Pese a una orden judicial, la Ciudad le cortó a una jefa de hogar el subsidio con que pagaba el alquiler de una habitación en una pensión.
Una vecina de la Ciudad de Buenos Aires que obtuvo una medida cautelar que obligaba al gobierno porteño a brindarle asistencia habitacional ante su imposibilidad de afrontar los costos de una vivienda –pese a tener un trabajo registrado– denunció que el fallo no está siendo cumplido. Se trata de Mónica Graciela Echenique, una mujer de unos 45 años de edad, quien vive con dos hijos menores de edad.
Echenique describió su dramática situación familiar ante la justicia: víctima de violencia de género; su marido dejó de tener contacto con los hijos de ambos, y pese a desempeñarse como auxiliar de enfermería en un sanatorio privado, sus ingresos por ese rubro ni siquiera alcanzan para cubrir el costo de la habitación de un hotel para personas de bajos recursos.
En su acción judicial, que inició el año pasado, Echenique explicó que su familia "se encuentra afectada en sus derechos y garantías constitucionales, y en particular, el derecho a la vivienda y a la salud alimentaria", ya que ella y sus hijos "han sido amenazados con ser desalojados de la habitación que ocupan en el hotel ubicado en la calle Pueyrredón 589, piso 7º, habitación Nº 5, por no poder afrontar el pago del alquiler".
En el expediente quedó reflejado que "si bien cuenta con un empleo en el mercado formal de trabajo, los ingresos que le proporciona no resultan suficientes para sostener de manera autónoma el costo de un alojamiento sin desatender al mismo tiempo el resto de las necesidades básicas del grupo familiar, como alimentación, salud, vestido, etc".
Añadió que "sus ingresos se componen de su salario de 2287 pesos como auxiliar de enfermería en un sanatorio privado, que se complementan con el subsidio que le otorga el Programa Ciudadanía Porteña - Con Todo Derecho, por el que percibe la suma de 700 pesos". De acuerdo con la documentación, "el costo de la habitación que alquila asciende a 700 pesos semanales, es decir, 2800 pesos mensuales". Tanto ella cuanto sus niños "vivieron extremas situaciones de conflictividad y violencia en el marco del seno familiar, debido al trato que le dispensaba el padre de sus hijos, lo que motivó el dictado de la medida cautelar de exclusión del hogar y restricción de acercamiento para el Sr. Franklin Pérez Guerrero", su pareja.
Echenique -según el expediente- fue desalojada del hogar conyugal y, "luego de permanecer unos días en el parador del Ejército de Salvación, fueron evaluados e incorporados al Programa de Atención a Familias en Situación de Calle, con lo que, sumado a sus ingresos pudo pagar el alquiler de la habitación en el hotel que ocupan actualmente". Pero esos programas son a término, y "al interrumpir el gobierno porteño el pago de la prestación en el mes de julio de 2012, comenzó a tener serias dificultades para afrontar el costo del alojamiento, volviendo a la situación de emergencia habitacional que había motivado su ingreso inicial".
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario local, Guillermo Scheibler, hizo lugar al planteo y emitió una medida cautelar ordenando a la administración metropolitana, a través del Ministerio de Desarrollo Social, "que arbitre los medios necesarios a fin de incluir a la amparista y su grupo familiar en alguno de los programas habitacionales vigentes, manteniendo su integridad y que no podrá consistir en la inclusión en paradores u hogares de tránsito, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en esta causa".
La situación deberá resolverse ahora que se produjo el reinicio de la actividad judicial, tras la feria de invierno.
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