El macrifascista Miguel del Sel fue inhabilitado por la Justicia para ocupar cargos públicos

EL CÓMICO FUE CONDENADO POR LAS IRREGULARIDADES EN EL BALANCE PARTIDARIO PRESENTADO EN 2012 RESPECTO DE LOS FONDOS DE CAMPAÑA EN EL PRO DE SANTA FE.

El integrante de Midachi y ex candidato a gobernador de Santa Fe por el macrifascismo, Miguel Del Sel, fue inhabilitado por la Justicia por un período de seis meses para ejercer cargos públicos y presentarse como candidato.

El fallo del juez federal Reinaldo Rodríguez argumenta que el cómico cometió irregularidades en el balance partidario presentado en 2012 respecto de las elecciones de 2011. 

El magistrado señaló que las presentaciones "impiden conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña".

La medida alcanza también a Norberto Principato, ex tesorero del PRO, así como también a Diego Barreto, intendente de la localidad santafesina de Funes.

Según el juez Rodríguez los tres integrantes del PRO no atendieron a las observaciones que les formuló la Cámara Nacional Electoral sobre las irregularidades.

El magistrado además estableció que los implicados omitieron informar partidas pendientes de cobro que provenían de aportes públicos del año 2011, aportes públicos para boletas de diputados generales, aportes por diferencia de Campaña Diputados Primario y una lista de aportes privados.

El diario La Capital de Rosario, indica también que el juez señaló que el PRO "no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas". Tampoco figura la acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos para la campaña, lo que atenta contra la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

El artículo 63, inciso "b" de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, establece que se podrá inhabilitar desde seis meses hasta diez años al presidente de un partido, a su tesorero y responsables políticos y económico-financieros cuando no alcancen acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos.