Tras cuatro horas de debate, el PRO consiguió aprobar el decreto que el procesado jefe de gobierno porteño firmó para sostener legalmente al grupo Clarín. Uno de los puntos que mayor rechazo despierta es el que limita el derecho de huelga.
La Legislatura porteña consiguió ayer dictamen, tras cuatro horas de debate, para tratar en el recinto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del procesado jefe de Gobierno porteño, Mugrizio Macri, para garantizar la libertad de expresión en la Ciudad. El proyectosería tratado sobre tablas el próximo 30 de mayo.
La sesión comenzó en la Comisión de Asuntos Constitucionales -que preside el macrista Helio Rebot, cuenta con 15 miembros y una mayoría del PRO- para discutir el texto girado por el ex hijastro de Flavia Palmiero, que si bien ya tiene vigencia, debe ser ratificado o rechazado por el Parlamento en menos de un mes.
Durante el debate, el diputado porteño por el partido de izquierda MST Alejandro Bodart manifestó: "Me cuesta creer que Macri quiere proteger a la prensa, cuando en el Hospital Borda reprimió a todos, incluyendo periodistas".
"Defiendo las más amplias libertades de prensa y me opongo a toda amenaza sobre cualquier medio de prensa", dijo y aseguró que "detrás de este debate se encuentra el período electoral".
El diputado Pablo Bergel, de Proyecto Sur, manifestó su rechazo al decreto al recordar que "hace 15 días, la libertad de expresión fue gravemente comprometida por la represión de la Policía Metropolitana contra trabajadores de prensa durante los hechos del hospital Borda".
Por su parte, la diputada Claudia Neira, del bloque Buenos Aires, 2021, cuestionó la herramienta elegida por el Ejecutivo local para abordar el tema de la libertad de prensa y expresión al asegurar: "que el PRO sostenga que estamos frente a un DNU porque existe una emergencia es de una gravedad inusitada que preocupa".
"Hay que pensar si queremos que la Ciudad esté al margen del país y que haya leyes nacionales que no se puedan aplicar en el distrito. Hagamos un esfuerzo por no retroceder 200 años y porque no prime la libertad de empresa por la libertad de prensa", agregó.
La legisladora del Frente para la Victoria, María José Lubertino aseveró que el decreto de Macri "es de gran oportunismo político, un disparate jurídico y de gravedad institucional".
En tanto, los legisladores porteños Alejandro Bodart y Julio Raffo presentaron sendos proyectos alternativos respecto de la defensa de la libertad de expresión que se sumarán al tratamiento dentro de la comisión.
En defensa de la iniciativa, el diputado del PRO Rebot aseguró que "este decreto va a trascender a Mauricio Macri y va a proteger en el futuro a los periodistas cualquiera sea su opinión".
Más temprano, dirigentes de la oposición adelantaron su rechazo al decreto por considerar diversas argumentaciones contrarias como el aseverar que la resolución del Ejecutivo es "inconstitucional y carece de legitimidad" o bien sostener que está hecha "a la medida del Grupo Clarín" o vinculada a "cuestiones efectistas en un año electoral".
El DNU 2 del 14 de mayo firmado por el hijo bobo de Franco Macri, busca "garantizar la protección de los periodistas y de los medios de comunicación en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires" y denuncia "un plan del Gobierno nacional de hostigamiento contra la prensa independiente", según manifestó él mismo.
Además, impulsa que en el ámbito de la Ciudad sea creado un fuero judicial especial para que intervenga en asuntos que pongan en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión.
En el primer día de vigencia, el texto fue objetado a través de distintas presentaciones judiciales, entre denuncias penales y recursos de amparos, para frenar su aplicación, entre ellos, el elevado por los integrantes del bloque de Nuevo Encuentro (NE) en la Legislatura porteña, que consideraron que "es inconstitucional y de una gravedad institucional importante".
No obstante, las críticas al decreto también apuntaron sobre algunos artículos en particular, como el 11, que contempla restricciones al derecho a huelga cuando fija que "no podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada, la actividad profesional de los periodistas, productores y editores que se domicilien".
También cosechó repudio el artículo 16 que indica que "los inmuebles, registros marcarios, licencias de comunicación audiovisual, opiniones o ideas, que pertenezcan a periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, con domicilio en la Ciudad estarán protegidos inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, embargos, secuestros y ejecuciones administrativas”.
La legisladora de NE Gabriela Cerruti, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, anticipó su desacuerdo con el DNU al señalar que "tiene una gran cantidad de errores y es inconsistente" y agregar que "está hecho por un estudio privado, por lo que esperamos que el resto de la oposición comprenda que es una cuestión de respeto a las instituciones no acompañarlo".
El presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura, Juan Cabandié, ratificó que el DNU para la protección de la libertad de prensa y expresión está "hecho a la medida del Grupo Clarín, y carece de legitimidad y rigor jurídico".
Para Cabandié, es una medida "que beneficia al Grupo Clarín, porque tanto ese grupo empresario como Macri están preocupados por la aplicación de la Ley de Medios; entonces están utilizando estos instrumentos que carecen de legitimidad y rigor jurídico".
Para el diputado Dante Gullo, quien es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, "es un mamarracho que el jefe de gobierno porteño sea operador y vocero del Grupo Clarín, en vez de preocuparse por las cosas graves que ocurren en la Ciudad".
El diputado del Frente Progresista y Popular, Aníbal Ibarra, manifestó que el decreto “es inconstitucional porque va en contra de leyes nacionales” y lo que busca “es que no se aplique la Ley de Medios”.
Si bien apuntó que "el decreto dice un montón de cosas con las que estamos de acuerdo", advirtió que "tiene que ver más con una cuestiones efectistas en un año electoral que otra cosa".
María América González, legisladora del bloque Buenos Aires para Todos, indicó que “la Ciudad no puede arrogarse la potestad de legislar sobre una materia de carácter federal, como es el caso de los medios audiovisuales, los que se encuentran bajo el control de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual".
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