Juan Manuel Abal Medina, Carlos Zannini y Martín Sabbatella comenzaron a delinear la respuesta del gobierno nacional. Para el ejecutivo, la sentencia es "a la medida" del Grupo Clarín.
Desde el gobierno interpretaron el fallo de la Cámara Civil y Comercial sobre la Ley de Medios como un veredicto "a la medida" del Grupo Clarín y anticiparon el previsible planteo de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que resuelva en última instancia.
Aunque fuentes oficiales reconocieron que sorprendió la partición del articulado que hicieron los jueces –dando por válidos dos de los cuatro artículos cuestionados–, subrayaron que el fallo, en la práctica, impide que Clarín desinvierta, a partir de salvar los incisos que impactan principalmente en la limitación a la cantidad de licencias para el servicio de prestación de cable, principal fuente de ingresos del holding y donde registra la mayor cantidad de incumplimientos.
"Vamos a atacar el fallo porque consideramos que la ley es absolutamente constitucional", señalaron desde la Casa Rosada, a la vez que consideraron "deliberadamente intrincada" su redacción con la intención de "salvar los incisos que permiten a Clarín no cumplir con la ley".
"Con este fallo se previenen futuros monopolios pero se protegen los actuales", analizaban desde el Ejecutivo, donde un examen exhaustivo de la sentencia llevó a la conclusión de que se dejaba abierta la puerta para que el grupo empresario reclame derechos adquiridos sobre las licencias excedidas. De esta forma, desde el gobierno entendieron que el fallo anula una de las bases de la ley que prohíbe la creación de futuros monopolios pero que limita a los actuales, por más que sean preexistentes a la norma.
De todas formas, otras fuentes oficiales destacaron que luego del trabado derrotero judicial que mantuvo suspendida la norma por más de tres años y medio, el reconocimiento de la constitucionalidad es "medio paso adelante", ya que preveían que los jueces iban a inclinarse por la inconstitucionalidad de todos los artículos cuestionados. Sin embargo, otra lectura del fallo apuntó que el objetivo era lograr que ambas partes tengan motivos para recurrir a la Corte con agravios cruzados.
Apenas notificado del fallo, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, mantuvo una reunión con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y con el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Los equipos técnicos de ambas carteras ya comenzaron a trabajar en el escrito de apelación que será presentado a través de la Procuración del Tesoro ante la Sala I de la Cámara en los próximos días.
Según pudo saberse, en ese escrito se recordará la denuncia formal que presentó el gobierno contra dos de los tres jueces que firmaron el fallo. Francisco De las Carreras está siendo investigado penalmente por haber asistido a un seminario en Miami pagado por una ONG vinculada a Clarín, mientras que su par Ricardo Guarinoni se excusó de intervenir previamente en la causa por haber sido parte del mismo viaje.
Los plazos legales contemplan diez días hábiles para que ambas partes puedan recurrir este veredicto, luego del cual los camaristas resolverán si elevan el expediente o si rechazan conceder el recurso. En ese último caso, el Estado podrá ir en queja directamente al máximo tribunal, que no tiene plazos formales para expedirse sobre la cuestión de fondo. De todas maneras, desde el Ejecutivo descartan que la Corte deberá otorgar prioridad al tratamiento del expediente.
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