Legisladores porteños presentarán un proyecto de ley en respaldo del legítimo derecho constitucional" de los trabajadores de la cooperativa de trabajo del restaurante, que resisten un desalojo.
Los legisladores porteños Claudia Neiras, María Elena Naddeo, Edgardo Form y María José Lubertino anticiparon que presentarán el proyecto de ley, al participar de una conferencia de prensa junto a los trabajadores del local de Villa Crespo.
De la conferencia también participaron Eduardo López (de UTE-CTERA) y el titular de la CTA, Hugo Yasky, además de representantes de distintas cooperativas y empresas recuperadas.
Los trabajadores iniciaron la ocupación del inmueble y comenzaron a trabajar hace cuatro meses, cuando la empresa produjo maniobras de vaciamiento y procuró cerrar el restaurante, ubicado en Estado de Israel 4503.
El delegado de los trabajadores, Andrés Toledo, explicó que durante esos meses el local resultó "muy rentable, tenemos mucho trabajo, nos pusimos al día con los proveedores a los que se le debía muchísimo dinero, también con los sueldos e impuestos".
El legislador Form explicó que el proyecto de ley que presentarán "en la legislatura porteña es en respaldo del legítimo derecho constitucional de los trabajadores que integran el restaurante Alé Alé para que puedan conservar su fuente de trabajo".
"Concretamente hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires, la 238, que establece la figura de ocupación temporaria que les permitiría a los trabajadores, haciéndose cargo del alquiler a los titulares de este inmueble, tener el tiempo suficiente para reinstalarse en otro local", precisó.
Resaltó la necesidad de considerar "las enormes acreencias que tienen los trabajadores con respecto a sueldos no pagados, vacaciones no pagadas e indemnizaciones impagas".
También consideró que los trabajadores deberían poder "trasladarse a otro ámbito donde cuenten con toda la infraestructura indispensable para continuar con lo que saben hacer, que es trabajar".
Por su parte, Yasky aseguró que "este es un reclamo absolutamente justo, que demuestra que, a veces, la búsqueda del lucro de un empresario al que de pronto le conviene más un negocio inmobiliario y deja 50 familias en la calle no va necesariamente en el mismo sentido que la búsqueda del bien común".
Evaluó que a veces "la voluntad de los trabajadores de defender la fuente de trabajo se para en una postura ética mucho más alta que la de un empresario que lo único que quiere es la plata en el bolsillo de él y el resto 'que se joda'".
El delegado Toledo informó a Télam que fueron notificados del desalojo "por el oficial de Justicia, Eduardo Piola, pero respondimos que vamos a resistir el desalojo, nos vamos a quedar acá de manera pacífica".
Toledo argumentó que "no somos delincuentes ni violentos, nos vamos a quedar acá porque somos trabajadores y lo único que queremos es trabajar".
Asimismo, pidió al juez que interviene en la causa, Martín Christello, que "reconsidere y recapacite su decisión y que retire la orden de desalojo que ha dictado para este restaurante".
"Queremos lograr un contrato de alquiler para irnos a otro local, si eso es lo que quieren, que nos vayamos, que nos den tiempo. Ofrecimos comprar el local mediante un préstamo, pero sólo nos responden con ironías", agregó.
Toledo también destacó que "el local es muy rentable, tenemos mucho trabajo, nos pusimos al día con los proveedores a los que se les debía muchísimo dinero, también con los sueldos e impuestos".
Por su parte, la abogada de los cooperativistas, Ornella Nociti, explicó que existe la sospecha de que la empresa que administra el lugar sea "fantasma".
"La denuncia se originó porque supuestamente los dueños pueden vender el lugar, pero me parece raro ya que tienen el CUIT inhabilitado porque no tiene empleados, ni se pagan cargas sociales", sostuvo Nociti, y agregó que "no lo digo yo, lo dice la AFIP".
Asimismo, la letrada explicó que "ahora el oficial de justicia debe notificar al juez la resistencia al desalojo por parte de los trabajadores y será él quien decida cómo seguir. Sólo nos queda esperar".
Por su parte, Pablo Holcman, abogado del dueño del inmueble, dijo que "ante la negativa de los ocupantes se labró un acta", que no fue aceptada ni firmada por el personal.
"Los trabajadores señalaron que continuarán realizando las guardias para evitar que un día lleguemos y esté todo tapiado", aseguró Toledo.
El delegado consideró que "es muy duro trabajar así, dormís mal lejos de la familia y después te levantás y empezás con tu jornada laboral de 10 o 12 horas, pero no nos queda otra; tenemos que hacerlo para defender la comida de nuestras familias".
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