El embajador argentino en Chile, Ginés González García; el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli; y el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, manifestaron su satisfacción por la decisión de la justicia chilena de aprobar la extradición del ex juez Otilio Romano.
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Otilio Romano
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Los funcionarios argentinos se encuentran en Chile participando de la Quinta Reunión binacional de Ministros de la Argentina y Chile y la III Reunión Binacional de Intendentes chilenos y Gobernadores argentinos de la Frontera Común se realiza en esta capital.
En este marco, González García expresó su satisfacción "y la de todos los argentinos, por la decisión de las autoridades chilenas de extraditar a Otilio Romano".
En este contexto, el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, señaló que "esta noticia es buena precisamente porque en la lucha por imponer los Derechos Humanos, evitamos que quienes tienen responsabilidades criminales puedan evitar la justicia como lo intentó hacer Romano".
El ministro agregó que “nosotros creemos que esto es consecuencia de la integración que es viene dando entre ambos países”.
Por su parte, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, recalcó que “hace más de cuatro años se habían iniciado estos trámites de extradición y hoy la justicia chilena ha dado un paso muy importante y así podemos tener un horizonte con la justicia de ambos países a un reclamo de una persona que está imputada por más de 120 casos de lesa humanidad”.
El ex juez argentino, cuya extradición fue aprobada el miércoles por la Corte Suprema de Chile, ya se encuentra en las instalaciones de la Interpol de la capital chilena para ser enviado de vuelta a la Argentina.
El destituido juez fue trasladado en las últimas horas desde Viña del Mar a las dependencias de la Interpol en Santiago de Chile y será puesto en manos de la Corte Suprema para que haga efectiva la extradición.
Agentes de la Policía de Investigaciones de Chile lo detuvieron en su departamento en Reñaca, donde cumplía arresto domiciliario nocturno.
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Arturo Puricelli, Ginés González García y Francisco Pérez
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La Corte Suprema dio luz verde a la resolución del ministro instructor Sergio Muñoz, quien había dictaminado el envío de Romano de vuelta a la Argentina, para que responda ante la justicia de la provincia de Mendoza por amparar delitos de lesa humanidad.
La extradición fue otorgada en correspondencia con el Código Penal Argentino, ya que Romano amparó 34 delitos de privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas, 26 delitos de privaciones ilegítimas de libertad, 36 delitos de tortura, uno de allanamiento ilegal y uno de denegación de justicia.
Romano fue destituido en 2011 por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados por su actuación entre 1976 y 1983, cuando omitió denunciar e investigar delitos cometidos durante la última dictadura militar, mientras cumplió funciones como fiscal federal.
Mientras lo destituían, Romano se fugó a Chile y estuvo ahí bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna.
En Mendoza, Romano no es el único juez que deberá enfrentar un juicio por delitos de lesa humanidad, ya que en la lista se encuentran también Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo.
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