MICHETTI Y PEÑA PUSIERON EL FOCO EN EL CONTROL DE LA CIUDAD. EN EL LARRATISMO DICEN QUE EL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO ES UN TEMA FEDERAL.
La tragedia de Time Warp desató un inédito pase de facturas entre el régimen fascista nacional y el de Horacio Rodríguez Larrata por la responsabilidad política de las 5 muertes en la fiesta electrónica de Costa Salguero.
Sugestivamente, el jefe de gabinete, Marcos Peña, sacó el tema el viernes por la tarde, en medio de una conferencia de prensa sobre cambio climático y aseguró que el el régimen macrifascista “colaborará con la Justicia para saber si hubo fallas y cosas que se tenían que haber hecho mejor”.
“Tanto en el gobierno nacional como el de la Ciudad siempre vamos a estar abiertos para investigar y evitar que las cosas que se han hecho mal se vuelvan a repetir”, dijo Peña en un mensaje que explotó por la noche en el PRO porteño, donde entendieron que el jefe de Gabinete buscó arrastrar al barro de la tragedia a la administración de Rodríguez Larrata.
Peña no fue la única figura rutilante del régimen nacional que apuntó la mira láser hacia el régimen porteño. Gabriela Michetti hizo lo propio con su estilo campechano prácticamente echándole la culpa a su ex rival en la interna porteña del PRO.
"Me dio una angustia, bronca, impotencia. Con respecto a los controles, si la pastillita es tan chica, ¿cómo se controla eso?”, se preguntó la vicepresidenta de la Nación. "No sé bien cómo debería hacerse ese control. No quiero sacarle el traste a la jeringa porque el Gobierno de la Ciudad es de nuestro partido. Pero, ¿cómo se controla esto? Por más gente que haya. Y aun si controlaran, ¿les van a sacar la pastillita a los chicos y se arma un lío?", añadió Michetti.
La tullida vicepresidenta justificó así la falta de un operativo contra el narcotráfico en un punto geográfico de la Ciudad en la que desde hace décadas se habla de una zona liberada para las bandas narcos y cuya jurisdicción es de Prefectura, que depende del Gobierno nacional. De hecho, en el macrismo porteño subrayaron ayer que los inspectores de habilitaciones no tienen competencia para requisar a los jóvenes, una facultad claramente policial y que en todo caso es bastante polémico aplicar de manera masiva como propuso la vicepresidenta.
El caso golpea de manera tan visible al régimen nacional, -además del porteño-, que ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, se vio obligada a separar del cargo al jefe del Departamento Narcotráfico de Prefectura y a otros 39 efectivos de esa fuerza (ver nota aparte en esta misma edición).
Justamente la administración de Larrata hizo hincapié en la venta ilegal de droga para espantar el fantasma de Cromañón que azuzaba la oposición al hablar de la falta de agua, la sobrepoblación de la fiesta y otro tipo de supuestas irregularidades atribuibles al gobierno porteño, pero que hasta ahora no se ha comprobado que tengan vinculación con la muerte de los cinco chicos, que según informaron fuentes al tanto del resultado de las autopsias, se debería al envenenamiento que les causó la droga de diseño que tomaron.
Ante este escenario político, Larrata actuó rápidamente para dejar en claro las diferencias de esta tragedia con el incendio del boliche de Once que causó más de 190 muertos. En ese sentido, mandó a la Legislatura en menos de 48 horas luego de sucedida la tragedia al encargado de otorgar las habilitaciones en la Ciudad, el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Álvarez Dorrego, uno de sus máximos asesores en materia legal.
El funcionario informó a la oposición que la AGC había cumplido con todo el proceso de habilitación que la empresa Dell Producciones había respetado, de acuerdo a las inspecciones, y dejó en claro que la investigación por la venta de drogas en la fiesta estaba en manos del juez federal Sebastián Casanello, ya que el narcotráfico es un delito federal.
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