Dos contratistas fueron acusados de reducción a la servidumbre y de trata de personas sobre 85 trabajadores que estaban en riesgo sanitario. Los detectó la AFIP.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a 85 trabajadores rurales sin registrar, entre los que se encontraba un menor de 16 años, tras realizar un allanamiento en la finca "La Maravilla", Departamento San Martín, provincia de Salta.
A partir de los procedimientos, dos contratistas fueron detenidos por los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas, previstos en el Código Penal.
Además, el predio rural fue clausurado debido a que los desmontes que se llevaron a cabo no se encontraban autorizados.
Los empleados estaban bajo las órdenes de los contratistas Héctor Leocadio Juárez y Hugo Corbalán, quienes quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal de Orán.
Asimismo, se llamó a indagatoria a los contratistas Juan Carlos Díaz y María Del Valle Mansilla, como así también de los titulares de la finca, los franceses Bernard Paul Vuillermet y Charles Frederik Vuillermet, quienes resultan solidariamente responsables penal y patrimonialmente.
Una denuncia telefónica anónima dio la pista a la AFIP para iniciar en forma inmediata la investigación que derivó en el operativo.
Al momento del allanamiento, los trabajadores realizaban tareas de descampe y desmonte, sometidos a condiciones laborales y de vivienda en extremo precarias, con alto riesgo sanitario.
Los obreros carecían de elementos mínimos de seguridad para realizar sus labores y se veían obligados a vivir en condiciones infrahumanas, en chozas construidas con plásticos y palos, con sus colchones tendidos sobre la tierra. Tampoco contaban con agua potable, energía eléctrica, ni sanitarios, y estaban aislados en el campo sin medios de traslado ni asistencia médica. En la zona se padecen temperaturas extremas.
La AFIP solicitó nuevas detenciones y medidas probatorias, además de la participación inmediata a los Ministerios de Medio Ambiente y de Desarrollo Social -tanto provincial como nacional- a fin de que se brinde la asistencia necesaria a los trabajadores relevados.
La orden de allanamiento fue liberada por el Juzgado Federal de Orán a cargo del Dr. Raúl Reynoso, Secretaría Penal N° 2 a cargo del Dr. Alejandro Daher.
Participaron de los procedimientos efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina y de Gendarmería Nacional.
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