El juez Julián Ercolini recibirá en los próximos días los originales de los reportes de la dictadura sobre la apropiación de la empresa por parte de Clarín, La Nazión y La Razón. El plan armado por Martínez de Hoz y el seguimiento y la detención de la familia Graiver.
En 1976, mientras se aplicaba con sangrienta efectividad el plan sistemático de eliminación de personas, necesario y excluyente para tener a la sociedad inmersa en un terror petrificante, la junta de comandantes se concentraba en la puesta en marcha del plan neoliberal de exacción, endeudamiento extremo y debilitamiento (eliminación) de la industria local que transformaría la Argentina. En este contexto, los medios de comunicación tenían un rol fundamental, y por eso, comprar el silencio con la consecuente complicidad de los principales diarios del país se tornó sustancial. Papel Prensa, productor del insumo esencial, fue la herramienta para lograr la complicidad de Clarín, La Nazión y La Razón con la dictadura cívico-militar. Todo esto figura en los documentos que recuperó el Ministerio de Defensa y que solicitó, y pronto recibirá, Julián Ercolini, el juez que entiende en la causa por la venta fraudulenta de la papelera.
Fue tanta la necesidad de los comandantes de contar con el concurso real de los medios gráficos, que entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1 de diciembre de 1977 trató, en por lo menos 15 reuniones de la Junta Militar, las transferencias de acciones y la puesta en marcha de Papel Prensa. La otra preocupación fue evitar, por todos los medios posibles, que los familiares de David Graiver se hicieran del dinero de la venta de las acciones. La entrega a tres importantes medios gráficos porteños de la papelera no sólo representaba la formación de un monopolio, acorde con la ideología neoliberal de los uniformados, sino fundamentalmente convertirlos en sus cómplices. Las actas de la Junta Militar que pronto estarán en manos de Ercolini no trasuntan arrepentimiento ni preocupación por parte de estos medios y coinciden exactamente con los testimonios brindados por Lidia Papaleo, la viuda de Graiver.
El 15 de septiembre de 1976, Jorge Videla, Eduardo Massera y Ramón Agosti debaten por primera vez el tema Papel Prensa. Es el Acta Nº 5 y en ella comisionan al entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, el tratamiento del caso. Un día después, Lidia Papaleo regresa al país. En octubre de ese año Papaleo se reúne con Pedro Martínez Segovia, presidente de Papel Prensa, quien, en representación de Martínez de Hoz, le advierte que debía vender las acciones pero que los compradores no podían ser judíos. El ministro cumplía a pie juntillas las órdenes de los comandantes genocidas.
A finales de diciembre de 1976 la junta evalúa lo ocurrido en los meses previos, donde la familia Graiver vende las acciones clase C y E a los tres diarios. Para aquellos años, eso representa la nada despreciable suma de 996 millones de dólares. Luego Clarín, La Nazión y La Razón se las distribuirán en partes iguales. Los comandantes pretendían sumar más cómplices a la maniobra y le recomiendan a esta tríada que venda el 49% a medios del interior, pero los empresarios se niegan. Estos sostienen que así se debilitará el manejo de la empresa. Los comandantes aceptan esta postura y dejan constancia en el Acta 14 del mes de diciembre. El juez Ercolini contaba con una copia de este documento, pero la próxima semana, cuando el departamento Jurídico del ministerio que conduce Agustín Rossi envíe estos documentos al juzgado, el magistrado contará con el original.
El 14 marzo de 1977 grupos de tareas secuestran a Lidia Papaleo, y días después a los padres y el hermano de David Graiver. Según relató la viuda del banquero, mientras permanecía detenida, desaparecida y torturada, fue trasladada hasta el edificio de La Nazión, donde mantuvo una reunión con los interesados en las acciones. Allí estaba Héctor Magneto. En las actas de la Junta Militar de abril de ese año, el caso Papel Prensa y el apellido Graiver aparecen en cuatro oportunidades. El 14 de abril, cuando se confeccionó el acta 20, "se resuelve revisar lo actuado, evitando que la suma correspondiente a las acciones ingrese al Grupo Graiver o su sucesión y procurando no demorar la ejecución del proyecto". El 19 de abril ocurren dos hechos importantes. La dictadura blanquea la detención de los Graiver y ese mismo día los comandantes hacen referencia de la situación de los detenidos. Es el Acta 21.
La dictadura estaba apurada. No quería que nada detenga la construcción de la planta papelera. El 3 de mayo de 1977, según consta en el Acta 23, la Junta Militar dispone "una intervención preventiva" en Papel Prensa. Cada fuerza armada designa un oficial superior que no sólo velará por el desarrollo de lo que llaman "el proyecto" sino que además cumplirá funciones en el Consejo de Guerra "que juzgará el Caso GRAIVER" (sic). Ese mismo día resuelven, en un anexo secreto, que la designación de Videla como presidente era de carácter "excepcional" y "transitoria", porque según las actas del proceso el presidente debía ser un oficial superior retirado. Aquel mes de mayo son dos las oportunidades en que los comandantes hablan sobre el caso, y una sola vez en junio. El 7 de julio, en el Acta 29, resuelven que el directorio de Papel Prensa esté integrado por oficiales superiores de las tres armas. Dos serán directores por el Estado y el tercero será el síndico. Este último cargo le correspondió a la Fuerza Aérea y entre los documentos descubiertos la semana pasada, figura la designación del comodoro Oscar Horacio Bagnat que lleva la firma del brigadier Basilio Lami Dozo.
En el marco de ahogar y destruir el emporio Graiver, el 21 de julio de 1977 la Junta Militar aprueba un proyecto de resolución datado el 18 de junio del año anterior. En esa resolución y con su alambicada dialéctica militar, inhabilitan a 31 empresas de los Graiver por considerar que "son responsables de ocasionar perjuicios a los superiores intereses de la Nación". No se conformaban con las transferencias de las acciones de Papel Prensa sino que el objetivo era destruir cualquier vestigio de las empresas de la familia Graiver. En agosto de ese año, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y Ricardo Peralta Ramos rubrican el convenio por las acciones adquiridas de manera vil a los Graiver.
La última acta donde figura Papel Prensa es la 40 y data del 1 de diciembre de 1977. Allí los comandantes buscan acomodar el desaguisado que representan las titularidades de las acciones y por ello acceden a que se prorrogue "la puesta en funcionamiento del proyecto". Ordenan que sea sólo por ocho meses.
En septiembre del año siguiente se inaugura la planta de Papel Prensa. Todos brindan con Videla pensando que las huellas del crimen habían sido destruidas. Se equivocaban.
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