La Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer un documento de su Comisión de Drogadependencia. Los obispos advirtieron sobre la "creciente tolerancia social" hacia el consumo de drogas. El informe fue presentado por Jorge Lozano, presidente de la comisión de Pastoral Social, y "Pepe" Di Paola, el cura villero amenazado por los narcos.
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El padre "Pepe" Di Paola, hablando durante la presentación del documento
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La Iglesia argentina pidió "no criminalizar a los adictos", advirtió sobre una "creciente tolerancia social" a las drogas y denunció la "ausencia histórica y estructural" del Estado, al tiempo que se opuso a los proyectos legislativos sobre despenalización.
Así lo refleja el documento sobre adicciones presentado ayer por la Comisión de Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina, titulado "No criminalicemos al adicto", en el que los obispos apuntaron que "los problemas vinculados al consumo de drogas son cada vez más preocupantes. No solamente por la evolución del consumo y el tráfico, la demanda y oferta, sino fundamentalmente porque están relacionados con episodios que afectan sensiblemente a la sociedad en su conjunto".
"La creciente tolerancia social, la disminución en la percepción del riesgo y en gran medida la exclusión social, han generado en la sociedad desánimo, desorientación, confusión. Y entonces surgen ideas o se proponen iniciativas que pareciera que apuntan más a los efectos que a las causas de este fenómeno creciente", indica el texto de la Pastoral.
El camino de la criminalización del adicto "se inicia cuando la contención es insuficiente en los espacios comunitarios o en el ámbito de la educación formal y no formal. Cuando son escasas las oportunidades de inclusión social y no se ofrecen propuestas que den un verdadero sentido de la vida a los jóvenes más pobres. Cuando se les dificulta en lo cotidiano el acceso a la salud y a la justicia. Poco ayuda cuando los medios de comunicación nos imponen una mirada estigmatizante de los jóvenes: pobres, adictos, delincuentes y peligrosos".
El padre "Pepe" Di Paola fue uno de los presentes: "Al adicto no se lo trata como delincuente, no es un sobrante y hay que tratarlo como a un hermano. Este tema es responsabilidad del Estado pero también de la sociedad civil. Prevención y recuperación son claves al encarar este tema. Los centros barriales tienen su importancia por la cercanía al lugar en donde vive el chico que necesita ayuda", consideró el sacerdote que actualmente hace trabajo pastoral en la villa La Cárcova, del partido de San Martín.
En todo caso, el comunicado rechaza toda iniciativa sobre despenalización: "Tal como estaba planteada en los debates parlamentarios del año pasado, se detectó desde el análisis como apurada y superficial", dice, y agrega que la Iglesia percibe "una ausencia histórica y estructural del Estado frente a esta situación y no se trata de ningún gobierno en particular; sino de algo que como sociedad no terminamos de asumir".
"Consideramos absolutamente necesario lograr una nueva ley de drogas que sea coherente con el fallo Arriola de la Corte Suprema, y que despenalice la tenencia y cultivo de drogas para consumo personal. Necesitamos terminar con esta situación absurda. Los usuarios tienen que ser tratados desde el ámbito de la salud, no desde lo penal. Pero hay sectores que se oponen", respondió Graciela Touzé, de la ONG Intercambios.
En su texto, la Iglesia propone solucionar el problema "estando cerca, abrazando, acompañando, poniendo el hombro, saliendo a buscar, a consolar, restituyendo derechos".
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