El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata sentará en el banquillo a Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti. Están acusados de secuestro y tormentos. El calvario de tres hermanos que cedieron sus bienes bajo la presión y la tortura.
Alejandro y Carlos Iaccarino |
Después de 37 años, los hermanos Iaccarino, empresarios lácteos expropiados por el terrorismo de Estado, podrán ver sentados en el banquillo de los acusados a los dos policías que los torturaron durante su cautiverio en el centro clandestino El Infierno, en Avellaneda, donde fueron obligados a firmar la cesión de las acciones de sus empresas.
Este miércoles, en La Plata, comenzará el juicio a los ex policías Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, por los delitos de secuestro coactivo y tormentos, en perjuicio de los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino (este último ya fallecido).
Los jueces del Tribunal Oral Federal número uno de La Plata, Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, juzgarán a Trevisán y Ferranti quienes se desempeñaban como jefe y subjefe, respectivamente, de la Brigada de Investigaciones de Lanús, y están acusados de participar del secuestro de los hermanos, que tenían fuertes intereses en la industria láctea y resultaron despojados de prácticamente todos sus bienes.
El juicio, que se desarrollará en cinco audiencias, es central para la investigación del complejo caso de estos empresarios ya que fue durante su cautiverio en El Infierno que se produjo el desapoderamiento. Allí, los mantuvieron detenidos-desaparecidos durante 60 días.
El secuestro de Carlos, Rodolfo y Alejandro Iaccarino se produjo el 4 de noviembre de 1976, en Santiago del Estero y Buenos Aires. Los tres hermanos ya habían pasado por varios centros clandestinos de La Plata, que integraban el Circuito Camps, cuando llegaron con 20 kilos menos a El Infierno.
“Nos habían destrozado en la tortura física y psicológicamente, nos habían preparado para que firmáramos sin resistencia, y además estábamos bajo la amenaza de muerte, de que nos tiren al Río de la Plata”, recuerda Alejandro Iaccarino, una de las víctimas.
Está previsto que durante el juicio se presenten a declarar como testigos alrededor de 20 personas y se espera que durante el proceso se dilucide el rol que tuvieron más de 30 personas que participaron de esta eventual asociación ilícita para llevar a cabo el robo de los bienes. Los abogados querellantes son Florencia Arietto, Pablo Llonto y Giuliana Salomone.
Rómulo Ferranti, subjefe de la Brigada, los llevó a reunirse con Bruno Chezzi y Vicente Antonio García Fernández, interesados en las 25 mil hectáreas que poseían en Santiago del Estero y en el avión Aerocommander Strike 500. A cambio, les ofrecían anular una causa que les habían armado en el Juzgado Nº 2 de La Plata. La firma de cesión de bienes se llevó a cabo bajo presión en el mismo centro clandestino. Chezzi y Fernández fueron acompañados por la escribana Lía Cuartás de Camaño, funcionaria del registro número uno de Avellaneda, para dar fe durante el momento en que les hicieron firmar la cesión de las acciones. Los Iaccarino perdieron así sus propiedades y acciones por las cuales les prometieron 28 hectáreas de una cancha de golf de un hotel en Córdoba que nunca les entregaron.
Por su parte, uno de los fiscales aseguró durante el proceso que se espera una sentencia rápida de este juicio que es posible que abra la puerta para sentar jurisprudencia en todos los casos de empresas expropiadas bajo el terrorismo de Estado, metodología que se repite en otros casos como el de Papel Prensa. De hecho, el viernes, el juez federal Julián Ercolini dispuso analizar la evolución histórica de las acciones de la empresa para determinar en qué condiciones se produjo el traspaso accionario, en los albores de la última dictadura desde los herederos del Grupo Graiver a los diarios La Nazión, La Razón y Clarín.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) elaboró y publicó a principios de este año un informe que da cuenta de que hasta el momento son 141 los empresarios y financistas secuestrados y desapoderados, y 11 aún se encuentran desaparecidos. “La tarea de la CNV es valiosísima porque es la primera vez que hay un organismo estatal que dice cómo los grandes empresarios se quedaban con la rapiña y desapoderaban a todos los que éramos empresarios exitosos”, opinó Iaccarino.
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