Nota de la revista Veintitrés
Rápida de reflejos tras el resultado de las PASO, en pocos días Cristina Fernández movió el tablero político y económico. Diálogo social, reapertura del canje de deuda y aumento del mínimo no imponible. La marca kirchnerista.
Si hay algo que demostró el kirchnerismo en una década de gobierno es que no sólo tiene capacidad de reacción frente la crisis, sino que ante la adversidad prefiere redoblar la apuesta. Sucedió en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia con apenas el 23 por ciento de los votos y le imprimió a su gestión la misma potencia que le podría haber proporcionado el 54% de adhesión que cosechó Cristina Fernández en 2011. Bajó los cuadros, renegoció la deuda, logró sacar al país del default y paliar los elevados índices de desocupación y pobreza, heredados de décadas de recetas neoliberales que condicionaron la política a la economía.
El kirchnerismo también demostró capacidad de recuperación tras los comicios legislativos de 2009, cuando los coletazos de la disputa por las retenciones agropecuarias desembocaron en una derrota en las urnas. Entonces, a días de aquellas elecciones de medio término, Cristina Fernández anunció la creación de la Asignación Universal por Hijo, un hito del modelo K. Hay más ejemplos, pero los citados alcanzan para comparar esa conducta con la que asumió el oficialismo inmediatamente después de los resultados adversos que cosechó el 11 de agosto, en las PASO. La Presidenta, tras analizar las cifras electorales, barajó y dio de nuevo. El resultado de esa maniobra redundó en anuncios económicos favorables a la clase media, una franja de la población poco proclive al voto cautivo.
La reacción fue inmediata. En apenas dos semanas, CFK convocó al diálogo a empresarios y representantes de los trabajadores, una postal inédita hasta ahora, y tras anunciar la reapertura de un tercer canje de deuda para los bonistas que no aceptaron la oferta ni en 2005 ni en 2010, dejó sin argumentos al elenco opositor al subir el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a 15.000 pesos. Un piso que superó las expectativas aun más optimistas.
La Presidenta ofreció un cóctel recargado y dejó con las ganas a los agoreros que, con los resultados de las PASO en la provincia de Buenos Aires, vaticinaron “el fin del kirchnerismo”. Puro vértigo. En apenas dos semanas, el Gobierno no sólo recuperó la iniciativa sino que logró imponer su agenda.
Desde la oposición, los anuncios económicos fueron calificados de “electoralistas”, tal vez sin reparar en la capacidad de reacción que ya forma parte del ADN K, que desde 2003 hasta la fecha le permitió al oficialismo remontar los magros resultados electorales y también otros malos momentos, como las jornadas negras de octubre de 2010, marcadas por el asesinato de Mariano Ferreyra y por la muerte del ex presidente Kirchner.
“No voy a prometer lo que no podemos cumplir”, afirmó la Presidenta cuando se conoció el recuento de votos de las PASO, y lo repitió 48 horas más tarde, en su primera aparición pública en Tecnópolis.
En ese mensaje, tras repasar las promesas de la oposición durante la campaña, sobre todo las vinculadas con la seguridad y la inflación, convocó al diálogo a la Unión Industrial Argentina, a la Asociación de Bancos y a la CGT para “discutir en la mesa grande” cuáles son las ideas que tienen para proponerle al país. Además, destacó que quiere debatir con ellos porque “son los verdaderos jugadores” y “no con los suplentes que me ponen en las listas” de candidatos para las elecciones de medio término.
Desde entonces ya compartieron dos mesas de diálogo y sellaron un compromiso para seguir trabajando. En la última cita, en la Casa Rosada, tras el anuncio de la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la ampliación de familias que percibirán salario familiar, se acordó trabajar en comisiones para analizar tres temas específicos: la competitividad (vinculada a las economías regionales), el problema del trabajo en negro y políticas de exportación. El cronograma de trabajo comenzará la semana próxima, con reuniones acotadas, pero el objetivo es consensuar estrategias para presentar en un encuentro más amplio. También se habló de los precios de los medicamentos y de los problemas económicos que afrontan las obras sociales. Así lo confirmaron a esta revista varios participantes, ya que la reunión se realizó a puertas cerradas. Lo cierto es que los sindicalistas que tomaron parte del diálogo se mostraron satisfechos por los resultados y los empresarios se comprometieron a bajar los decibeles de la confrontación pública con la Casa Rosada.
De la catarata de anuncios, la suba del piso de Ganancias concentró toda la atención, por el impacto que tendrá a partir del 1 de septiembre en el bolsillo de los trabajadores y porque fue el caballito de batalla de parte de la oposición durante la campaña. De la reunión con los empresarios y los gremios, CFK consiguió consenso para impulsar, como fuente de financiamiento de los cambios en este impuesto, un gravamen del 15% a la compraventa por parte de sociedades del exterior de títulos y acciones de empresas que no cotizan en Bolsa y un gravamen del 10% a la distribución de dividendos de las empresas. Se espera recaudar 697 millones de pesos y 1.350 millones, respectivamente. Sin embargo, esos fondos no alcanzarán para cubrir los cambios. Según estas proyecciones, el Estado tendrá que afrontar unos 2.581 millones adicionales, ya que los cambios en Ganancias implican resignar una recaudación de 4.500 millones de pesos aproximadamente.
Para el economista y diputado por Nuevo Encuentro, Carlos Heller, “esta solución está en línea con lo que son las ideas económicas de gobierno, que todas las políticas tiendan a mejorar el poder adquisitivo de la población, a fortalecer el mercado interno, a avanzar en la sustitución de importaciones, a hacer más eficiente la recaudación impositiva”. Lo cierto es que lo que resignará el Estado, esos 4.500 millones, los volcarán las franjas medias al consumo, según coincidieron analistas y representantes de la cadena comercial. Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados, evaluó que “en base a los antecedentes de medidas similares, se espera que el impacto en el consumo sea positivo”.
En tanto, Damián Di Pace, de Focus Market, consideró que el dinero se canalizará en la compra de indumentaria, electrodomésticos, ocio y recreación. “El vuelco al consumo de esas medidas se va a poder ver a partir de octubre. Esta inyección le da un aire al 25 por ciento de la población beneficiada por esta medida”. Además, cuando la gente compra más se produce un incremento en la contribución del IVA. “Es un círculo”, coinciden los analistas. Sin embargo, alertan sobre el impacto inflacionario que puede tener esta inyección de dinero. Habrá qué esperar para saber hasta dónde llega el compromiso de los empresarios con la Casa Rosada y si se mantienen los precios estables en las góndolas.
La decisión de abrir por segunda vez el canje de deuda externa, como respuesta al fallo adverso de la Cámara de Nueva York, significó también una acción concreta del Gobierno de recuperar el centro de la escena política. “Estamos al frente de la nave y la vamos a conducir a buen puerto”, señaló la Presidenta en su intervención por cadena nacional al anunciar el envío del proyecto al Congreso. La cuestión de la deuda formó parte del encuentro con dirigentes empresarios y sindicales del martes pasado en la Rosada. “Hubo apoyo explícito a la postura argentina”, señaló Heller, que como representante de una de las asociaciones de bancos estuvo presente en esa reunión. “Hubo muchas intervenciones laudatorias del discurso del día anterior de la Presidenta y de la posición de la Argentina respecto de los acreedores que entraron en el canje y de firmeza en la negociación. Los que hablaron del tema fueron todos a favor y los que tenían otra opinión no la dijeron”, aseguró.
La iniciativa oficial engloba dos aspectos. Por un lado, le ofrece al 7 por ciento de los bonistas que no ingresaron a los dos canjes anteriores las mismas condiciones que se pactaron con el 93 por ciento que sí ingresó. La segunda decisión fue la de ofrecerle a este último grupo la posibilidad de reemplazar sus títulos por unos nuevos en la misma moneda, monto, plazo y tasa pero que en lugar del Banco de Nueva York se cobrarán a través de la Caja de Valores de Buenos Aires.
Con celeridad, a los dos días del anuncio, el Ejecutivo presentó el proyecto para reabrir el canje en el Senado a través del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el vice, Axel Kicillof. En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión y por espacio de cinco horas, explicaron los alcances del proyecto. Los senadores oficialistas emitieron el dictamen de mayoría y el proyecto se tratará en la Cámara el próximo miércoles. El bloque de senadores radicales ya adelantó que acompañará la iniciativa en general, aunque presentará un dictamen propio. Por lo tanto, la aprobación del canje en el Senado está garantizada.
La decisión de reabrir el canje no busca seducir a los bonistas que no ingresaron a los dos canjes anteriores –entre los que se encuentran los fondos buitres que vienen demandando a la Argentina en la Justicia estadounidense– sino demostrarle a la Corte Suprema de Estados Unidos que el país actúa de buena fe hacia ellos. De esa forma, se busca que el máximo tribunal tome el caso en febrero del año que viene y obviamente que falle a favor de la Argentina. “La reapertura del canje muestra la buena voluntad argentina para arreglar esta cuestión”, señaló a Noemí Brenta, economista y autora junto a Mario Rapoport del libro Las grandes crisis del capitalismo contemporáneo. “Se sabe que los buitres no lo van a aceptar. Tiene que ver más con mostrar una actitud constructiva que con la posibilidad real de que a través de esta metodología se pueda llegar a un arreglo con los fondos buitres que están totalmente decididos a no entrar al canje en las mismas condiciones que los que lo aceptaron”, añadió.
El principal argumento de la estrategia argentina es advertirle a la Corte estadounidense el riesgo sistémico que significaría para el mercado financiero global que quede firme el fallo de la Cámara de Nueva York. “Si la Corte no toma el caso, claramente estaría convalidando un fallo no técnico, sino político”, asegura el economista Gabriel Wolf, especialista en fondos buitres e integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (Geenap). “Los fondos buitres no compraron legítimamente los bonos en los noventa a un precio de 100, que era el valor nominal, sino que lo compraron a último momento, meses antes de que la Argentina cayera en default, a un valor de mercado, que era bajísimo. En términos jurídicos, la Argentina tendría que pagarles a los fondos buitres exactamente la cantidad de dinero por los cuales pagaron en valores de mercado, no en valor nominal. Eso sería un fallo técnico. Por lo tanto, no es cierto que hay un argumento legítimo de parte de la Cámara”, completó.
Ante la decisión de cambiar la jurisdicción de pago de los bonistas que ingresaron a los dos canjes, desde algunos medios opositores comenzaron a agitar el fantasma de que los fondos buitres podrían demandarlo y por lo tanto aquellos bonistas no se volcarían a la propuesta. Heller no cree que esto llegue a suceder. “El cambio de jurisdicción es una alternativa porque si la Corte Suprema ratificara el fallo de la Cámara, el banco de Nueva York no podría ser pagador porque todos los fondos que se paguen ahí se embargarían. Al que quiera cobrar se le está diciendo ‘cámbielo por este bono que es seguro’”. El legislador también refutó otro de los rumores negativos que comenzaron a ventilarse en estos días. “Están diciendo por ahí que los bonistas no van a aceptar porque no van a poder sacar la plata del país. No es así. Los fondos provenientes del cobro de títulos públicos no tienen restricción para ser remesados. El Gobierno está diciendo ‘nosotros vamos a seguir pagándoles a los que entraron en el canje de cualquier manera. Entonces ofrecemos distintas alternativas’”, indica.
Activa y redoblando la apuesta, CFK retomó la iniciativa y dejó en claro que de acá a las elecciones legislativas de octubre apuesta a profundizar el modelo inaugurado en 2003 por Néstor Kirchner. Incluso, instruyó a sus ministros y colaboradores a hablar con los medios de comunicación para explicar las nuevas medidas. Así, desfilaron por los medios el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y los responsables del Ministerio de Economía, Hernán Lorenzino y Axel Kicillof. Una política de comunicación también inédita.
La oposición tendrá que reescribir su libreto o sincerar qué rumbo económico y social propone para el país. Tal vez esa es la apuesta de máxima del oficialismo, obligar a sus competidores a mostrar todas las cartas.
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