ES EL MINISTRO ENCARGADO DE DIAGRAMAR LOS DESPIDOS, QUE GENERAN GRANDES CONFLICTOS EN LOS DEMÁS MINISTERIOS.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, está en la mira de sus compañeros de gabinete, enojados por la megaestructura que armó en su cartera pese a que es el encargado de hacer más “eficiente” al Estado nacional y diagramar los ajustes en los demás ministerios.
La bronca estalló el miércoles cuando en el Boletín Oficial apareció publicada la estructura organizativa de la cartera de Ibarra y sus colegas notaron que lejos estuvo de optar por un esquema austero. Todo lo contrario.
Es que en los hechos, Modernización es la elevación a ministerio de la subsecretaría de Gestión y Empleo Público que funcionaba hasta diciembre pasado, más la incorporación de algunas funciones de la Secretaría de Gabinete y la Oficina Nacional de Contrataciones.
Pero aún así Ibarra armó un megaministerio con 4 secretarías, 9 subsecretarías, 19 direcciones y oficinas nacionales, y unas 90 coordinaciones (a los coordinadores el ministro le puede asignar las competencias de un director). Todo eso con el personal correspondiente y los fondos necesarios para que esas dependencias funcionen.
La bronca en el gabinete es porque sostienen que esa estructura se arma a costa de los recortes en los demás ministerios, donde además cada mes tienen que llevarle a Ibarra un listado detallado de todos los empleados que tienen y, tras una revisión exhaustiva, en Modernización autorizan o no el pago de los sueldos.
Esto es porque Ibarra giró a los ministerios metas de despidos que deben cumplir como parte de la revisión de contratos que lanzó en diciembre pasado. Si no lo hacen, empiezan los problemas para pagar los sueldos.
El disgusto por la estructura de Modernización es mayor porque se da justo en momentos de extrema tensión en varios ministerios por una nueva tanda de despidos. Es que el jueves se vencían 25 mil contratos en la administración nacional y se estima que al menos mil no fueron renovados, aunque recién hoy el panorama iba a ser más claro respecto a la cantidad de contratos que se cayeron.
Por caso, el Palacio de Hacienda, donde funcionan cuatro ministerios (Hacienda, Energía, Transporte y Producción), tenía ayer a la mañana todas sus puertas bloqueadas para evitar el ingreso de los trabajadores que protestaban por los 150 despidos concretados el jueves. Así como no ingresaban los manifestantes, tampoco entraban funcionarios o los empleados, con lo cual la actividad estaba prácticamente paralizada. Por esta razón, Guillermo Dietrich no pudo brindar la conferencia de prensa en la que iba a anunciar el tarifazo en el transporte público, la cual, finalmente, se tuvo que llevar a cabo en la Casa de Gobierno..
Algo similar sucedía en el Ministerio de Trabajo, donde los despedidos fueron unos 250. Allí, los trabajadores protestan desde el miércoles y el jueves tomaron el hall central. Ayer, bloqueaban el acceso al edificio de la avenida Alem. Los despidos de esta cartera se repiten en las dependencias del interior del país.
En Cancillería, los despidos de esta semana habrían sido 100 y la semana pasada hubo 270 en Migraciones. En tanto, en la sede Tandanor del ministerio de Justicia los empleados de limpieza están de paro y el edificio está repleto de basura, incluido el lugar donde comen trabajadores y funcionarios. La situación seguía empeorando ayer.
Es decir que por la línea que baja de Ibarra, los demás ministros están enfrentando conflictos serios y se les está complicando seriamente la actividad diaria, con una amenaza seria de que se paralice por completo.
Además, le reprochan que tampoco es un número significativo (en términos económicos) de despidos como para cumplir el presunto objetivo de hacer un recorte de recursos importante, que tenga efecto en la disminución del déficit fiscal. Se estima que hasta aquí hubo unos 8 mil despidos en la administración nacional, un número impactante en términos humanos pero no en términos del Presupuesto nacional.
Esto sin contar que los despidos se dan justo en momentos en que el régimen fascista aplicó un feroz ajuste en los servicios públicos, lo que no hace más que aumentar el malestar social.
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