La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires presentó ayer los cuadernillos en la Cámara de Diputados bonaerense. Los textos toman cinco casos emblemáticos: Dálmine Siderca, Loma Negra, Mercedes Benz, Ford y Astilleros Astarsa. El objetivo es incentivar el debate para deconstruir el vínculo entre poder económico y jerarquía militar.
La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia presentó ayer a la tarde en la Cámara de Diputados el cuadernillo "Participación empresarial en la última dictadura militar argentina", un material didáctico destinado a estudiantes secundarios y universitarios.
A través del análisis del asesinato de un abogado de los trabajadores de Loma Negra, del secuestro de 60 obreros del astillero Astarsa, y la relación de la siderúrgica Dálmine Siderca y de las automotrices Ford y Mercedes Benz con el terrorismo de Estado, el material busca incentivar el debate y la reflexión para "deconstruir los vínculos entre el poder económico y la jerarquía militar".
El trabajo es el primero de una serie de cuadernillos que exploran las complicidades civiles con el terrorismo de Estado, en los que además de poder económico, prometen avanzar sobre otros como "el poder judicial, la iglesia, los medios de comunicación que (también) fueron actores fundamentales en la implementación del Estado Terrorista", señalan en el trabajo.
El coordinador del proyecto, Matías Moreno –que además es el ex director de Políticas Reparatorias de esa Secretaría y sociólogo–, explicó que "se trata de un material pedagógico en el que tomamos los casos de cinco empresas: Loma Negra, Mercedes Benz, Astarsa, Dálmine Siderca y Ford, para realizar este material para difusión, reflexión y debate, pensado para escuelas secundarias y estudiantes universitarios".
La presentación en público fue realizada a las 17 de ayer en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados, por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto, acompañado por el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, Aníbal Viguera, la doctora en Historia, Victoria Basualdo, y el militante de la JTP, Gonzalo Chávez.
"Si nos adentramos en un análisis de los objetivos y metas que se propuso la dictadura cívico-militar en nuestro país, podríamos inferir que, al menos, dos fueron los principales. Por un lado, cerrar un ciclo histórico, sustituyendo la matriz nacional y popular hegemónica, política, cultural y económicamente (…) por una de corte 'liberal'. Y por el otro, disciplinar la fuerza de trabajo", señala, ya desde el prólogo, el cuadernillo.
El trabajo completo se divide en dos partes. Una analiza el cambio de matriz económica y política realizado por la dictadura junto a los sectores empresarios concentrados. La otra parte se sumerge en los casos de cinco empresas en los que la dictadura aplicó el terror de Estado sobre sus trabajadores.
Para seleccionarlas, los investigadores siguieron dos criterios básicos: que sean casos de la provincia de Buenos Aires "que representen el entramado industrial" y que posean "algún grado de avance en la justicia", indicaron.
Así, en la segunda parte del libro recupera el caso de la cementera Loma Negra, y el rol de Amalia Lacroze de Fortabat durante la dictadura y recuerda la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata, que en marzo de 2012 condenó a dos civiles y tres militares por el secuestro, torturas y homicidio del abogado laboralista de Olavarría, Carlos Moreno, durante la dictadura, y que además ordenó "la apertura de una investigación sorbe la responsabilidad del directorio de la empresa como instigador del asesinato", indican.
Luego analiza el caso de la automotriz Mercedes Benz, radicada en La Matanza, y recuerda que entre abril de 1976 y agosto de 1977 "desaparecieron 14 miembros de la Comisión Interna de los que sólo tres aparecieron con vida". También estudia los casos del astillero de Tigre, Astarsa, donde el mismo día del golpe fuerzas militares detuvieron a 60 obreros; de la siderúrgica Dálmine Siderca, radicada en Zárate, Campana y Escobar; y de la Ford Motors, ubicada en Tigre, donde entre marzo y mayo de 1976 fueron secuestrados 25 delegados de la comisión interna, y la empresa está acusada de "proveer apoyo logístico, demandar detenciones y de la instalación de un centro clandestino de detención en el campo de deportes de la planta de Pacheco".
El análisis de las cinco empresas permitió, señala el trabajo, "ver líneas de acción en común que otorgan sistematicidad al vínculo entre el poder económico y el poder militar: la toma del espacio fabril el mismo día del golpe; la concentración de las fuerzas represivas en obreros y delegados gremiales que cuestionaban el modo de organización productiva", entre otros aspectos vinculados a la aplicación del terror como disciplinador social.
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