Las declaraciones pronunciadas la semana pasada por Luis Barrionuevo sobre posibles "estallidos" en los próximos meses, por las que la justicia federal de Mar del Plata lo citó a declarar mañana, podrían encuadrarse en delitos de incitaciones e instigación a la violencia.
La semana pasada, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, fue entrevistado por Canal 26, ocasión en la que aseguró que "lo que viene para diciembre" en la Argentina es un "estallido" por la inflación, por lo que fue citado por el fiscal federal Pablo Larriera para que se presente mañana a las 11 hs. en la Fiscalía Federal General de Mar del Plata, ubicada en Viamonte 2216.
“Los conflictos se van a acelerar, la plata cada vez va a ser menos y no es que uno meta más miedo, cuanto más pronto el 2015 mejor. El tiempo político, de los políticos, no es el tiempo nuestro”, auguró el líder de los gastronómicos, al tiempo que aseguró que "la Presidenta dijo que si la inflación llegaba al 25% estallaba la Argentina y vamos a estar en 40 por ciento de inflación", por lo que según él, "la que preanunció lo que viene es la propia Presidenta".
Según el Código Penal argentino, estas declaraciones podrían afectar el orden público, por lo que Barrionuevo estaría incursionando en distintos delitos que afectan ese bien jurídico de interés general para la sociedad y la vida en democracia.
El Código Penal, en su artículo 209 considera que todas acción se considerará como una instigación a cometer delitos quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución” y prevé la prisión de dos a seis años, según la gravedad de la acción.
Asimismo, el artículo 211 establece que “será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.
Las declaraciones del dirigentes gremial, también podrían encuadrarse en el delito de incitación a la violencia, y contaría con una una pena de prisión de tres a seis años, según el artículo 212 del mismo código.
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