La misión de la entidad mantuvo reuniones con integrantes del Consejo de la Magistratura y con Recondo, juez de la Cámara Civil y Comercial, en las que difundió un paper confidencial con críticas a la Ley de Medios. La estrategia del Grupo.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cerró el viernes su visita de tres días a la Argentina con un documento en el que reiteró su preocupación por el "hostigamiento" del gobierno a la prensa, aunque en esta oportunidad sumó también una advertencia por presiones del Poder Ejecutivo a la justicia.
El documento, que replica minuciosamente los argumentos del Grupo Clarín, se conoció luego de una reunión pública en el Senado, en la que un grupo de periodistas y legisladores de la oposición presentaron un panorama crítico sobre la situación de la libertad de expresión en la Argentina. Llegó además unas horas después de que la Cámara Civil y Comercial ampliara la cautelar que beneficia al Grupo Clarín, y cuando todavía reverberaba el documento de la corporación judicial que advertía sobre presiones a la justicia.
Todo ese entramado no es casual. La misión de la SIP que visitó Buenos Aires, integrada por nueve editores de medios del continente y presidida por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa, Claudio Paolillo, mantuvo antes una serie de reuniones secretas, preparatorias del encuentro del Congreso, en las que participaron representantes de medios, dirigentes de la oposición y los cinco integrantes del Consejo de la Magistratura acusados por el oficialismo de bloquear el proceso de designación de jueces que deberían intervenir en el planteo del Grupo Clarín por la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios.
No hubo ningún contacto con el oficialismo. Al respecto, la SIP informó que el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, había rechazado un pedido de reunión, pero el funcionario exhibió un cruce de correos electrónicos en el que la misma SIP desistía de la reunión con el argumento de que la visita a la Argentina había sido cancelada. La SIP, una entidad integrada por los dueños de los grandes diarios de la región, llegó a Buenos Aires por pedido de Clarín y La Nación para analizar el proceso de adecuación de la Ley de Medios Audiovisuales, que no tiene impacto sobre la prensa escrita.
Nuestros amigos de Tiempo Argentino pudieron reconstruir que los representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura, los radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla; además de los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky; y el camarista Ricardo Recondo participaron el jueves por la mañana de al menos una reunión en el Hotel Intercontinental con representantes de la SIP.
Así lo confirmaron a Tiempo dos de los asistentes y otras tres fuentes que revelaron que en esa reunión se analizó la situación jurídica del planteo del Grupo Clarín y las presuntas presiones del Ejecutivo a la justicia. Los restantes miembros del Consejo de la Magistratura consultados por este diario afirmaron que no fueron invitados al cónclave en el que la Sociedad Interamericana de Prensa repartió un paper secreto en el que se cuestiona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde una perspectiva neoliberal.
Otra versión no confirmada revela que en uno de los encuentros estuvo presente el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y que en ese cónclave se difundió una presentación de 64 páginas en las que se resume la habitual posición del multimedios. Según ese relato, durante la exposición, el CEO del Grupo hizo un repaso de la disputa legal en torno a la Ley de Medios, criticó la distribución de la pauta publicitaria y las políticas de comunicación del gobierno.
La presentación en Power Point es un ajustado resumen de la posición que Clarín expone habitualmente en sus medios, en la que tilda de K a algunos medios y periodistas, hace referencia a presiones a la justicia y repasa una supuesta escalada de hostigamiento a Clarín, pero sin citar casos concretos. En el mismo también hay un análisis de los articulados de la Ley de Medios, alineado al documento confidencial de la SIP.
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| La SIP en el Senado, con periodistas y legisladores opositores |
Uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura que participó del encuentro relató que el jueves hubo dos reuniones en el hotel Intercontinental, en una de las cuales estuvo presente junto a sus otros cuatro colegas, y otras dos el viernes, todas previas al encuentro que fue público en el Congreso.
"Fue una reunión tranquila", reseñó el consejero, quien afirmó que todos los miembros de la Magistratura habían sido invitados. Sin embargo, el senador Marcelo Fuentes reveló que no fue convocado, y otra fuente del Consejo confirmó que el resto de los consejeros que no participaron tampoco recibieron el convite. "No recibimos ninguna invitación de la SIP", comentó Fuentes.
Según confirmó una fuente del Consejo de la Magistratura, "se realizó una reunión de la SIP en el hotel Intercontinental previa al encuentro del Senado. No invitaron a todos los que dicen invitar. Suelen poner todos los nombres de todos en la listas pero no los llaman".
Recondo es integrante de la Cámara Civil y Comercial, denunciada por el Poder Ejecutivo por su actuación en el caso Clarín. El camarista renunció a la vicepresidencia del fuero Civil y Comercial luego de que quedara expuesto en el Consejo de la Magistratura el mecanismo irregular para la designación de jueces subrogantes que impedía la resolución del planteo de constitucionalidad del artículo 161.
Además, Recondo es señalado por el oficialismo como uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura que bloquearon el proceso de designación de jueces naturales de la causa Clarín. Recondo se excusó luego de actuar en la causa cuando se conoció que fue invitado por CERTAL, una ONG financiada por el Grupo Clarín, en un viaje de 15 días a Miami.
El diputado radical Oscar Aguad confirmó que mantuvo el encuentro con los enviados de la SIP en el Intercontinental. Aguad tuvo un papel protagónico en el concurso 258 para cubrir cinco cargos de juez en los tribunales de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal. Uno de ellos debía intervenir en el caso Clarín.
El diputado cordobés –uno de los principales voceros de la denuncia de que el concurso había sido amañado– fue un personaje central en la trama, ya que fue quien evaluó el total de postulantes que cumplían los requisitos para participar de la selección de magistrados. Pero su labor comenzó con un tropiezo. Incluyó dentro de la nómina de posiciones a cuatro concursantes que nunca se presentaron a rendir el examen escrito.
En otro de los encuentros secretos previos a la reunión del viernes en el Congreso estuvo presente la diputada mandato cumplido Silvana Giudici. La ex legisladora radical fue presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y una de las espadas del Grupo Clarín en la Cámara Baja.
Sin embargo, el partido le dio la espalda este año cuando decidió que Marcelo Stubrin fuera el representante del radicalismo en el directorio de la AFSCA. Fuentes de la UCR revelaron que unos días antes de que se conociera la oficialización de la propuesta de Stubrin para la AFSCA, un grupo de dirigentes radicales se reunió con Magnetto para comunicarle que la UCR ocuparía la silla en el directorio prevista para la oposición, pero que no sería Giudici porque su presencia trabaría cualquier tipo de acuerdo.
En aquel encuentro, los radicales le confirmaron al CEO del Grupo que mantendrían la estrategia de trabajar en tándem con Recondo en el Consejo de la Magistratura.
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| Nelson Castro victimizándose ante la SIP en el Senado |
En la reunión con los miembros de la SIP en la que estuvo Giudici también participaron la diputada con mandato cumplido Silvia Vázquez, una ferviente impulsora de la ley que viró a crítica acérrima del gobierno, y el constitucionalista Daniel Sabsay, quien le habría reprochado a la ex diputada por su enjundia en el impulso de la normativa.
La SIP se fue de Buenos Aires envuelta en un nuevo escándalo y sumó ahora a su lobby a integrantes de la justicia, un esquema de presión y beneficios que el Grupo Clarín ya había empezado a esbozar con el encuentro del CERTAL en Miami.
Confidencial: El texto redactado en inglés por el Comité Legal de la Sociedad Interamericana de Prensa no ahorra críticas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por amplio respaldo en el Parlamento argentino. "Es la visión de Clarín, ni una letra más, ni una menos, pero con el sello de la SIP", sostuvo uno de los asistentes a la reunión secreta.
El paper repite los argumentos de Clarín, tiene una lectura errada de algunos artículos y tiende a confundir argumentos, con el objetivo de justificar los principales cuestionamientos del Grupo sobre la ley.
En su argumentación política, el escrito sostiene que la Ley de Medios argentina es consistente con el resto de las iniciativas que se debaten en los países latinoamericanos –tanto en su ideología como en su normativa– y afirma que todas tienen origen en la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión que aprobó en 2004 la República Bolivariana de Venezuela.
El documento cuestiona la declaración de interés público para el espectro radioeléctrico y sostiene que es falaz el argumento que presenta a la Ley de Medios como una evolución en relación a un decreto ley de la dictadura, ya que esa normativa fue objeto de 170 modificaciones efectuadas por gobiernos democráticos.
Así da gusto estár, como Jorge Lanada, "del lado del más débil".
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