Un grupo de abogados cordobeses, encabezados por el titular del Frente Grande en la provincia, Horacio Viqueira, presentó una denuncia penal ante la Justicia federal por la posible comisión de delitos como "sedición" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por quienes protagonizaron el conflicto policial que derivó en hechos de violencia y saqueos en el distrito.
En la presentación, los letrados piden a la Justicia Federal que se avoque a la instrucción de la causa a los fines de "identificar a los responsables penales, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a una acusación".
La denuncia quedó formalizada ayer al mediodía ante la Fiscalía de turno a cargo de Graciela López de Filoñuk, que por un grupo de abogados encabezados por el titular del Frente Grande provincial y directivo de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).
En uno de sus párrafos, la presentación indica que el "autoacuartelamiento" llevado adelante por la policía provincial en reclamo de una mejora salarial constituye "una medida claramente ilegal, agravada por las sospechas de que, además, personas que impulsaban esa medida podrían estar involucradas en la organización de los saqueos".
Además, sostiene que "esta rebelión policial de Córdoba (en referencia a los hechos ocurridos entre el 3 y el 5 de este mes), fue la primera de una serie que se sucedieron con posterioridad con otras Policías de la mayoría de las provincias argentinas, con contenidos y resultados prácticamente idénticos".
En este marco, plantea que el accionar policial "configuró un verdadero alzamiento en armas contra los poderes públicos, que debe ser reprimido por la ley penal de nuestro país", porque "estuvo afectado el sistema federal".
"La investigación deberá ser cuidadosa y precisa en diferenciar la conducta de algunos oficiales y jefes, de la tropa, porque creemos que es importante no meter a todos en la misma bolsa", postula en otro tramo la presentación judicial.
En tanto, en declaraciones radiales, Viqueira subrayó que la intención de la denuncia es que la Justicia investigue si "ha habido promoción de este clima propicio a los saqueos" por parte de la policía.
Además, señaló que se pidió que se investigue "la posible conectividad entre los siete jefes policiales detenidos por narcotráfico con estos acontecimientos".
Sostuvo que, para ello, pidieron "una serie de medidas de prueba", entre ellas que "se estudien a estas personas que tuvieron una actitud muy activa en la promoción del delito".
"Uno no es inocente y sabe que esto se ha dado en Córdoba en una coyuntura muy especial porque hace muy poco tiempo se detuvo a gran parte de la cúpula policial vinculada con delito de narcotráfico y se removió al ministro de Seguridad, que era un jefe policial, y a toda su estructura de funcionarios", remarcó Viqueira.
En uno de sus párrafos, la presentación indica que el "autoacuartelamiento" llevado adelante por la policía provincial en reclamo de una mejora salarial constituye "una medida claramente ilegal, agravada por las sospechas de que, además, personas que impulsaban esa medida podrían estar involucradas en la organización de los saqueos".
Además, sostiene que "esta rebelión policial de Córdoba (en referencia a los hechos ocurridos entre el 3 y el 5 de este mes), fue la primera de una serie que se sucedieron con posterioridad con otras Policías de la mayoría de las provincias argentinas, con contenidos y resultados prácticamente idénticos".
En este marco, plantea que el accionar policial "configuró un verdadero alzamiento en armas contra los poderes públicos, que debe ser reprimido por la ley penal de nuestro país", porque "estuvo afectado el sistema federal".
"La investigación deberá ser cuidadosa y precisa en diferenciar la conducta de algunos oficiales y jefes, de la tropa, porque creemos que es importante no meter a todos en la misma bolsa", postula en otro tramo la presentación judicial.
En tanto, en declaraciones radiales, Viqueira subrayó que la intención de la denuncia es que la Justicia investigue si "ha habido promoción de este clima propicio a los saqueos" por parte de la policía.
Además, señaló que se pidió que se investigue "la posible conectividad entre los siete jefes policiales detenidos por narcotráfico con estos acontecimientos".
Sostuvo que, para ello, pidieron "una serie de medidas de prueba", entre ellas que "se estudien a estas personas que tuvieron una actitud muy activa en la promoción del delito".
"Uno no es inocente y sabe que esto se ha dado en Córdoba en una coyuntura muy especial porque hace muy poco tiempo se detuvo a gran parte de la cúpula policial vinculada con delito de narcotráfico y se removió al ministro de Seguridad, que era un jefe policial, y a toda su estructura de funcionarios", remarcó Viqueira.
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