La diputada Juliana Di Tullio presentó una demanda ante la Procelac para que se investigue a las firmas constituidas en Panamá y Delaware (EEUU), presuntamente dirigidas por Héctor Magnetto y sus socios.
La diputada nacional por el oficialismo Juliana Di Tullio presentó ante la Procuradoría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC) una denuncia para que las once sociedades offshore que directores del Grupo Clarín crearon en Panamá sean investigadas en el marco de una megacausa, junto a las 469 firmas ya denunciadas por el arrepentido del JP Morgan, Hernán Arbizu. Tres de estas firmas fueron de hecho parte de la presentación del ex banquero junto a otras empresas y personas físicas como Ledesma, Pampa Holding y Constantini. Además, la denuncia de Di Tullio busca equiparar el tratamiento judicial de todos los casos, para que se resuelva un problema de fondo de la Argentina, como la fuga de capitales.
En el escrito, Eduardo Barcesat, abogado patrocinante de Di Tullio, especifica el pedido de "que se investigue y se apliquen las sanciones legales previstas en la Ley 25.246 (ley antilavado) contra todas aquellas personas físicas que por sí, o en representación de las personas jurídicas que integran y/o representan, sea en calidad de autores, coautores, partícipes o encubridores, penalmente responsables, hayan constituido fondos, empresas, formulando depósitos o efectuado transferencias en moneda extranjera, que tuvieren su domicilio real o el de la administración societaria en territorio argentino (…) y que hayan efectuado las constituciones societarias y colocaciones de fondos en territorios extranjeros, en los comúnmente denominados 'paraísos fiscales'".
La denuncia pide que se investigue "la existencia de once sociedades que se habrían constituido en la ciudad de Panamá y en Delaware, Estados Unidos, dos paraísos fiscales identificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), hechos que comprenden al denominado 'Grupo Clarín' y a sus principales directivos".
La referencia es a las once sociedades anónimas, presuntamente creadas en 1979 por los directores Héctor Magnetto, Lucio Pagliaro, José Aranda y sus familiares. Las firmas en cuestión son Lafone International Corp, Hazel International SA, Harland Investment SA, Tayben Consultants SA, Luarán SA, Rultand SA, Inmobiliaria Valdivia, AGEA, Semar, Lexsol, Noirland. Estas últimas tres firmas figuran en las empresas que Arbizu ya denunció en 2008 y sobre las que el juez federal Sergio Torres pidió informes a Suiza y a organismos internacionales, en una causa que estuvo congelada cinco años y que se reactivó en forma indirecta con el impacto en la opinión pública que generó la investigación por presunta fuga de capitales y lavado de activos por parte del empresario cercano al kirchnerismo Lázaro Báez.
Entre las medidas preliminares, la denuncia pide que "se convoque a la Unidad de Información Financiera (UIF) a aportar todos los datos e informes sobre el objeto procesal de esta denuncia" y solicita que el organismo "se presente en la causa como representante del gobierno nacional con legitimación activa para impulsar la acción e investigación penal".
Asimismo, se pide que "se libre oficio vía rogatoria diplomática a efectos de que el GAFI remita toda la información que haya colectado sobre la situación de fondos, depósitos y transferencias en moneda extranjera efectuados por personas físicas y jurídicas, la cuantía de las operaciones y los mecanismos de que se valieran para sacar los fondos del territorio de la Nación argentina".
También requiere que "se libre oficio al Banco Central (BCRA) para que remita copias de todas las investigaciones o sumarios en curso, sobre remesas de moneda extranjera al exterior, así como toda la información vinculada a las mismas".
Según la denuncia, otro de los organismos que deberá informar será la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), "a efectos que remita fotocopias certificadas de las declaraciones juradas patrimoniales de las empresas que componen el denominado Grupo Clarín y sus directores". En la misma línea, el texto requiere que "se libre oficio a la Comisión Nacional de Valores (CNV)", para que preste la misma información que el resto de los organismos.
Por último, piden que la ONG Tax Justice Network remita copias de sus informes de los años 2011 y 2012, con los datos sobre lavado de dinero de Argentina. Justamente, en otra parte de la denuncia, Di Tullio cita un artículo del diario Perfil publicado hace unos días, donde se intenta mensurar el impacto económico de la fuga de capitales. La denuncia apunta que "los dineros provenientes de las actividades productivas realizadas en territorio argentino que han sido desviados, mediante distintos mecanismos, alcanzan la impensable cifra de 400 mil millones de dólares estadounidenses, sumas colocadas en empresas e instituciones bancarias radicadas o con sucursales en los denominados paraísos fiscales que identifica la referida investigación periodística y que, además, invisten la condición de lo 'público y notorio'".
Luego de haberse presentado ante la PROCELAC, Di Tullio manifestó en diálogo con distintos medios de prensa que en la Argentina de las 150 causas abiertas por lavado de activos, solo dos tienen condenas y se trata de "perejiles", mientras el fiscal Guillermo Marijuan "tiene frenada una investigación por 5000 millones de dólares", en relación al dinero de supuesta evasión que denunció Arbizu y al que se sumarían las 11 empresas de Clarín en Panamá. "Es un delito que en general pone como responsables a personas muy poderosas", dijo Di Tullio, y detalló que las condenas a las que hizo alusión son las de los casos Acosta Aguilera y Altamira, donde se produjo un decomiso de 5580 pesos.
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