domingo, 20 de diciembre de 2015

Decretos y ajuste para todos y todas

Por Alberto Dearriba

EL GOBIERNO DE MUGRIZIO MACRI ENTERRÓ EN SIETE DÍAS DE GESTIÓN LAS BASES DEL MODELO DE DESENDEUDAMIENTO CON INCLUSIÓN SOCIAL, AL DEVALUAR DRÁSTICAMENTE LA MONEDA NACIONAL, PODAR RETENCIONES A EXPORTACIONES AGRÍCOLAS, LIBERAR IMPORTACIONES, ESTABLECER UN MARCO PARA OPERACIONES ESPECULATIVAS DE CAPITALES FINANCIEROS GOLONDRINAS Y ANUNCIAR UN AUMENTO EN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Macri también puso en duda en una semana su declamada vocación republicana con mamarrachos como el de designar dos jueces de la Corte Suprema de un plumazo y colocar a la Administraición Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) bajo el Ministerio de Comunicación.

El procesado presidente amenaza con despedir también de sendos plumazos a la procuradora general Alejandra Gils Carbó y al titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, con el argumento de que son "funcionarios militantes", como si los funcionarios que designó en las áreas políticas nacieron de un zapallo y no tienen ideología ni partido, al igual que los gerentes designados en economía y los dos candidatos que pretende meter por la ventana en la Corte Suprema de Justicia.

Al designar dos cortesanos sin acuerdo del Senado, Macri se cargó de un plumazo a una de las dos Cámaras legislativas de la Nación, porque confunde su propia necesidad y urgencia política con las reales necesidades de la República. El gobierno anterior padeció la negativa opositora a prestar acuerdo para cubrir el cargo vacante que dejó la renuncia de Raul Eugenio Zafaroni, sin que el PRO, la UCR y la Coalición Cínica juzgaran que existía necesidad o urgencia para dejar cubiertos los cinco puestos del máximo tribunal.

El menemismo utilizó un atajo aún más tramposo para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia de cinco a nueve miembros, cuando a las cuatro de la mañana del 5 de abril de 1990, hizo votar la ley correspondiente a la ampliación con intrusos sentados en las bancas de los diputados.

No se entendió entonces la necesidad y urgencia de semejante atropello institucional, pero se comprendería poco después, cuando la mayoría automática de la Corte Suprema se convirtió en aval para el remate de las empresas del Estado. ¿Cuál será el motivo que empujó a Macri a producir ahora un mamarracho cuestionado hasta por sus aliados? El constitucionalista Daniel Sabsay, un antikirchnerista ferviente, se convirtió en el primer arrepentido al confesar su pesar por haber votado un presidente capaz de hacer semejante disparate.

Al igual que el mecanismo de designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, cualquier manual de educación democrática explica además que el Ministerio Público es un órgano extrapoderes, cuyo titular no puede ser echado de un plumazo, ya que goza de estabilidad vitalicia hasta los 75 años. Por otra parte, la Nación no tiene realmente necesidad y urgencia alguna de modificar por decreto la ley de creación de ese organismo, ya que funciona normalmente.

También debería saber el titular del Ejecutivo, que la ley de medios audiovisuales, como cualquier otra ley, no puede ser modificada por decreto.El ministro de Comunicación, Oscar "el milico" Aguad, aseguró que "la ley de medios no permanecerá", pero para derogarla o modificarla hace falta otra ley y el macrismo carece del número necesario.

Macri apela a los decretazos por esa debilidad legislativa de origen que le impide realizar modificaciones por la vía natural, pero a cambio goza del apoyo de buena parte de los jueces: una de ellas le acortó el mandato a Cristina Fernández en 12 horas y otro acaba de anular la adecuación de oficio dispuesta por la AFSCA para el grupo Clarín, el mismo día en que una multitud se manifestaba frente al Congreso para defender la vigencia de la ley sancionada hace seis años por abrumadora mayoría.

Con la primera manifestación opositora al gobierno, el kirchnerismo exhibió su vocación de resistir la reposición conservadora claramente expresada en las medidas económicas. Un dato positivo para el gobierno de Macri es que no intentó reprimir la manifestación realizada frente al Congreso Nacional como lo hizo en el centro cultural de Vicente López, desalojado brutalmente por la policía provincial, lo cual pareció anticipar el regreso a la olvidada cultura del garrote.

Así como como cualquier manual de instrucción cívica explica los límites de un decreto, cualquier manual de economía advierte que una devaluación implica siempre una transferencia de recursos a favor de los exportadores y en contra de los asalariados. Dicho de otro modo, hayan votado a Macri o a Scioli, todos los trabajadores son los grandes perdedores de la elección presidencial.

Los argentinos que tienen memoria -un 49% en el último censo- saben por dolorosa experiencia que una devaluación constituye un ajuste que impacta sobre los precios, reduce el poder adquisitivo del salario, afecta el consumo interno, la producción industrial y el nivel de empleo.

También recuerdan que la ola importadora de los noventa bajó las persianas de las fábricas, muchas de las cuales se convirtieron en depósitos de chafalonías y chucherías chinas que llamaron la atención de los consumidores locales y llevaron el desempleo al 25% contra el 6% actual.

La devaluación tendrá inevitablemente un fuerte impacto sobre los productos de la canasta básica y provocará en las góndolas a los primeros arrepentidos en términos más dramáticos que los de Sabsay, pero posiblemente no se conozca oficialmente el índice de precios porque el nuevo titular del Indec, Jorge Todesca, anticipó que suspenderá esa información por unos meses para confeccionar una nueva forma de medición.

Por razones obvias, ese bache informativo no será cubierto por el índice del Congreso en el que la oposición proporcionaba mensualmente una tasa que duplicaba a la oficial con la clara intención de desgastar al kirchnerismo. La falta del indicador constituirá un inconveniente para los dirigentes sindicales que ya reclaman una compensación por la devaluación y prevén solicitar ajustes del orden del 50% en marzo, cuando se discutan en paritarias nuevos niveles salariales, en un marco de conflictividad gremial anticipada por los despidos en Tenaris-Siderca.

El gobierno conservador cambió en pocos días la matriz económica al pasar de una economía de producción a otra que reinauguró la bicicleta financiera, pero se topa con una clase obrera que conoce sus derechos, tiene un elevado nivel de empleo y salarios razonables, lo cual, al revés de lo que se puede suponer, suele estimular los reclamos.

Macri resultó hasta ahora un buen pagador: le pagó a los sojeros con devaluación y poda de retenciones que les ceden unos 20 mil millones de pesos adicionales a sus cosechas retenidas, les pagó a las exportadoras de cereales, a los sectores financieros, a los importadores y a los industriales exportadores, en tanto busca el modo de cumplir con los empresas periodísticas más concentradas, porque aún no pudo acabar con la ley de medios. En cambio, sólo los trabajadores que pagan impuesto a las Ganancias recibirán una alegría navideña. Pero un viejo fantasma comenzó a aletear con los masivos despidos en Tenaris-Siderca. No parece un buen comienzo para quien prometió crear miles de puestos de trabajo.

ACLARACION: LA DEFORMACIÓN DE NOMBRES DE PERSONAS Y FUERZAS POLÍTICAS Y LA REFERENCIA A MACRI COMO "PROCESADO" PRESIDENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA REDACCIÓN DE CURRÍN Y NO DEL AUTOR DEL EDITORIAL.

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