SE TRATA DEL ESTUDIO CRAVAH, SWAINE & MOORE, CON SEDE EN NUEVA YORK, QUE SE SUMARÁ A CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON. EL RÉGIMEN FASCISTA CONSIDERA NECESARIO UN "URGENTE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA ESTRATEGIA LEGAL INTEGRAL" PARA ALCANZAR "UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA" AL CONFLICTO.
Para darle una "solución definitiva" al conflicto con los fondos buitre y con los denominados "mee too", el Estado argentino contrató, de manera directa, al estudio Cravah, Swaine & Moore, con sede en Nueva York, que se sumará a Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, el buffet de abogados que ya se encontraba trabajando en los litigios con los holdouts encabezados por el NML Capital de Paul Singer.
Así lo indicó el la Decisión Administrativa 231/2016 del Ministerio de Hacienda y Finanzas, publicada ayer en el Boletín Oficial, que precisa que la contratación directa tiene "el objeto de desarrollar tareas de asesoramiento jurídico en las negociaciones con los acreedores externos" que lleve adelante el Ministerio que encabeza Alfonso Prat el Gay y "en las eventuales operaciones de financiamiento que realice la República Argentina en los mercados de capitales internacionales, facultándolo, asimismo, para eventualmente patrocinar a la República Argentina en los procesos judiciales relacionados con sus funciones".
En los considerandos, el texto firmado por Prat el Gay y el jefe de Gabinete Marcos Peña señala que "la situación planteada reclama el urgente diseño e implementación de una nueva estrategia legal integral que englobe no sólo los litigios actualmente en trámite en diversas jurisdicciones, sino también a las negociaciones con los tenedores de bonos en 'default', proceso que, como es de público conocimiento, se ha iniciado con fecha 13 de enero del corriente".
En ese sentido, indica que el Ejecutivo macrifascista "ha dado precisas instrucciones a efectos de que por todas las instancias del Gobierno Nacional se adopten todas las medidas que se estimen necesarias, tendientes a alcanzar una solución definitiva a esta problemática", con el objetivo de que la Argentina "pueda regularizar la totalidad de su deuda en estado de cesación de pagos y así acceder al mercado financiero internacional en condiciones más ventajosas".
"El diseño e implementación de esta nueva estrategia legal integral torna aconsejable la contratación de un estudio de abogados adicional con asiento en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América", sostiene el gobierno, y agrega que "en virtud de la gran cantidad de litigios aún en curso y a su alta complejidad, sumado a la necesidad de dotar de mayor solidez jurídica a la posición de la República tanto en los procesos judiciales como en el curso de las negociaciones", se considera "conveniente mantener la contratación de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton en la defensa de las causas judiciales y como fuente de consulta jurídica y asistencia técnica en los eventuales procesos de reestructuración, como así también en los posibles aspectos que puedan involucrar operaciones de emisión y canje de títulos públicos de la deuda nacional en los mercados de capitales, en razón de su experiencia previa en los litigios contra el Estado nacional y de la gran cantidad de documentación, información y detalle que posee acerca de sus pormenores".
Según el Ejecutivo, "esta nueva contratación permitirá, por un lado, alcanzar una más sólida defensa judicial en los litigios en curso" y, por el otro, "obtener asesoramiento complementario para el proceso de negociación y una eventual reestructuración de la deuda en estado de cesación de pagos".
Para justificar la contratación directa, Peña y Prat el Gay argumentan que "frente al vacío legal que supone la contratación de un estudio jurídico en el exterior para la prestación de sus servicios profesionales en el extranjero, supuesto no contemplado en las normas aplicables en nuestro país, resulta admisible la contratación directa de los servicios de estudios jurídicos para la asistencia del Estado nacional en el extranjero".
Sobre este punto, indican que "la especialidad requerida para la atención de los asuntos a encomendarse, dada su complejidad técnica, sumada a la necesidad de adoptar acciones urgentes destinadas a proteger los intereses del Estado nacional, tornan aconsejable adecuar el obrar de esta Administración a las pautas rectoras de la adjudicación simple por especialidad, que constituye una de las formas posibles de selección del contratista en nuestro ordenamiento jurídico".
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