jueves, 4 de julio de 2013

Dos causas similares, pero que avanzan a ritmos muy distintos

Contrastes, avances y dilaciones entre las actuaciones que lleva Sebastián Casanello y las que comanda el juez Sergio Torres. Son las principales investigaciones por lavado en la historia argentina.
 
Juez Sergio Torres
Quizás no en forma voluntaria, la justicia suele tener en ocasiones un procedimiento selectivo con causas de igual tenor y que se refieren a un mismo tema.
 
A mediados del mes de junio, y a raíz de una serie de investigaciones de Tiempo Argentino, el juez Sebastián Casanello, abrió una nueva causa de presunto lavado de dinero que involucra a las principales corporaciones de la Argentina.
 
En pocos días, el magistrado emitió un pedido de pruebas de rutina para tener información sobre esas empresas, todas con cuentas en el JP Morgan; y luego aceptó, sin mayores cuestionamientos, el pedido de ser querellantes en la causa tanto de la UIF, como de la AFIP.
 
El proceder de Casanello –que además es el juez que lleva adelante la investigación por supuesta corrupción y lavado del empresario patagónico Lázaro Báez–, contrasta con el ritmo que muestran las otras dos grandes causas de lavado de activos que se derivan de la auto-denuncia que, en el año 2008, presentó el arrepentido del JP Morgan, Hernán Arbizu. 
 
Hace ya cinco años, Arbizu, que era responsable de Banca Privada del Morgan para Latinoamérica, realizó un fraude con traspaso de dinero entre tres cuentas de sus propios clientes. Cuando los clientes empezaron a ver que sus cuentas estaban vacías, llamaron al Morgan y, apremiado por la situación Arbizu reconoció la estafa ante la justicia argentina pero además otorgó un listado con 469 empresas y personas físicas de Argentina a las cuales él les había ayudado a lavar dinero por medio del mecanismo de back to back.
 
Juez Sebastián Casanello
La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional 12, a cargo del juez Sergio Torres, y en aquel entonces el magistrado le tomó declaración testimonial a Arbizu. Pero desde ese día hasta hoy, la causa estuvo virtualmente congelada y sin avances tampoco desde la fiscalía, con Guillermo Marijuan al frente, el mismo fiscal que citó a testigos de oficio en la causa Báez.
 
Pero todo tiene un por qué: la causa Arbizu –la más grande en la historia del país– involucra a las grandes corporaciones de la Argentina: Clarín, Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Ledesma, Constantini, Bunge, los dueños del Hyatt, entre otras.
 
Y, como si fuera poco, suma presiones del FBI y los Estados Unidos para extraditar a Arbizu, poniendo en riesgo al único testigo que nunca se desmintió y que, desde 2008, reconoce ser un delincuente que ayudó, amparado por el Morgan, a lavar dinero a las fortunas de este país. Lo particular es que muchas de esas empresas que están en la causa que lleva Torres, son las mismas que investiga Casanello, quien demoró poco menos de 15 días en poner en marcha las pesquisas.
 
Cabe aclarar que, desde 2008, Torres le negó en dos ocasiones a la UIF ser querellante en la causa Arbizu, con la excusa de que ninguno de los acontecimiento denunciados por Arbizu acontecieron en Argentina ni vincularon a clientes argentinos, algo a todas luces falso. Además, el magistrado se negó también al pedido de la UIF de pedir que se indague a Arbizu, paso legal que protegería en forma definitiva al reo del proceso de extradición que se cursa en los Estados Unidos.

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