MEDIANTE UN AMPLIO DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU), QUE MODIFICA VARIAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS, MUGRIZIO MACRI LE QUITÓ LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA DEJARLA BAJO LA ÓRBITA DE LA JEFATURA DE GABINETE.
El régimen macrifascista modificó la ley de Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia hace un mes, y concentró en la órbita de la Jefatura de Gabinete el control de los datos de todos los ciudadanos. La utilización del Poder Ejecutivo de los datos personales para la comunicación gubernamental y la campaña cuenta a partir de ayer con una tentadora fuente a manos del jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, artífice y ejecutor de toda la estrategia comunicacional de la alianza de derecha Cambiemos.
En concreto, Macri modificó el artículo 19 de la ley de Acceso a la Información Pública vigente desde hace un mes, que ordenaba la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autónomo, y la dejó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. En la norma sancionada no se preveía que dicha Agencia fuera además la autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales que, como anticipó el propio Macri en la apertura de sesiones ordinarias de este año, el régimen se propone modificar para darle una señal fuerte a los gigantes de la industria de Internet.
“Esto puede leerse como una continuidad de una gestión pésima en materia de protección de datos personales”, dijo la especialista de mercado informático e integrante de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche. “Esto está en consonancia con la utilización de datos de la ANSES con fines gubernamentales”, recordó.
En un artículo publicado en el diario Clarín el 16 de septiembre quedó en evidencia la obsesión del macrifascismo por el entrecruzamiento de datos mediante la utilización de las bases del Estado. En la nota se hace un relato de cómo el comando de campaña bonaerense hizo un cruce de datos del INDEC con los resultados de la PASO. “Sabemos cómo nos votaron en cada manzana”, le dijo un funcionario a Clarín. “Tremendo, pero no sorprende. Es lo que hacen y para eso querían las bases de la ANSeS, entre otras cosas”, remarcó Busaniche.
La representante de Vía Libre hizo hincapié también en la “colisión de intereses” que se podría producir en caso de que alguien realice un pedido de acceso a la información pública en la Agencia que, al mismo tiempo, tiene todos los datos de quien hace esa petición. “Este tipo de entes debería estar por afuera del Ejecutivo porque si no el controlado está a cargo del control, como sucede con la Oficina Anticorrupción”, añadió.
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