La ruta de la evasión Vip

Por Graciela Moreno y Franco Mizrahi, para revista Veintrés

 

El inminente levantamiento del secreto bancario en Uruguay impulsó a Panamá como uno de los destinos favoritos para redireccionar bienes. Algunos buscan evadir impuestos y otros declararse “insolventes” ante un divorcio.

 

Paula (el nombre real se mantiene en reserva) vivía feliz con su esposo, un adinerado empresario, hasta que él decidió terminar con el matrimonio. Lo curioso es que antes de armar sus valijas, con rigurosidad extrema, él se encargó de retirar todos sus papeles. Luego fue por los trajes y las corbatas.

 

Cuando Paula decidió indagar sobre los bienes de su marido, descubrió que el costoso departamento en el que vivían en la avenida Libertador y hasta su propio auto estaban a nombre de una sociedad panameña. Sus acciones en la empresa comandada por su marido ya casi no existían. Su esposo había realizado un aumento de capital y le había licuado las acciones. En pocas palabras, su marido se había declarado “insolvente”. Y encima, si Paula encontraba un e-mail o un mensaje de texto con algún dato que probaba la defraudación, podía llegar a ser acusada del delito de violación de correspondencia.

 

Estas historias y muchas más se escuchan en la lujosa oficina de la abogada Ana Rosenfeld, más conocida como “el terror de los maridos”, porque se convierte en sabueso hasta descubrir el último centavo que alguien pretende esconderle a una clienta suya. La semana pasada, Rosenfeld viajó con una clienta a Miami, en Estados Unidos, y a la ciudad de Panamá para investigar el patrimonio de un marido “insolvente”. Con una orden de la Justicia argentina logró embargar seis diferentes cuentas de esposos de sus clientas en Miami. Se apersonó en los bancos estadounidenses, intentó conocer los movimientos bancarios, y ante la negación recurrió a la Justicia norteamericana que citó a las partes y congeló todas las cuentas. Rosenfeld relató a Veintitrés: “Fue la primera vez que con una orden judicial se logra traspasar la puerta de un país extranjero y pedir que se levante el secreto bancario en un juicio de divorcio. Todo, sin que la plata esté a nombre ni de la mujer ni del hombre, ya que se crearon sociedades ficticias. Los bancos en el extranjero son cómplices de los maridos”.

 

Con parte del terreno ganado, ambas decidieron partir a Panamá. Su clienta quería conocer al presidente de una sociedad que aparecía como dueña de sus bienes. Se llevaron una gran sorpresa al descubrir que algunos de los que figuraban como presidentes servían café en un estudio jurídico, otros eran abogados junior e incluso recepcionistas. Ana Rosenfeld advirtió: “Estas sociedades son latas de sardinas, de lejos brillan y de cerca tienen un tremendo olor a podrido. Parece que Panamá es el destino de moda, es más económico que ir a Europa e incluso el idioma ayuda mucho. Los maridos ya no saben adónde ir para esconder sus bienes. Pero es necesario actuar rápido, en los casos de divorcio la plata tiene alas”.

 

Después de su rigurosa investigación, Rosenfeld puntualizó: “Comprar una sociedad en Panamá puede costar entre 700 y 800 dólares, a los que hay que sumarles 800 dólares más de mantenimiento anual. En el caso de buscar una sociedad más antigua, hay que sumarles 500 dólares por cada año de antigüedad, lo que podría llegar a darle más credibilidad”. En caso de necesitar un investigador privado que se encargue de descubrir cuentas en el exterior, el servicio in situ puede cotizar entre 1.000 y 2.000 dólares. Todo vale la pena a la hora de desenmascarar a un cónyuge.

 

Algunos esconden sus bienes para evadir impuestos y no declararlos ante la AFIP; otros se preparan para volverse “insolventes” antes de pedirle el divorcio a su esposa, aprovechando que en la Argentina no existe la defraudación entre cónyuges. Desde que el gobierno argentino decidió insistir con el pedido de levantamiento del secreto bancario en Uruguay –la medida ya cuenta con media sanción en Senadores–, muchos han decidido redireccionar rápidamente sus bienes. Justamente destinos como Panamá y British Virgin Islands se han convertido en los preferidos a la hora de esconder patrimonios.

 

Varios casos demuestran que el divorcio es el momento clave donde todo se desmorona, pero no siempre son sólo las esposas las que rastrean los bienes de sus maridos, ni ellos utilizan las mismas operatorias para evadir. Santiago Montoya, presidente del Grupo Banco Provincia y ex recaudador bonaerense, se hizo famoso por sus megaoperativos de control, en su gestión entre 2007-2009 en la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). Montoya recordó: “Durante mi gestión descubrimos que había más de 100 mil argentinos con cuentas en el exterior pero en ARBA nos encontramos con que había sólo 8 mil cuentas declaradas. Existía un esquema donde algunos encontraban la forma de no declarar el dinero que ganaban y lo administraban de tal manera que podían eludir los controles impositivos”, aseguró.

 

En su investigación, el jefe de los sabuesos logró reconstruir cómo hacían los evasores para utilizar el dinero no declarado. “El circuito de dinero indicaba que primero cambiaban la plata a moneda extranjera, la consolidaban en una caja de seguridad y cada tanto tiempo se la llevaban afuera (algunos lo hacían a través de transferencias y otros en infladas valijas)”.

 

Los destinos más frecuentes para trasladar los voluminosos montos de dinero eran bancos de Uruguay –aunque se trata de un lugar de tránsito–, Panamá, Islas Caimán y Estados Unidos. “En los bancos de esos países les armaban un paquete –continúa el recaudador–. Por ejemplo: si alguien llevaba 10 millones de dólares, un tercio se lo destinaban en bonos del tesoro, otro tercio en fondos de inversión y otro tercio se lo quedaba el banco y se lo administraba. Le cobraba los cupones de los bonos y los dividendos e iban alimentando la cuenta, que tenía tarjetas de débito y crédito”.

 

Así, el dinero fugado se usaba en la Argentina a través de tarjetas de crédito y débito emitidas por bancos del exterior, por lo cual los datos no aparecían en las declaraciones juradas locales. “Pedimos todas las actividades que había en el país con tarjetas de crédito y débito, exceptuando las que tuvieran los dígitos nacionales (los primeros seis dígitos de las tarjetas de crédito corresponden a la entidad emisora). Nos encontramos con 200 mil tarjetas activas que no estaban declaradas en bienes personales”. Provenían de cuentas bancarias en Panamá, Islas Caimán, España, Hong Kong y Alemania. “Pero el 30 por ciento del total estaba en bancos de Estados Unidos”, dijo.

 

Un artículo periodístico publicado en el diario El País de Montevideo, Uruguay, denunció que “argentinos están colocando sus inmuebles a nombre de sociedades extranjeras –fundamentalmente panameñas– para de esa forma evitar eventuales controles tributarios desde su país”. Esto se replica desde que los gobiernos de Pepe Mujica y Cristina Fernández de Kirchner comenzaron a negociar el acuerdo de intercambio de información tributaria firmado en abril pasado. Otra estrategia explicada por el matutino es que en lo que va del año se duplicó la cantidad de extranjeros que obtuvieron residencia en Uruguay, aunque se mantuvo estable en el caso de los argentinos. En 2011, 395 argentinos consiguieron la residencia, mientras que en 2012, por ahora, van 390. Sin embargo, en años anteriores los argentinos fueron los que más pidieron residencia en Uruguay. En 2007 la obtuvieron 257 argentinos; en 2008, fueron 1.056, en 2009: 1.043; en 2010 bajó a 719. Uruguay busca también retener a los inversores argentinos. Pero es necesario recordar que “para que la residencia en Uruguay exima a un argentino del acuerdo tributario, debería ser antes de la entrada en vigencia del tratado y previamente la persona debe haber liquidado sus impuestos en la Argentina sin generar adeudo, diferencia o mora”, según explicó a El País el abogado Raúl Cervini, desde la otra orilla.

 

El cambio de política en relación con el secreto bancario en Uruguay dispara diversas opiniones. Santiago Montoya opinó: “Es un gran avance pero el dinero se moverá en el acto hacia otro lugar”. Mientras que el economista Raúl Cuello, quien estuvo al frente de la DGI en la década del ’60, es escéptico respecto del devenir de los controles: “En Uruguay siempre preocupó las situación de los argentinos. Pero nunca se pudo revertir. Cuando se llega a detectar algún grado de evasión se choca luego con la falta de pruebas para demostrar que las propiedades son de residentes extranjeros. El obstáculo es la ingeniería de los asesores. No va haber éxito en ninguna fiscalización”.

 

Menos descreído, Montoya recordó: “Teníamos un calvario con las deudas de automóviles de alta gama, como Ferrari o Audi: una vez fuimos a buscar al titular de un Audi TT y terminamos en una casa de chapa donde había una señora con cuatro pibes frente a un brasero. En la Argentina la evasión se hacía tradicionalmente a través de testaferros”, aseguró el funcionario bonaerense.

 

“Lo que siempre hubo fue una tendencia a aparecer disponiendo de un patrimonio mucho menor de lo que realmente se tiene –sumó Montoya–. Eso se hace a través de regimenes simplificados de impuestos, escondiendo el valor fiscal de las propiedades y utilizando terceros para tener bienes a su nombre. Hay un gran stock de bienes a nombre de offshore y testaferros, esto es importante en el rubro inmobiliario. Es una doble vida”.

 

“Una vez hicimos un operativo que comenzó en San Isidro y se llamó ‘Tormenta’ –narró Santiago Montoya–. Íbamos a lugares donde había consumos de gente de altos ingresos, como líneas determinadas de restaurantes y hoteles de lujo. Cuando veíamos los niveles de facturación nadie declaraba nada. Esto se repetía con inmobiliarias, profesionales médicos vinculados a cirugías plásticas y demás que aparecían como monotributistas y vivían en una mansión tremenda”.

 

Se sabe, el sector del agro es uno de los que más evade al fisco. Cuello explicó: “Una parte de la cosecha de soja no se negocia en blanco. Los exportadores de soja, luego de los envíos al exterior, le entregan las divisas al Banco Central y el tipo de cambio que reciben es de 3 pesos por cada dólar. Si se exporta soja y se dice que exporta 500 toneladas en lugar de 1.000, las que quedan afuera las cobra a 6,40 pesos. El principal culpable de la evasión es el sistema”.

 

Uno de los puntos de quiebre en los controles de la evasión fue la agudización de la lucha contra el terrorismo que lanzó Estados Unidos. Montoya aseguró que “el atentado a las Torres Gemelas marcó un antes y un después: a partir del 11S, los Estados comenzaron a investigar las prácticas de los grupos terroristas y empezaron a cerrar el margen de acción de los evasores”.

 

Si bien el cepo ha logrado bajar los niveles de fuga de divisas, el ingenio argentino no descansa. Por fortuna, siempre se podrá contar con las mujeres despechadas.