La demolición del "Almacén de Alonso", un sitio histórico del barrio porteño de Floresta, es un ejemplo de un plan de destrucción de decenas de edificios que son patrimonio de la historia de la Ciudad de Buenos Aires en pos del negocio inmobiliario, aseguraron organizaciones sociales y efectores judiciales.
"Hay tres formas en las que el Gobierno porteño está procediendo en referencia a estos edificios en peligro: una es la autorización de demolición ignorando la protección legal, otra es la vía de hecho que implica que no autoriza por escrito pero deja hacer y la tercera es ocultando los expedientes de obras", precisó a Télam Cecilia González de los Santos, Defensora en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4 de la Ciudad de Buenos Aires.
La situación del "Almacén de Alonso", ubicado en la esquina de San Nicolás y Aranguren es el más reciente ejemplo de esta política: "el 1º de octubre habíamos logrado una cautelar y dos días después un vecino nos alertó que el edificio había sido tirado abajo".
"El 4 informamos al Juzgado que se había incumplido la cautelar y pedimos que se traslade la causa al fuero penal por incumplimiento de deberes de funcionario público. El 11 solicitamos una nueva cautelar ratificando un pedido de reconstrucción y pidiendo que no se pueda edificar", detalló González de los Santos.
El Juzgado Contencioso Administrativo Nº17, a cargo del Marcelo Segón, no se expidió sobre los pedidos y directamente dictaminó una sentencia en la que expresó que la causa deviene en "abstracto" porque el edificio ya no existe.
"La resolución es arbitraria porque el juez no puede resolver el tema de fondo sin un procedimiento mediante el cual las partes podamos presentar prueba, es decir, no se dio el debido proceso", detalló la funcionaria.
El jueves, la defensora apeló este fallo que ahora debe resolver alguna cámara del fuero contencioso administrativo (todavía no fue sorteada), al tiempo que el juzgado de primera instancia debe determinar si da lugar a una multa de 20 mil pesos pedida para el Procurador General de la Ciudad por haber incumplido la cautelar y, lo central, impedir que se construya en el predio.
"Una situación similar fue la que sucedió en el Taller Protegido 19 del Borda, cuando el Gobierno de la Ciudad ordenó la demolición, estaba vigente una cautelar", precisó.
La Capilla y Convento de la Iglesia de las Victorias (Libertad 870) y el Convento de la Iglesia Santa Catalina de Siena (San Martín 705) tienen, sólo por el momento, mejor suerte.
"Lo que nosotros estamos dejando en claro es que no basta con que un edificio se declare como protegido o sea monumento histórico, igualmente puede ser demolido, o al menos lo pueden intentar", aseguró María Carmen Arias Usandivaras, presidenta de la organización Basta de Demoler que se encuentra trabajando en al menos 15 lugares que corren este peligro.
Arias Usandivaras detalló que, en el caso de Las Victorias, "encontramos aprobado un proyecto por el cual se desafectó la protección a parte de la parcela (que en realidad es única según catastro) y se autorizó la demolición de la capilla para construir cocheras en el subsuelo y la construcción de un edificio -espejado- de oficinas para la renta por sobre el convento".
En el caso de Santa Catalina, que es un Monumento Histórico Nacional, el Gobierno porteño autorizó un proyecto de 18 pisos con cinco más de cocheras subterráneas, lo que estaba prohibido por las normativas de zonificación.
"En una situación similar se encuentra la Villa Roccatagliata (Avenida Balbín 2603) donde el Gobierno porteño aprobó un proyecto inmobiliario de 43.000 metros cuadrados que viola también las normativas, ya que la villa figura en el listado preventivo de protección", señaló por su parte Dora Young de la Asociación Civil Amigos Estación Coghlan.
Young también mencionó que "la venta de la estación de servicio, que ya había eliminado el espacio verde, un pulmón en el barrio, también fue realizada sin tomar en cuenta las leyes que regulan la construcción en la zona".
Todas las obras antes mencionadas se encuentran frenadas por medidas cautelares, pero, esto tampoco le brinda tranquilidad a los vecinos ya que, además del Almacén de Alonso y del Taller Protegido 19 otros dos inmuebles dan testimonio de que la Justicia no es un freno: la demolición de los edificios de Puán 123 y de Estados Unidos 944, ambos con cautelares cuando se los tiró abajo.
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