lunes, 28 de abril de 2014

El 86% de los medios gráficos dejó de publicar avisos de oferta sexual

Ocurrió desde la aplicación del decreto 936/2011, que prohibió este tipo de anuncios, en tanto que el promedio diario de publicaciones irregulares descendió de 950 en 2011 a 329 en marzo de este año.

"Estamos tratando de convencer a los diarios que aún no logran o no tienen interés en comprender lo que generan, para que se sumen a nuestra lucha contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas", dijo a Télam Chantal Stevens, coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual.

Stevens aclaró que "la mayoría de los medios entendió la medida muy bien y la comparte, por eso se redujeron notablemente las publicaciones; pero algunos medios, los mismos de siempre, se resisten porque siguen ganando mucha plata con eso".

"Necesitamos el apoyo de medios como los del grupo Clarín, La Capital de Rosario o La Capital de Mar del Plata, a los que hemos intimado para que se adapten a la norma", precisó y recordó que el diario Clarín "tiene una multa por más de 300.000 pesos pendiente que tampoco pagó y está en proceso de ejecución judicial".

Según las estadísticas elaboradas por esa Oficina del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde la creación del organismo en julio de 2011 se realizaron 115 actuaciones relacionadas a medios gráficos, lo que generó un descenso del promedio diario de publicaciones en infracción.

De 110 diarios monitoreados, 95 cumplen con la normativa y 15 publican avisos en presunta infracción, mientras que en lo que va de 2014 se detectaron 987 avisos presuntamente irregulares, informó la cartera de Justicia.

El informe destaca además que el promedio diario de publicaciones disminuyó en gran medida debido al acatamiento de la mayor parte de los medios al decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque pese a la prohibición los diarios de mayor tirada del país concentran el mayor porcentaje de avisos en presunta infracción.

Los diarios del Grupo (Clarín, La Razón, La Voz del Interior, Los Andes de Mendoza, Olé y Muy), concentran el 46 por ciento de las publicaciones de comercio sexual monitoreadas desde 2011 hasta la actualidad, según muestra el trabajo.

Sólo durante el mes de marzo esos diarios sumaron el 53% de los avisos en presunta infracción, mientras que Olé y Muy cesaron en la publicación de este tipo de mensajes.

"Cuando se dictó el decreto no teníamos como hoy la certeza de que efectivamente estas publicaciones se vinculan con causas de trata y explotación sexual; ahora tenemos una base de datos que nos sirve además para colaborar en causas legales, ya que podemos aportar domicilios, teléfonos y otros datos", puntualizó Stevens.

"El trabajo que hacemos es vanguardista, somos pioneros en esto en el mundo; tanto que la ONU tomó como recomendación la prohibición de estas publicaciones en seno de grupo de trabajo sobre trata de personas en octubre de 2011", subrayó.

La Oficina capacitó a más de 4.300 personas en talleres dirigidos a la población destinataria de anuncios engañosos relacionados con el comercio sexual, a jóvenes en situación de vulnerabilidad en busca de empleo y estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria.

También se brindaron capacitaciones a estudiantes de las carreras de periodismo y comunicación social y a docentes y se realizaron actividades en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Jujuy y la ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en los próximos días se realizarán jornadas en Mendoza, Chaco y Misiones.

El decreto 936/2011 creó en la órbita del Ministerio de Justicia la Oficina de Monitoreo, para prevenir la trata y erradicar los patrones socioculturales que reproducen la desigualdad de género. 

Otra de las misiones de esa dependencia es verificar que los medios de comunicación no publiquen avisos que promuevan la oferta sexual o que soliciten personas para ejercer ese comercio.

La Oficina también recibe denuncias vinculadas a la publicación de ese tipo de avisos y tiene la responsabilidad de imponer sanciones por incumplimientos a lo establecido en la norma. 

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