Según la normativa, para cambiarle el destino a la parcela es necesario elevar un proyecto a la Legislatura. No son terrenos "linderos".
Los terrenos donde quieren emplazar el Centro Cívico no son "linderos" al neuropsiquiátrico, como afirmó el macrismo en estos días, sino que pertenecen al hospital. Así lo confirma el Código de Planeamiento Urbano (CPU), que incluye las dos hectáreas bordeadas por las calles Perdriel y Alcorta como parte del centro de salud en un terreno total signado como "E4 33" (Equipamiento Especial).
Se trata de una zona de "localización de usos singulares", específicos "de la actividad principal de que se trate". El CPU remarca que "cuando la situación del predio pretenda ser alterada afectando una superficie superior al 20% del total de la parcela o se incorporen usos que alteren el carácter predominante", deberá ser remitida a la Legislatura. A esto se agrega la Ley 3538, sancionada en 2010, que otorga "Protección ambiental - Ámbito Consolidado" a "la totalidad del espacio público y privado del Distrito" E4 33. Entre otros puntos, obliga a respetar la morfología y diseño paisajístico del conjunto, y agrega que "en caso de realizarse nuevas construcciones, estas deberán respetar la tipología".
Sin embargo, no obstante estas dos protecciones, los diputados porteños nunca recibieron un proyecto que trate la construcción del Centro Cívico. Sólo aprobaron la venta del Edificio del Plata (con votos del PRO y el FPV) para destinarlo a la nueva sede gubernamental, a instalarse en "algún lugar del sur", e incluso en la versión taquigráfica de esa sesión el bloque macrista avala que "no será en terrenos del Borda".
Para decir que son terrenos "linderos", la Ciudad se ampara en un acta de transferencia del año pasado, cuando el Ministerio de Salud porteño le cedió las hectáreas en cuestión al de Desarrollo Urbano, a pesar de que eran de uso activo por los profesionales e internos con el Taller Protegido 19 y la cancha de fútbol. Pero al cambiarle automáticamente el uso a esas tierras, que dejan de ser de Salud, la medida también debe ser tratada por los legisladores. Algo que nunca sucedió.
El gobierno porteño avanzó en el llamado a licitación con el decreto 121/2012, lo que motivó pedidos de amparo de legisladores y trabajadores. Si bien el 28 de diciembre la Cámara Contencioso Administrativa ratificó la cautelar de suspensión de las obras por considerar que los estudios y consultas institucionales no fueron realizados, vino luego en febrero un dudoso fallo de la jueza Andrea Danas, que avaló el Centro Cívico, considerando que "no se agregará ni se unirá al Borda", y que sólo "se recortará parte de su espacio libre".
Sin embargo, el CPU es claro acerca de que se debe consultar a la Legislatura ante cualquier alteración del uso, sea o no superior al 20 por ciento. La diputada María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular), una de las amparistas, lo calificó como "un fallo de celeridad pasmosa sosteniendo que los estudios se habían efectivizado, sin respetar las opiniones vertidas por la Cámara", y el legislador Adrián Camps (PSA) acotó: "Es un fallo escandaloso, totalmente político. Dice, por ejemplo, que al sacarle una parte del predio del Borda no estás modificando su uso porque el hospital sigue existiendo. Absurdo".
El fallo de Danas fue apelado, a la espera de la resolución final de la Sala II, que ya multó con 20 mil pesos a Macri, al procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, y a Chaín, por ingresar al Borda y demoler el Taller 19 desoyendo el amparo vigente.
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