Luego del escape de dos condenados por delitos de lesa humanidad, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, relevó de sus funciones a personal del Ejército afectado a distintas dependencias del área de salud y prohibió el alojamiento y la atención ambulatoria de quienes se encuentran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente.
Tras la fuga de los condenados por delitos de lesa humanidad Jorge Olivera y Gustavo De Marchi cuando eran atendidos por derivación judicial en el Hospital Militar Central, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ordenó el pase a retiro y el relevo de funciones del personal del Ejército que desempeñaba tareas de conducción en distintas dependencias del área de salud.
Con el motivo de evitar que en el futuro se pudiesen producir situaciones similares, Rossi firmó una resolución por la cual prohíbe el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente.
Finalmente, el jefe del Estado Mayor del Ejército, en cumplimiento de las directivas del ministro de Defensa, inició las acciones sumariales correspondientes al personal civil y militar posiblemente vinculado a los hechos. Entre ellos se encuentra la psicóloga Marta Noemí Ravasi de Olivera, esposa de uno de los prófugos.
Los militares pasados a retiro son el Director General de Salud, Marcelo Carlos Gutiérrez; el Jefe de Departamento Técnico de la Dirección General de Salud, Carlos Alberto Ramos; el Jefe de Departamento Operativo de la Dirección General de Salud, Eduardo Jacinto Alemanzor; el Director General del Hospital Militar Central, Juan Carlos Adjigogovic; el Director Asistencial del Hospital Militar Central, Francisco José Gambino; el Director Operativo del Hospital Militar Central, Pedro Gerardo Osores; y el Encargado de oficina de Ayuda Humanitaria del Hospital Militar Central, Eduardo Oscar Suárez.
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