Matteo Goretti formó parte del staff porteño y fue máximo referente de la Fundación Pensar. Está imputado luego de que en 2008 encontraran en su casa 58 piezas de arte precolombino robadas. El juez federal Ricardo Bustos Fierro demora la causa.
La Asociación de Amigos del Museo Ambato, ubicado en la ciudad cordobesa de La Falda, denunció a Tiempo Argentino que el juez federal del Tribunal Nº 1 provincial, Ricardo Bustos Fierro, se propone dormir la causa abierta contra Matteo Goretti, asesor de Mugrizio Macri, acusado por robar piezas arqueológicas millonarias de ese museo en 2008. Y que por eso, en los próximos días iniciarán una campaña pública para reclamar que el hombre PRO sea sometido a juicio oral.
Goretti es un fanático de la arqueología que cuando estalló el escándalo, intentó despegarse del jefe de gobierno porteño para evitar salpicarlo. Pero no pudo ante varias evidencias. No sólo es un viejo asesor del macrismo, sino que además ocupó primero la presidencia de la Fundación Pensar, usina del pensamiento amarillo, y después, una vocalía. Dijo no pertenecer al staff oficial, pero sin embargo repartía a diestra y siniestra tarjetas personales que le abrían puertas, donde chapeaba como personal del Ministerio de Hacienda encabezado por Néstor Grindetti. Su nombramiento fue avalado por la resolución Nº 848 del 30 de abril de aquel año, para desempeñarse como "personal de la planta de Gabinete" de ese ministerio. En esas tarjetas, el acusado daba como dirección de trabajo el "Piso 3, Of. 306" del Palacio de Gobierno, lugar donde se ubica la oficina de prensa. El teléfono y su correo electrónico también referenciaban a la administración porteña.
Además, se lo recuerda como formador de imagen de dos estrellas PRO: Horacio Rodríguez Larrata y María Eugenia Vidal.
¿Y estos adornitos? Al experto en cultura precolombina bien podría caberle esa vieja máxima de que si tiene cuatro patas, cola y muge, lo que está enfrente es una vaca. Hace cinco años, en plena búsqueda de objetos "perdidos" de un valor incalculable, Interpol allanó cuatro domicilios suyos, y en uno de la Capital Federal encontró 58 piezas arqueológicas que tiempo antes habían desaparecido del Ambato. Desesperado, manoteó como explicación que "mi colección fue relevada y registrada en 2007 por expertos designados por la autoridad pública, en cumplimiento de la Ley 25.743. En esa oportunidad informé por escrito a la autoridad de aplicación que la colección se encontraba en el mismo sitio donde sigue en la actualidad, que fue allanado el 18 de abril". Versión que, más que ayudarlo, lo siguió embarrando, porque la norma aprobada en 2003 otorgaba seis meses de plazo para registrar colecciones privadas. Nadie de su entorno explicó por qué esperó cuatro años en hacerlo.
Admitió que "se encontraron algunas piezas que habrían sido sustraídas años atrás de un museo privado de Córdoba", pero se atajó: "Yo desconocía totalmente esa situación. El origen de todas las piezas que estaban en la calle Libertad es de buena fe".
También se derrumbó la versión de que su acercamiento a Macri era sólo por afinidad política. Aunque aquel nombramiento en Hacienda era "ad honorem", los querellantes en el juicio que se le sigue descubrieron pagos del gobierno porteño a otra fundación presidida por Goretti, llamada Ceppa, de casi 140 mil pesos, como parte de casi 700 mil pesos que un "Programa de Mecenazgo" de la gestión habría girado al acusado.
Goretti se encuentra procesado e imputado por infracción a la Ley Nacional Nº 25.743 de protección de los bienes arqueológicos nacionales, proceso que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 cordobés, a cargo de Bustos Fierro. La causa, denominada "GORETTI MATTEO psS. Infracción Ley 25.743", Exp. Nro23-G-12 iniciado el 3 de mayo de 2012, es seguida de cerca por el fiscal Enrique José Senestrari. Hasta ahora, los abogados del asesor PRO, Jorge Anzorreguy y Marcos Juárez, no pudieron contrarrestar las evidencias que lo comprometen, pero usan como estrategia tirar de la cuerda el mayor tiempo posible, para que la investigación prescriba definitivamente.
Anzorreguy es el mismo que hace un tiempo defendió a Ernestina Herrera de Noble en la causa por supuesta apropiación de dos criaturas durante la dictadura militar. Hermano de Hugo, ex jefe de la SIDE en la época menemista, Jorge proviene del otro lado del mostrador. Colaboró con la CGT de los Argentinos de Raimundo Ongaro, y militó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) durante los años setenta.
La mano de Fierro. El abogado de la Asociación de Amigos del Museo Ambato, Eduardo Garbino, sostuvo que "estamos ante un delito federal, como es el robo de piezas arqueológicas que pertenecen al patrimonio de la Nación. Por lo tanto, resistimos la decisión de la justicia cordobesa de querer girar la causa a la Ciudad de Buenos Aires". El intento partió de Bustos Fierro, basado en que el domicilio allanado de Goretti está ubicado en territorio porteño. "No somos ingenuos –agregó Garbino–, hay muchas presiones y quieren que la investigación se caiga".
En 1997, el juez avaló un curioso pedido a favor de las empresas telefónicas vinculado al balanceo tarifario, que le valió una denuncia por "estafa procesal" del ex diputado socialista Héctor Polino. Estuvo involucrado en un dudoso procedimiento sobre narcotráfico, y también se lo recuerda por su intervención en el caso del "Proyecto Trafic".
Se trató de maniobras de contrabando descubiertas por un equipo de investigación de la Aduana, en las que aparecieron como imputados varios empresarios de Renault Argentina. El juez los sobreseyó en dos oportunidades, y la causa aún está abierta gracias a la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones.
Un ex empleado suyo, Santiago Houston, fue acusado por realizar escuchas telefónicas a periodistas y miembros de la justicia, pero la causa también languideció. Y en otro escalón de su carrera, bendijo con sus fallos a Carlos Domínguez Linares, un ex asesor legal del gobierno de Formosa durante la dictadura militar. Pero los últimos pasos del juez se relacionan con la comunicación. Por ejemplo, su resolución del 2011 a favor de la empresa Cablevisión, en pleno debate por la Ley de Medios.
El magistrado autorizó un fuerte incremento en el costo del abono. No sólo lo denunció la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno, sino además Julio Piumato, en representación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Hoy, Piumato se olvidó del tema, ya no es más kirchnerista.
Hace pocos días, se convirtió en el primer magistrado en avalar una acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Córdoba, como parte de la estrategia para boicotear el proyecto de democratización de la justicia. Lo de Bustos Fierro fue un trabajo a medida de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
No hay comentarios:
Publicar un comentario