sábado, 19 de marzo de 2016

Por la denuncia de AFIP, la Justicia ordenó allanar empresas del Grupo Indalo

LA TITULAR DEL JUZGADO Nº 11 EN LO PENAL ECONÓMICO, MARÍA VERÓNICA STRACCIA, DISPUSO VARIOS ALLANAMIENTOS, EFECTUADOS POR EFECTIVOS DE LA PREFECTURA, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES INICIADAS POR LA AFIP CONTRA ESE CONGLOMERADO EMPRESARIO POR INSOLVENCIA FRAUDULENTA.

La titular del Juzgado Nº 11 en lo Penal Económico, María Verónica Straccia, dispuso varios allanamientos en firmas del Grupo Indalo, que son concretadas por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en el marco de las acciones iniciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra ese conglomerado empresario por insolvencia fraudulenta.

Los allanamientos fueron confirmados por la empresa en horas de la tarde de ayer, a través de un comunicado en el que señaló que "el Grupo Indalo colaboró facilitando toda la documentación solicitada en tiempo y forma. Asimismo a través de sus abogados dentro de las 72 horas se presentará voluntariamente la documentación adicional que no fue ubicada durante las diligencias".

Recordaron además, "que el martes 15 de marzo de forma espontánea se presentaron ante el Juzgado el señor Cristóbal López y el señor Fabián De Sousa para ponerse a disposición de la Justicia".

Los allanamientos se concretaron ayer a la tarde en las oficinas del canal de noticias C5N, en la sede de la petrolera Oil, la empresa Inversa, la consultora Deloitte, dos agencias de la AFIP (11 y 51) y en otros dos locales de la empresa petrolera en Comodoro Rivadavia, informaron fuentes del ente recaudador.

El lunes pasado, la dependencia conducida por Alberto Abad presentó una denuncia penal contra los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.

La cuestión cobró vida el último fin de semana, luego de que una opereta periodística del pasquín oficialista La Nazión hiciera público que la firma Oil -propiedad del Grupo Indalo- retuvo la liquidación de 8.000 millones de pesos correspondientes al pago del impuesto a los combustibles.

En la denuncia de la AFIP, se sostiene que “el presunto delito se basaría en que se habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”.

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