La Ciudad pidió apartar al magistrado Andrés Gallardo, que presentó una acción penal contra el doblemente procesado alcalde porteño por obstaculizar su tarea. La cifra de cadáveres faltantes se desprende de los registros de seis hospitales públicos de la Capital, que desde 2008 ingresaron cuerpos que no fueron egresados y tampoco están en los depósitos. "Se favorece la impunidad", afirmó el funcionario judicial.
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Juez Andrés Gallardo, trabajando y Mugrizio Macri, rascándose los huevos
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En las morgues de seis hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires la justicia no pudo hallar más de 200 cuerpos, entre adultos y menores, la mayoría de ellos, bebés.
La cifra, cruda, se desprende de los propios registros de esos centros de salud, que ingresaron cadáveres que se supone nadie retiró y sin embargo no se encuentran en las cámaras de frío.
Así lo informó el juez porteño Andrés Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia N° 2, que hasta el martes tuvo a su cargo el expediente. Ocurre que el gobierno de Mugrizio Macri, en lo que fue su primera decisión política luego de las PASO, recusó a Gallardo, apartándolo de una causa de alto riesgo para el PRO y con argumentos de tono político.
El magistrado había sacado a la luz el estado de abandono y el descontrol administrativo de las morgues inspeccionadas. Un cuadro que traducido en figuras delictivas iba desde falsedad de partidas de defunción y supresión de identidad hasta desaparición de cadáveres y estafa procesal.
Frente a la avanzada del macrismo, el juez difundió un duro comunicado, donde además de precisar los hechos que venía investigando, anunció la acción penal que inició contra el alcalde porteño y varios de sus funcionarios, a los que acusó de obstruir su tarea.
La recusación supone el inmediato desplazamiento de Gallardo del expediente, hasta tanto la Cámara de Apelaciones resuelva el pedido del PRO. De hecho, no se pudieron concretar las audiencias dispuestas con cuatro directores de hospitales, citados para dar explicaciones.
"Esta recusación deducida por el gobierno, a través de la Procuración General y con eventual directiva política del jefe de gobierno, no sólo obstruye en forma deliberada la actuación de la justicia, sino que favorece indirectamente el encubrimiento y la impunidad", afirmó Gallardo, que con estos argumentos denunció ante la justicia nacional en lo Criminal a Macri; a la ministra de Salud, Graciela Reybaud; al procurador Marcelo Conte Grand y a los directores de los Hospitales Durand, Ramos Mejía, Rivadavia, Muñiz, Piñeiro y Santojanni, así como a funcionarios de menor rango. Además, se notificó a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuración General de la Nación.
Para el magistrado, es "sorprendente e institucionalmente grave" que la Ciudad, "frente al cúmulo de irregularidades detectadas, en vez de ponerse a disposición de la justicia para esclarecer los casos, opte por recusar al juez actuante, obstruyendo la misión judicial".
La larga lista de irregularidades comenzó a cruzar las paredes de las morgues el pasado 2 de agosto, con una serie de operativos que se prolongaron hasta el lunes siguiente. En ese lapso, se allanaron los 22 hospitales porteños que cuentan con depósitos de cuerpos, además de la Procuración General porteña y la Dirección de Cementerios.
Hasta el momento de ser apartado del expediente, el Juzgado Nº 2 había podido procesar la información –documentos y las pericias hechas por la División Científica de la Policía Federal– de los seis centros de salud antes mencionados, con resultados impactantes. En su comunicado, Gallardo detalló que, “en los mismos, desde el año 2008 a la fecha supuestos cadáveres ingresados no acreditan su egreso”. Se refirió a 30 adultos y 11 bebés en el hospital Ramos Mejía; 20 adultos y 73 bebés en Rivadavia; 3 adultos y 1 bebé en el Durand; 1 adulto en el Muñiz; 16 adultos y 24 bebés en el Piñeiro; y 7 adultos y 30 bebés en el Santojanni. En total son 216 casos: 77 adultos y 139 menores.
Las hipótesis para explicar este diagnóstico arrancan en errores de registro, alarmantes de por sí, hasta situaciones muchísimo más delicadas. “La intempestiva decisión recusatoria impide poder evaluar la situación del resto de los nosocomios en análisis”, señaló el funcionario judicial, en referencia a los otros 16 centros de salud allanados.
El magistrado también recordó que “numerosos cuerpos obran en las morgues sin identificación alguna” y que en un depósito “dos bebes tienen el mismo nombre” (un caso del Ramos Mejía). Por eso, al posible caso de supresión de identidad y “destinación ilegal de cadáveres”, incorporó “la alta probabilidad de que personas buscadas se encuentren muertas y almacenadas en depósitos sin que nadie haga nada al respecto”. En ese sentido, lamentó que el PRO, “lejos de iniciar sumarios administrativos y separar preventivamente a los funcionarios involucrados, arremete contra el Poder Judicial y sostiene la impunidad”.
Todo lo actuado se desencadenó por el pedido del propio macrismo –a través de la Procuración– para autorizar la inhumación de 17 cadáveres, incluidos 8 "NN", que permanecían en morgues ya agotados los plazos para proceder al entierro. Las solicitudes, que despertaron sospechas en Gallardo, ingresaron a su juzgado durante la licencia que tomó para ejercer como defensor General Adjunto de la Ciudad.
En esos 11 expedientes las anomalías eran tantas que incluso cuatro de los cadáveres mencionados no estaban en las morgues. “Que la máxima autoridad legal del estado local, promueva en el Poder Judicial acciones propiciando la sepultura de personas inexistentes o convalidando certificados de defunción confeccionados dos o tres años con posterioridad a los eventuales fallecimientos, es de una gravedad escandalosa”, concluyó el juez.
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