DESDE QUE ASUMIÓ EL EQUIPO DE MUGRIZIO MACRI, EL PARTIDO PUSO EN PRÁCTICA ACCIONES QUE CRITICABA CUANDO ERA OPOSICIÓN. EL POLÉMICO DESPLAZAMIENTO DE BEVAQUA DEL INDEC, EL ACUERDO CHEVRON-YPF Y EL TEMA GANANCIAS, ENTRE LOS TEMAS DESTACADOS.
El aval de la Oficina Anticorrupción al acuerdo entre YPF y Chevron significó, para el régimen fascista, una nueva puesta en práctica de una acción que criticaba cuando era parte de la oposición.
Antes, otros hechos habían comenzado a marcar las serias contradicciones de la alianza de derecha Cambiemos desde su llegada al poder.
► El desplazamiento de Bevacqua
La ex directora técnica del INDEC había sido transformada en mártir por el PRO y la UCR cuando el gobierno kirchnerista intervino el organismo estadístico y la desplazó de su cargo. La intervención sirvió de argumento para deslegitimar el Índice de Precios al Consumidor -y por ende la cifra de inflación oficial-, al afirmar que estaba calculado por una "patota" que respondía al entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Al asumir Jorge Todesca al frente del organismo, una de las primeras decisiones, como gesto político, fue reincorporar a Bevacqua. Sin embargo, a los pocos días y debido a la oposición de la funcionaria a no publicar el índice por ocho meses, Todesca decidió tomar la misma decisión que la administración anterior y la echó del organismo.
► Inflación, formadores de precios y multas
Como oposición, los economistas del PRO sostenían que la inflación de los últimos años estaba originada en una descontrolada emisión monetaria y en la devaluación del peso. Rechazaban de plano la acusación del anterior gobierno contra los "formadores de precios", afirmaban que se trataba de empresarios que solo buscaban una ganancia y lo consideraban parte del "relato" que había creado el kirchnerismo. Si el gobierno multaba a las empresas, era duramente cuestionado por la oposición, que lo interpretaba como un avasallamiento de libertades.
Una vez en el gobierno, el secretario de Comercio, Miguel Braun, vivió en carne propia la presión de supermercadistas, que en apenas un mes remarcaron precios con aumentos de entre el 30 y el 40 por ciento, incluso antes del levantamiento del cepo cambiario y la posterior devaluación. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat el Gay, reconoció entonces la existencia de empresarios que presionaban al gobierno y anunció que la Secretaría a cargo de Bran multaría a quienes no pudieran justificar los incrementos.
► Acuerdo YPF - Chevron
Desde la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso avaló la confidencialidad del contrato entre ambas petroleras, que había criticado en durísimos términos cuando se firmó. "Corre frío por la espalda", llegó a escribir en Twitter. Lo propio habían hecho diputados y senadores radicales, que hoy integran la coalición de gobierno y, por el momento, no se manifestaron al respecto.
Ahora, Alonso remarcó que "las cláusulas de confidencialidad son habituales en los contratos de petroleras en todo el mundo y revelarlas podría ser grave" y admitió que "me informé mejor sobre el contrato YPF-Chevron y por eso cambié de opinión".
► Jueces de la Corte
Cuando la ex presidenta Cristina Kirchner propuso, un año antes de terminar su mandato, a Roberto Carlés para integrar la Corte Suprema, la oposición en su totalidad se unió en contra de su designación, con el argumento de que la entonces jefa de Estado no tenía legitimidad para hacerlo, ya que estaba "en retirada" (a pesar de que le quedaba un cuarto de mandato). Uno de los más enfáticos fue el senador Ernesto Sanz, que por entonces ideaba la alianza con Macri y Elisa Carrió.
A pocos días de asumir, Macri designó "en comisión", a través de un decreto de necesidad y urgencia, a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como los reemplazantes de Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt, haciendo uso de una facultad constitucional que jamás había sido utilizada ni por Cristina ni por Néstor Kirchner, y que era duramente cuestionada en el ámbito jurídico, incluso por el propio Rosatti en uno de sus textos. El escándalo que se generó forzó al Ejecutivo a dar marcha atrás y enviar los pliegos al Senado, como había ocurrido con Carlés.
► Ganancias
"En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar Impuesto a las Ganancias", prometió Mauricio Macri en campaña. La frase quedó eternizada en un spor publicitario en el que el pelotudo se muestra sonriente junto a un grupo de operarios de una fábrica. Se apoderaba, así, de una de las principales reivindicaciones de todas las centrales de trabajadores, que le exigían permanentemente una modificación del gravamen al gobierno de CFK.
Cuando asumió y luego de tomar una serie de medidas que impactaron de lleno en el bolsillo de los trabajadores (devaluación, quita de retenciones, tarifazo eléctrico), Macri anunció la elevación del Mínimo no Imponible y derogó el decreto de Cristina Kirchner que lo había establecido en 15 mil pesos. Por la derogación de esa norma y falta de modificación de las escalas, a pesar de subir a 30 mil pesos, más de 100 mil jubilados y 200 mil trabajadores que antes no debían pagar el impuesto pasaron a tener que hacerlo.
► Congreso express
Para lograr un acuerdo con los fondos buitre, el gobierno dio curso al pedido del juez Thomas Griesa de derogar las dos leyes que traban esa negociación: la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano. El Ejecutivo envió los proyectos al Congreso y busca tratarlos en tiempo récord, para poder avanzar lo antes posible con la emisión de deuda, pagarles a los buitres y salir a buscar dinero a tasas más bajas.
Sin embargo, en una de las reuniones de comisión, el diputado Néstor Pitrola, del Partido Obrero, les recordó a los ahora funcionarios oficialistas que cuando integraban los bloques opositores ponían el grito en el cielo cuando el kirchnerismo pretendía dar un "tratamiento express" a proyectos de ley, y argumentó que la importancia del pago a los buitres no podía ser sometida a un procedimiento así.
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