El año pasado la Procuradora ordenó una auditoría de la fiscalía de Orán y en septiembre informó los resultados. La propuesta fue iniciar un trabajo en conjunto con el Ejecutivo, el Gobierno Salteño y la Justicia.
La procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó ordenó el año pasado una auditoría en la fiscalía de Orán y en septiembre informó los resultados a los ministerios de Seguridad y Justicia, a la SEDRONAR, al gobierno de Salta y al Consejo de la Magistratura. El objetivo de trabajo fue intervenir en conjunto frente a la situación de colapso por la elevada cantidad de casos de narcotráfico.
Se supo así que Gils Carbó informó sobre la situación de colapso del sistema judicial de San Ramón de la Nueva Orán, luego de una auditoría del año pasado sobre la labor de la fiscalía federal de esa ciudad, cuyo mayor volumen de trabajo está ligado a casos de narcocriminalidad.
La auditoría había sido ordenada por la jefa de los fiscales en septiembre de 2012, un mes después de que asumiera como titular del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y reflejó grandes dilaciones en la tramitación de las causas en el Juzgado Federal de Orán, la falta de recursos humanos y materiales de las fuerzas de seguridad que intervienen en la zona, la necesidad de dotar con mayores recursos humanos a la fiscalía, entre otros puntos.
El informe, realizado por tres auditores de la Unidad de Apoyo y Control de Actuación Funcional de la Procuración fue aprobado por Gils Carbó mediante la Resolución MP 1844/13 del 13 de septiembre pasado y remitido a los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), al Gobierno de Salta y al Consejo de la Magistratura.
En la oportunidad Gils Carbó destacó que el informe "podría resultar de interés para el diseño de políticas públicas a cargo de dichos organismos y, para la coordinación del sistema de justicia de Orán. La propuesta era un trabajo en equipo para prevenir la drogadicción, narcotráfico, contrabando y el control fronterizo".
Además Gils Carbó ordenó en septiembre pasado a la Secretaría General de Administración de la Procuración General que "se tomen los recaudos necesarios para otorgar" a la fiscalía de Orán "una partida especial, dirigida a solventar los gastos que demanden los traslados de los testigos que deban comparecer ante la sede y que no cuenten con medios para ello".
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