sobre los otras personas de las que hay escuchas en la denuncia Rafecas procede de la misma manera, en todos los casos, poniendo en entredicho serio el carácter probatorio de las mismas.

La inversión de los roles

En este punto, Rafecas vuelve a criticar el modo en que se argumenta la denuncia al consignar que la forma rompe con los más elementales principios de autoría en materia penal en la medida en que supone que el plan mayor es urdido por los personajes secundarios, es decir, en la denuncia, los que aparecen en las escuchas construyen un plan criminal de alto impacto político nacional e internacional para que sea llevado a cabo por una Presidenta de un Estado y su Canciller.

'Se debe añadir la llamativa inversión de la relevancia de los roles que supone el diseño de todo plan criminal. Los supuestos cómplices secundarios -en la hipótesis denunciada- resultan ser la usina de la concepción y preparación de una supuesta maniobra delictiva, para que la ejecutaran las máximas autoridades del gobierno argentino, rompiendo con la lógica que emana de los más elementales principios de la autoría y participación en materia penal'.

La cumbre de Alepo

El punto refiere a la parte de la denuncia de Nisman en la que se consigna una reunión secreta entre el canciller Timerman y autoridades iraníes en la ciudad de Alepo, donde, en la hipótesis del fallecido fiscal 'se dio inicio al plan de encubrimiento'. La prueba de esta reunión y del contenido de la misma surge de una nota periodística de José Eliaschev que cuenta sobre esta cumbre y su contenido a la que que, en su versión,había accedido en un documento del gobierno iraní al que el periodista había accedido en su versión traducida al inglés. En esa nota, el periodista afirma que Timerman le dijo a su par iraní que 'la Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados, pero que en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán'.

Eliaschev, a partir de esta publicación, fue citado como testigo, pero ya bajo juramento su declaración cambia y se modera. Ahora, las palabras de Timerman cambian y son menos impactantes que las de su artículo. En la nueva versión de la 'cumbre de Alepo' el canciller argentino dice que 'corresponde avanzar en un acuerdo importante con la Argentina porque […] están dadas las condiciones para que los argentinos decidan dar vuelta de página en las relaciones argentino-iraníes'.

Del análisis de la declaración del periodista recientemente fallecido, Rafecas concluye: 'No contamos con ese documento, no sabemos quién lo redactó, ni cuándo, ni dónde. No sabemos de qué manera salió del país de donde presuntamente era originario. Tampoco sabemos quién lo extrajo de su ámbito. Ni adónde lo llevó, ni quién lo tradujo al inglés. No sabemos si se trataba de una copia, o de un original del <<informe>>. No sabemos su contenido exacto, si recogía frases textuales o si era la interpretación o conclusiones de alguien que participó en la reunión. Y todo ello, además, coronado con las notorias y alarmantes deficiencias y vacíos que ostenta la declaración testimonial citada'.

Ante tamaño escenario, el juez concluye, respecto a estas supuestas pruebas: 'En definitiva, por todas estas razones, y descartado por inconsistente, débil y contradictorio el único elemento de cargo presentado por la Fiscalía, el supuesto <<punto de partida>> del <<plan de encubrimiento>> a partir de un ofrecimiento del canciller argentino a su par iraní en enero de 2011 para <<renunciar a la persecución de los autores del atentado a la AMIA>> o para <<borrar de un plumazo>> todo lo hecho en la causa, no cuenta con una sola prueba que lo avale'.

Los documentos de Nisman

Sobre el final de su dictamen, sin embargo, aparece un dato de suma importancia. Rafecas cuenta que con fecha 23 de febrero, se recibió por Secretaría un oficio, remitido por las actuales autoridades a cargo de la UFI AMIA, con documentación anexa. Esa documentación consistía en una serie de escritos que el fiscal Nisman había dejado firmados ante el conocimiento de por lo menos cinco secretarios letrados de la UFI Amia, en los que pretendía solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, por medio de los canales correspondientes, requiera al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que active los mecanismos compulsivos y que conmine a la República Islámica de Irán a que detenga con fines de extradición de los ciudadanos acusados por el atentado. Como el marco dispuesto por el Memorando de Entendimiento contrariaba de alguna manera esta idea de forzar a Irán, Nisman había confeccionado dos documentos, ambos firmados en diciembre de 2014 'El primero de ellos, estaba pensado para el caso en que la República Islámica de Irán ratificara el citado memorando. El segundo, para el supuesto en que ello no ocurriera'.

Lo que Rafecas sostiene, con sorpresa en su dictamen es que en  estos documentos, elaborados para la misma época en que se estaba armando la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios por encubrimiento del atentado a la Amia, Nisman 'no sólo que no hace ningún tipo de alusión a la inminente o consumada presentación de la denuncia en contra de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, sino que, a lo largo de sus páginas, presenta una postura diametralmente opuesta, en el sentido de que realiza consideraciones sumamente positivas de la política de Estado del gobierno nacional, desde 2004 hasta la actualidad'.

Para mayor claridad, estos dos documentos firmados en diciembre por el fiscal dicen todo lo contrario a lo que el mismo fiscal afirma en su denuncia, presentada 15 días después.

La pregunta que queda en el aire es qué pasó entre esos días de diciembre y esos primeros días de enero para tamaño vuelco.

Rafecas se abstiene de hacer comentarios".

Habló Rafecas: “El Gobierno agotó todas las instancias para que la investigación del atentado avance”

El juez federal aseguró que no existe “absolutamente ninguna evidencia que revele que el Gobierno argentino tuviera alguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la Justicia” en el esclarecimiento del ataque a la AMIA, sino que, por el contrario, "agotó todas las instancias para lograr que la investigación avance".


Así lo hizo en una entrevista realizada por la agencia internacional Reuters, que trascendió ayer a la mañana, en la que el magistrado -quien el jueves desestimó la denuncia penal por supuesto encubrimiento contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios- señaló que “no es posible bajo ninguna circunstancia abrir una investigación penal en estas condiciones”.

"No hay absolutamente ninguna evidencia que revele que el gobierno argentino tenía alguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la Justicia argentina si no que era al contrario; el gobierno argentino agotó todas las instancias para lograr que la causa que investiga el atentado a la AMIA avance”, aseveró Rafecas.

En este sentido, consignó que “la evidencia presentada a este juzgado es exactamente opuesta a lo que sostenía (el fiscal Alberto) Nisman” y remarcó que, en consencuencia, resolvió que “no es posible bajo ninguna circunstancia abrir una investigación penal" contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios, según planteaba la denuncia.

"Hace dos semanas que me puse a estudiar el caso. En estas dos semanas, he trabajado con una asombrosa y pasmosa tranquilidad", aseguró Rafecas en la entrevista y agregó que "nadie, ni de un lado ni del otro, se ha acercado para hacer sugerencias o presiones".

Rafecas remitió su fallo y el fiscal tiene plazo hasta el jueves para apelar

El juez federal Daniel Rafecas remitió su resolución desestimando la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner a la fiscalía de Gerardo Pollicita, quien ahora tiene plazo hasta el jueves a la mañana para apelarla ante la Cámara Federal porteña.


Rafecas comunicó el jueves personalmente al payaso "Poliyita" su desición de rechazar la denuncia de Nisman por no encontrar delito ni pruebas que demostraran el presunto encubrimiento a los ciudadanos iraníes acusados de atentar contra la sede de la AMIA, pero recién ayer notificó formalmente al fiscal.

Fuentes de la fiscalía dijeron que el equipo de Pollicita ya inició el análisis de la resolución para resolver si la apelan o no.

El plazo máximo para apelar es hasta las 9.30 del próximo jueves y recién luego de la presentación la Cámara federal porteña sorteará cuál de sus dos salas deberá expedirse.

Pollicita hizo propios los argumentos del fallecido fiscal de la causa Amia y pidió la semana pasada que se investigara a la Presidenta, al canciller Héctor Timerman y a otras personas que no integran el gobierno.

Los imputó por un supuesto “plan criminal” para encubrir a los iraníes acusados por el atentado a la Amia de 1994 y pidió una batería de medidas de prueba.

Al desestimar de plano la denuncia, Rafecas consideró que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenidas primero por Nisman en su denuncia y luego por Pollicita en su requerimiento se sostienen mínimamente.

Destacó así que el presunto delito oculto detrás de la decisión de crear una Comisión de la Verdad para esclarecer el atentado a la Amia “nunca se cometió” y que la baja de notificaciones rojas de Interpol quedó desmentida “de un modo rotundo y lapidario” por el entonces jefe de esa agencia policial internacional.

En su duro cuestionamiento a la denuncia de Nisman, Rafecas consideró que esta "choca de frente contra el basamento del Derecho Penal democrático, cual es que la maniobra hay tenido siquiera un principio de ejecución”.

El juez contrastó ese criterio con las dictaduras donde “el poder punitivo cae con todo su peso no sólo sobre delitos, sino también sobre posibles vías de preparación e incluso ante la mera ideación o propuesta de un camino delictivo”.

A los 81 años, murió Julio César Strassera, el fiscal del juicio contra las Juntas militares

El ex fiscal falleció a los 81 años. "Señores jueces, nunca más", pronunció en 1985, en el alegato final del histórico juicio a las juntas militares.


"Señores jueces, nunca más". Con esta frase, el ex fiscal federal, Julio César Strassera, terminaba su alegato en el histórico juicio a las juntas militares. 

A 30 años de haber pronunciado esas palabras, las que resumirían la parte más oscura y sangrienta de la historia argentina, Strassera falleció ayer a la mañana como consecuencia de una insuficiencia respiratoria, tras haber permanecido internado en la Clínica San Camilo, del barrio de Caballito.

Con 81 años, el ex fiscal había ingresado a la clínica porteña con trastornos intestinales -una severa obstrucción intestinal- y un cuadro de hiperglucemia que lo llevó a un coma.

Strassera cobró reconocimiento internacional cuando, el 9 de diciembre de 1985, logró que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal condenara a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.

Antes se había desempeñado como fiscal durante el gobierno de facto, pero en 1983 el entonces presidente Raúl Alfonsín le dio la tarea de armar la acusación contra los jefes del gobierno de facto. Strassera se valió del informe de la Conadep y, sobre esa base, desarrolló una acusación muy sólida y eficaz.

En 1987, después del juicio, Strassera fue representante argentino ante los organismos de derechos humanos con sede en Ginebra.

Luego, con motivo de los indultos de los militares dispuestos por el turco innombrable, se retiró de la función pública y se dedicó a ejercer su actividad como abogado y a participar activamente de la actividad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), organización de la que forma parte integrando su presidencia.

En 2006 defendió a Aníbal Ibarra en el juicio político por el que fue removido de su cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa del incendio sucedido en la discoteca Cromagnón.

A pesar del apoyo del kirchnerismo a la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2003, a fines de 2008 Strassera acusó al gobierno nacional de no querer acelerar las causas por delitos de lesa humanidad y, a comienzos de este año, coincidió con los dichos del líder del PRO, Mugrizio Macri, en que existe un "curro de los derechos humanos".

El Gobierno nacional expresó su dolor por la muerte de Strassera y Cristina decretó dos días de duelo nacional.

A través de un comunicado, el Gobierno expresó su pesar por el fallecimiento de quien fuera fiscal en el Juicio a la Juntas de 1985.

En el texto, enviado por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Gobierno nacional "expresa su profundo dolor por el fallecimiento del ex fiscal de la Nación Julio César Strassera, y manifiesta sus condolencias a la familia".

El comunicado agrega que "Strassera realizó un aporte trascendente en el proceso de consolidación de la democracia y tuvo una valiente actitud al acusar a los principales responsables de la última dictadura cívico militar".

"El juzgamiento a la Junta Militar, en el año 1985, fue el primer paso de una larga lucha por los valores de Memoria, Verdad y Justicia, que hoy ha convertido a la Argentina en un país líder en el mundo en materia de derechos humanos", concluye el mensaje.

Asimismo, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso ayer a la tarde, mediante el Decreto 295, dos días de duelo por el fallecimiento del ex fiscal.

El Gobierno le pidió a la Justicia que proteja a Stiuso

Puso a disposición del juez federal Luis Rodríguez “todos los recursos” para garantizar la seguridad del ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, quien semanas atrás denunciara amenazas en su contra y solicitara protección para sus hijas en el marco de causas que tramitan ante el juzgado a cargo de ese magistrado.


En una presentación efectuada ayer mediodía, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, señaló que “sin perjuicio de que el nombrado ha rechazado la custodia oportunamente ofrecida, resulta necesario extremar todos los recaudos posibles para brindarle la máxima protección estatal”.

Asimismo, ofreció la posibilidad de incluir al ex funcionario en el Programa de Protección a Testigos e Imputados, que depende de la cartera a su cargo.

La presentación agrega que el Art. 79 del Código Procesal Penal de la Nación establece que “desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto” del  derecho a “la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia”.

Alak indicó que, por lo tanto, “el Poder Judicial de la Nación es el único poder del Estado que tiene la potestad de adoptar las medidas protectivas necesarias para garantizar la integridad física de las personas intervinientes en el proceso”.

Asimismo, recordó “las recientes declaraciones del asesor letrado de Antonio Stiuso,  Santiago Blanco Bermúdez, efectuadas a través de medios masivos de comunicación, en las cuales manifestó que su cliente está siendo víctima de ‘amenazas’ y ‘hechos de violencia’”., al tiempo que, en  virtud de esos antecedentes, ofreció a la Justicia la “más amplia y absoluta disposición de todos los recursos con que cuenta el Poder Ejecutivo Nacional” para proteger al ex agente.

“Por último, se pone a disposición también la posibilidad de incluir al nombrado Antonio Horacio Stiuso dentro del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dependiente de la cartera a mi cargo, en los términos y condiciones previstos por la Ley 25.764”, indicó el ministro en el escrito.

Cerró con éxito la paritaria nacional docente y el lunes empiezan las clases

En el marco de las negociaciones paritarias, los docentes aceptaron un aumento escalonado que en agosto representará una suba del 27,2%.


La reunión paritaria entre el Gobierno y los cinco gremios docentes con representación nacional cerró con éxito ayer tarde, y los docentes aceptaron un aumento escalonado que en agosto representará un aumento del 27,2%.

En un encuentro realizado en el Ministerio de trabajo que contó con la presencia de su titular, Carlos Tomada, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, y el de Economía, Axel Kicillof, los presentes acordaron que ningún docente del país cobre menos de 5.345 pesos desde marzo y de 5.700 en agosto.

Asimismo, el incentivo docente que actualmente asciende a la suma de 255 pesos aumentará un 100 por ciento, a partir del mes de agosto

Por su parte, la Provincia de Buenos Aires también logró acuerdo. La propuesta paritaria fue llevar el salario del maestro de grado sin antigüedad a 7000 pesos en marzo, lo que representar un incremento de casi el 40%.

En tanto, la administración porteña ofreció a los maestros una suba del 34,3% para los docentes que recién se inician, mientras que para los de mayor antigüedad la suba asciende a 35,5%. 

"Esto representa una oferta numéricamente superadora", señaló el titular de UTE, Eduardo López, quien, sin embargo, anticipó que el ofrecimiento "va a ser puesto en consideración ante los docentes"

Este compromiso alcanza a los 17 gremios que con los que se habían iniciado conversaciones salariales. En tanto, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Santiago del Estero y Córdoba también lograron acuerdo.

La Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria para los gremios docentes que habían decidido parar

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria para el sector minoritario de gremios docentes.

Según un comunicado emitido por la cartera laboral, “esta medida se hizo efectiva considerando que si bien no ponen en riesgo el inicio de las clases, están desconociendo el acuerdo aceptado por la mayoría de los gremios”.

Los gremios notificados sobre la medida son la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDocBA), que habían rechazado la oferta salarial y anunciaron un paro a partir del lunes, en el inicio del ciclo escolar. 

En el comunicado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ratifica el inicio de las clases el día lunes, “ya que la mayoría de los gremios han aprobado la oferta salarial ofrecida durante las paritarias que comenzaron en diciembre del año pasado”.

La medida dictada impide a los gremios realizar la huelga anunciada (FEB por 72 horas y UDocBA por tiempo indeterminado). En principio regirá por un plazo de 15 días hábiles, prorrogables por cinco más.

El miércoles pasado, el Frente Gremial Docente (SUTEBA), aprobó con el 93 por ciento de sus afiliados la nueva escala que les propuso el gobierno bonaerense en la última paritaria.

El Gobierno acordó con las automotrices ampliar el acceso mensual de divisas

Tras una reunión con la ministra de Industria, los representantes de las empresas se comprometieron a mantener los planes de inversión y las fuentes de trabajo.


El Gobierno amplió de 100 a 154 millones de dólares mensuales el cupo disponible a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para la industria automotriz a cambio de mantener los planes de inversión, las fuentes de trabajo en el sector y los precios de las unidades hasta fines de junio, luego de reuniones encabezadas ayer por la ministra de Industria, Débora Giorgi.

El acuerdo se extenderá hasta el 30 de junio y permitirá desplegar los planes de inversión de las empresas automotrices, para lo cual, además, se ampliará la disponibilidad de dólares de 45,5 a 77,7 millones por mes. 

Ambas mejoras se acordaron tras una serie de reuniones entre funcionarios del Gobierno y empresarios de las principales terminales automotrices del país, con el objetivo de mejorar en forma sustancial el giro comercial de las empresas de cara a la producción e inversiones previstas para el primer semestre del año.

La medida, anunciada por voceros del Ministerio de Industria a los periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda, regirá a partir del 1º de marzo y se espera tenga un efecto inmediato no sólo a nivel inversiones sino también en función de mantener la estabilidad de los precios de las unidades.

Adicionalmente, los empresarios se comprometieron a evitar eventuales suspensiones en la planta laboral del sector, cumpliendo así con el objetivo central del Gobierno de mantener las fuentes de trabajo con inclusión social.

Las reuniones de ayer a la mañana fueron encabezadas por la ministra Giorgi, quien junto a otros funcionarios de su cartera y del Ministerio de Economía, mantuvieron sendos encuentros con distintos representantes de la industria automotriz en la sede de la cartera de Hacienda.

Por parte del Gobierno, además de Giorgi, participaron el Secretario de Comercio, Augusto Costa; el Secretario de Planificación Estratégica, Horacio Cepeda, y el Subsecretario de Comecio Interior, Ariel Langer, entre otros.

Por el lado de la industria automotriz asistieron el presidente de Renault Argentina, Thierry Koskas; el director de Peugeot-Citroën Argentina, Rodrigo Pérez Graziano; el titular de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, y el presidente de Ford Argentina, Enrique Alemañy. La nómina se completó con la Ceo de General Motors, Isela Constantini; el Gerente de Relaciones Institucionales de Honda, Martín De Gaetani; la Gerente de Relaciones Institucionales de Iveco, Analía Pellegrino; el director de Recursos Humanos de Scania, Lisandro Echeverría; y el Gerente de Relaciones Institucionales de Mercedes Benz, Gustavo Castagnino, entre otros. 

El incendio en Iron Mountain fue intencional según el peritaje realizado por la Policía Federal

El incendio en Iron Mountain en el que murieron nueve bomberos y un rescatista fue intencional, según el peritaje realizado por la Policía Federal, que encontró rastros de "sustancias combustibles" y elementos que "no se correspondían" con el equipamiento del depósito del barrio porteño de Barracas, informó ayer el Ministerio Público Fiscal.


Según precisaron desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, a cargo de Marcela Sánchez, los peritos concluyeron que el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014 "fue intencional" y que "el fuego comenzó entre los depósitos N°7 y N°8, aproximadamente a 7 metros de la línea de edificación de la calle Benito Quinquela Martín".

"Se encontraron rastros de sustancias combustibles y se estableció que el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados al efecto, ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía, que no se correspondían con partes de equipos del lugar", agregaron.

El informe de la Policía Federal ratifica el realizado por especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), mientras que aún resta el trabajo del equipo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El inspector que había pedido la clausura del galpón de Barracas en 2008, Edgardo Castro, explicó que los peritajes muestran lo que él dijo hace un año: "la única forma en que se pudo generalizar así el fuego es si hubo intencionalidad".

"Para quemar media manzana en 10 minutos o menos no hay otra forma que no haya sido intencional", ratificó y mencionó que en el depósito de la calle Azara hubo "cuatro o seis focos" provocados "por un especialista que sabía lo que estaba haciendo".

"Si el foco hubiera sido puntual por un incidente, como un cortocircuito por ejemplo, los bomberos lo hubieran apagado fácilmente", manifestó Castro, quien criticó las demoras en las pericias y responsabilizó a la fiscal Sánchez "de querer proteger al Gobierno de la Ciudad".

"El gobierno porteño tiene una relación de negocios, premios y subsidios con Iron Mountain por lo que hay un tendencia definida de proteger a la empresa", manifestó.

A las 8.15 del 5 de febrero del 2014, cuando las llamas ya habían tomado la totalidad del depósito de documentación, varias dotaciones de bomberos de la Policía Federal y los voluntarios de Vuelta de Rocha y de La Boca acudieron al depósito en Barracas.

Diez bomberos y rescatistas esperaban poder ingresar por una de las entradas, pero se encontraron con que el portón estaba herméticamente cerrado. Mientras esperaban órdenes y evaluaban la situación, una gigantesca pared de más de diez metros de alto se derrumbó sobre la vereda, consumida por las llamas que superaban con creces esa altura.

El impacto de los escombros acabó con la vida del comisario inspector Leonardo Day; de la subinspectora Anahí Garnica; de los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz; de los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli; de José Luis Méndez Araujo del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico.

También de Sebastián Campos y Facundo Ambrosi del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, y del rescatista Pedro Báricolo de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Antes del incendio en Barracas, la empresa Iron Mountain tuvo siete incendios en 17 años en el mundo, uno de los más importantes el que ocurrió el 12 de julio de 2006 en la zona de Bow, este de Londres, que según la crónica de la cadena BBC provocó llamas de hasta 10 metros que “pudieron verse en toda la ciudad”.

La investigación del departamento de bomberos (London Fire Brigade) sobre ese siniestro también concluyó que el fuego pudo ser provocado de forma intencional y encontró serias irregularidades, como la deshabilitación del sistema principal y alternativo de rociadores automáticos.

Argentina ratificó que el desacato dispuesto por Griesa viola la inmunidad soberana del país

El Gobierno argentino lo hizo a través del escrito presentado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, en la que el país argumento su posición contraria a la decisión tomada por el juez Griesa en el marco del litigio con los fondos buitre.


El Gobierno nacional ratificó que la figura de desacato impuesta por el juez neoyorquino Thomas Griesa, resulta violatoria de la inmunidad soberana del país y es contraria a la legislación establecida en los Estados Unidos.

Lo hizo a través del escrito presentado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, en la que el país argumento su posición contraria a la decisión tomada por el juez Griesa en el marco del litigio con los fondos buitre.

Además, los abogados que representan a la Argentina ante los tribunales estadounidenses, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, rechazaron en la presentación, la "moción de desestimación" realizada en el mes de febrero por los fondos buitre.

En el documento presentado por los fondos buitre el 12 de febrero pasado, buscó paralizar el proceso de apelación al sostener que al no haber impuestas sanciones efectivas contra Argentina, la Corte de Apelaciones "carece de jurisdicción" para tratar el caso y que por lo tanto la orden del magistrado de Nueva York no resulta apelable.

"La moción de los demandantes es un claro intento de combinar la competencia de la Corte de escuchar esta apelación, con los méritos de la apelación, y así impedir una presentación y argumentación de esta orden sin precedentes que mantuvo a la República en desacato por el acto soberano, por excelencia, de aprobar una ley en virtud de su proceso democrático", se señala en el documento firmado por el abogado Carmine Boccuzzi. 

El Gobierno argentino manifestó a través de un comunicado que la "insólita contradicción de los fondos buitre corrobora lo que Argentina siempre afirmó: que la absurda orden de desacato dictada por el juez Griesa a pedido de los fondos buitre carece de todo efecto efecto práctico y que sirve únicamente como una herramienta mediática para extorsionar a la República".

La presentación de 62 páginas hecha a última hora del jueves ante la Corte de Apelaciones, ratificó entonces que la orden de desacato emitida por Griesa a fines de septiembre de 2014 y efectiva el 3 de octubre, "fue una negación a la inmunidad soberana de la República" y aclaró que las leyes de los Estados Unidos "no otorgan a los tribunales" locales "el poder" para tomar decisiones en cuanto a "acciones soberanas de países extranjeros en sus propios territorios.  Mucho menos para emitir ordenes de desacato dirigidas a tales actos soberanos", adhirió.

El texto, dijo a su vez que la renuncia de inmunidad "limitada" presente en los bonos emitidos en 1994, "no confería a la corte del distrito, claramente, el poder de ejercer jurisdicción general sobre la validez de los actos soberanos en su propio territorio"

La decisión de Griesa, "más allá de su negación indebida de inmunidad, es procesal y sustancialmente errónea", sostuvo el escrito.

Los representantes de Argentina explicaron que la orden de desacato "es inaplicable" siendo que la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (FSIA, en inglés), "no provee a los tribunales estadounidenses el poder de emitir ordenes de desacato exigibles contra un estado extranjero".

Además, el fallo de Griesa del 23 de febrero de 2012 que obliga a la Argentina a pagar la totalidad de 1300 millones de dólares (más actualizaciones) en caso de cancelar deuda con los bonistas que ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010, pone al país en una "situación imposible" al no poder cumplir "completamente" con esa decisión.

Esto responde a que las cifras de los reclamos que pretenden los fondos buitres, quienes además del fallo favorable otorgado en 2012 por Griesa ingresaron recientemente nuevas mociones para su consideración mientras que a su vez "alientan a otros acreedores para maximizar el número de reclamos contra la República", hacen la "imposibilidad de cumplir con los requerimientos judiciales, aún más evidente", concluyeron los abogados.

Fuerte repudio a Jorge Lanada por mensajes contra las mujeres

El humorista habló en radio Buitre sobre mujeres y selfies. “Las minas ponen trompita, salen más putas”, dijo y acusó a una compañera de “negra trola”. Desde el Consejo Nacional de la Mujer salieron a repudiarlo.


En el programa que el humorista Jorge Lanada tiene en radio Buitre, se habló sobre selfies y mujeres. 

El tema surgió a partir de la autofoto que la presidenta Cristina Kirchner se sacó durante la inauguración del primer edificio inteligente en Berazategui.

"¿Viste la selfie de la presidente?", preguntó Marcelo Longobardi. "Las minas ponen trompita", respondió Lanata. "Obvio", contestó una de las mujeres columnistas, a lo que el capocómico estrella del Grupo Clarín respondió: "q negra trola que sos. Las minas salen más putas en las selfies".

Desde el Consejo Nacional de la Mujer hicieron público un comunicado en el que repudian las expresiones del gordo abominable. 

“Condenamos enérgicamente los violentos y discriminatorios comentarios efectuados por Jorge Lanada” por ser “profundamente denigratorios hacia el género femenino”. Estas “prácticas misóginas constituyen la matriz de la violencia contra las mujeres”.

El Consejo de la Mujer entiende que “exabruptos” como los de Lanada constituyen “un acto de violencia hacia todas las mujeres definido como violencia simbólica y psicológica y violencia mediática en la Ley 26.485 de Protección Integral”.

"Hacer radio implica usar el espacio radioeléctrico, que es público, de todos. Se entiende que los comunicadores tienen una responsabilidad social en su labor. No se puede decir cualquier cosa", agrega el comunicado.

“El papel de comunicador lo obliga además a cumplir con la Ley 26.522, Ley de medios, que señala que los medios de comunicación tienen una especial responsabilidad a la hora de difundir un tratamiento no discriminatorio hacia las mujeres”, concluye el texto.

El Consejo Nacional de las Mujeres es un organismo del estado que trabaja para generar igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres. Su objetivo es hacer una transformación socio-cultural para que la participación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural del país, sea igual a la de los hombres.

Salió la Edición Especial nº 38 de la revista Malicias