La Cámara alta convertirá en ley esta semana el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, luego de que se le introdujeran modificaciones en Diputados. También tratará el ingreso igualitario al Poder Judicial, que sufrirá cambios y pasará a Diputados.
El paquete de medidas de reforma de la Justicia impulsado por el Gobierno volverá esta semana a discutirse en el Congreso. El Senado convertirá en ley el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, luego de que se le introdujeran modificaciones en Diputados. Además, se tratará el ingreso igualitario al Poder Judicial, que también sufrirá cambios y pasará a Diputados para transformarse en ley.
Así, de las seis iniciativas enviadas al Parlamento por la presidenta Cristina Fernández para la “democratización de la Justicia”, tres habrán sido modificadas durante su tratamiento. Por su parte, los senadores de la UCR, el Frente Amplio Progresista y el peronismo disidente preparan una presentación mediática para el martes, denominada “Convocatoria por la independencia del Poder Judicial”.
La modificación del Consejo de la Magistratura, la medida más cuestionada del paquete enviado por el Ejecutivo, será convertida en ley tras los cambios solicitados por la Corte Suprema. Se mantendrán entonces las facultades administrativas del máximo tribunal, que seguirá manejando los recursos económicos. El proyecto original establecía que esas atribuciones correspondían al Consejo de la Magistratura, en sintonía con el artículo 114 de la Constitución nacional. La Corte advirtió sobre una eventual “parálisis” del Poder Judicial y el oficialismo dio marcha atrás en ese punto.
Otro de los cambios, en este caso duramente criticado por la oposición, es la incorporación de un requisito para presentar candidatos a consejeros: que en 18 de los 24 distritos electorales se utilice el frente electoral con la misma denominación. Para la oposición esta situación es “proscriptiva”, ya que, según el socialista Rubén Giustiniani, sólo el FpV llevó el mismo nombre en más de 18 distritos y el resto de los partidos llevan distintas denominaciones en cada lugar. Desde el kirchnerismo replicaron que se trata de una apuesta para evitar la atomización y fortalecer los partidos políticos nacionales.
Más allá de estos cambios realizados en Diputados, el corazón de la reforma se mantiene como en su redacción original: se amplían de 13 a 19 los miembros del Consejo, disminuyendo la influencia de los estamentos de jueces y abogados y ampliando la presencia de académicos de distintas disciplinas. De esos 19, los 3 jueces, los 3 abogados y los 6 académicos pasarán a elegirse mediante el voto popular en elecciones nacionales y no entre ellos, como sucedía hasta ahora. El resto de los integrantes se completa con seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo.
Otra de las reformas al Consejo es la modificación de las mayorías necesarias para tomar decisiones importantes, como la selección de magistrados y el pedido para iniciar el juicio político. Esas medidas pasarán a tomarse con la mitad más uno de los miembros, mientras hasta el momento se requerían dos tercios de los votos.
La elección directa de los consejeros estamentales y la alteración de las mayorías despertó las críticas más encendidas por parte de asociaciones de magistrados y de abogados, algunas organizaciones no gubernamentales vinculadas con la Justicia y en los últimos días se sumó la relatora sobre independencia del Poder Judicial de las Naciones Unidas, la jurista brasileña Gabriela Knaul. El argumento central es que, por un lado, mediante la elección popular se obligaría a los candidatos a incorporarse a un partido político afectando su independencia y, por el otro, que el oficialismo de turno podría presionar a los jueces con la apertura del proceso de remoción más fácilmente.
Tanto en el Congreso, como en la carta enviada a Knaul por el canciller Héctor Timerman, el kirchnerismo respondió que los candidatos no deberán afiliarse a un partido para aparecer en la boleta y que la candidatura no generará ningún compromiso posterior del consejero. Respecto del proceso de remoción, el oficialismo advierte que sólo se altera la mayoría necesaria para iniciar la acusación pero que en el jury de enjuiciamiento siguen siendo necesarios los dos tercios para remover al magistrado.
En este contexto, fuentes del kirchnerismo aseguran que el próximo miércoles contarán con los números necesarios para aprobar la reforma y que será similar a los 39 votos a favor conseguidos antes de las modificaciones de Diputados.
La otra iniciativa que se tratará el miércoles despertó menos resistencias. Las modificaciones al proyecto de ingreso igualitario al Poder Judicial, también a pedido de la Corte, establecen que se podrán designar en forma directa dos cargos letrados por parte del titular de la dependencia y que los concursos para ingresar deben ser realizados en la Corte Suprema, entre otros. De aprobarse este proyecto volverá a Diputados para su sanción.
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