La fiscalía pidió que siga el debate contra el ex mandatario por omitir declarar bienes y cuentas bancarias en bancos extranjeros, al rechazar los planteos de su defensa, pese a que criticó en duros términos la investigación del caso.
El juicio transitó su segunda audiencia sin la presencia del mufa en los tribunales federales de Retiro y durante dos horas la fiscal Fabiana León criticó con dureza a otros fiscales que participaron de la causa, aludió a "contradicciones e intervenciones impresentables", pero finalmente avaló la continuidad del juicio.
El Tribunal Oral Federal 4 anunciará el viernes próximo a las 10 si decide aceptar los planteos de la defensa del riojano, a cargo de Pedro Baldi, quien pidió el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, o resuelve seguir adelante con el debate, como plantearon la querellante Oficina Anticorrupción y la fiscalía.
El turco innombrable es juzgado por omisión maliciosa, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público.
A lo largo de dos horas, León criticó a todos los fiscales que entendieron en la causa desde que se abrió en el 2002, entre ellos Carlos Stornelli, Federico Delgado, Eduardo Freiler y Javier De Luca.
Entre otros conceptos, aseguró que tras repasar la causa notó que "variaron los tipos penales de forma alarmante" y que hubo resoluciones que la dejaron "en absoluta perplejidad" y que la causa perdió tiempo de trámite "por una guerra santa" desatada entre Stornelli y el juez Norberto Oyarbide, quien procesó y envió al ex presidente juicio.
El ex mandatario "fue procesado por hechos por los que nunca fue indagado", dijo además León pese a lo cual consideró que "no se ha violado la garantía de defensa en juicio pese a una instrucción fiscal de la causa" a la que calificó de "inconsistente".
Sin embargo, pese a todas las críticas concluyó pidiendo al Tribunal que rechace los planteos de la defensa al entender que no se violaron garantías constitucionales del turco y que por el momento no puede afirmarse que la causa esté prescripta, ya que eso deberá determinarse al final del juicio en base a los delitos que finalmente imputen los jueces, argumentó.
El ex presidente y actual senador nacional fue condenado ya a siete años de prisión por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante su gobierno.
En el juicio, que se desarrolla actualmente, está procesado por omitir declarar cuentas bancarias en el país y el extranjero y otros bienes como dos aviones ultralivianos, acciones de empresas telefónicas y dos propiedades.
La declaración jurada cuestionada es de octubre de 2000 y no se consignó una cuenta en Suiza por 600 mil dólares abierta en 1986 y otra que se le adjudica y que estaría a nombre de la sociedad "Red Spark Fundation" en el principado de Liechtenstein por seis millones de dólares, abierta en 1995.
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