Diputados presentaron una denuncia penal para que se investiguen los negociados del Grupo Macri con los parque eólicos en Chubut

LOS DIPUTADOS KIRCHNERISTAS RODOLFO TAILHADE Y MARTÍN DOÑATE SUMARON ESTE MIÉRCOLES UNA NUEVA DENUNCIA CONTRA EL RÉGIMEN FASCISTA A TRAVÉS DE UNA PRESENTACIÓN JUDICIAL EN LA QUE ACUSAN A FUNCIONARIOS NACIONALES DE FAVORECER "DE MANERA ILEGAL" AL GRUPO MACRI.

Los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) exigieron ante la Justicia que se investigue quiénes fueron los funcionarios del régimen fascista que "favorecieron de manera ilegal" a distintas empresas vinculadas al grupo de la familia de Mugrizio Macri Blanco Villegas en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos. 

De acuerdo a los denunciantes, las compañías obtuvieron ganancias por casi U$S 50 millones en pocos meses gracias a una maniobra fraudulenta que "podrían configurar delitos contra la administración pública". La causa recayó en el Juzgado Federal 8 a cargo del juez Martínez de Giorgi y la fiscalía N° 3 bajo la tutela del fiscal federal Eduardo Taiano.

La denuncia surgió tras una investigación periodística del semanario Perfil que reveló que el Grupo Macri compró y luego revendió seis parques eólicos a través de la empresa española Isolux en 2016. La investigación indicó que a los pocos meses el Grupo Macri traspasó esos contratos de explotación a un tercero obteniendo millones de dólares de ganancias.

La semana pasada el propio ex hijastro de Flavia Palmiero participó en Rawson de la inauguración de uno de los parques eólicos que está bajo sospecha. El predio chubutense es el parque eólico más grande de la Argentina y uno de los más importantes de América Latina.

En el inicio de sus operaciones, ene enero de 2012, contaba con 43 aeronavegadores y una producción eléctrica de 300.000 MWh anuales, la que inyectada al Sistema Argentino de Interconexión representaba energía suficiente para alimentar 100.000 hogares en ese período.

Denuncia presentada por los diputados del FpV

Los papeles que el Grupo Macri no quiere mostrar: La Justicia pide documentación por el escándalo del Correo Argentino

EL JUEZ ARIEL LIJO REQUIRIÓ LA ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL HOLDING DE LA FAMILIA DE MUGRIZIO MACRI BLANCO VILLEGAS. TOMO LA DECISIÓN LUEGO DE QUE EL FISCAL JUAN PEDRO ZONI ADVIRTIERA QUE LAS RESPUESTAS DADAS HASTA AHORA EN LA CAUSA EN LA QUE ESTA IMPUTADO EL EX HIJASTRO DE FLAVIA PALMIERO "RESULTARON SER INSUFICIENTES".

Los datos que el Grupo Macri aportó en la causa penal por el escándalo del Correo Argentino no convencieron al juez Ariel Lijo, quien ahora requirió al Banco Central la entrega de toda la información contable de las empresas del holding de la familia del Presidente. El magistrado solicitó los libros contables, las actas de asamblea y directorio, balances, inventarios y libros extracontales para tratar de avanzar en la investigación de la causa que tiene a Mugrizio Macri Blanco Villegas como principal imputado.

La decisión del magistrado fue tomada luego de que el fiscal Juan Pedro Zoni considerara que la documentación y las respuestas dadas por Sideco, Socma y Correo Argentino en junio pasado "resultaron ser insuficientes”. Por entonces se habían pedido los libros contables, actas de asamblea, registro de acciones e inventarios, entre otros papeles.

Lo que se trata de establecer es si existieron irregularidades en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado, a través del ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aceptó el año pasado para que la familia Macri salde su deuda millonaria por la concesión del Correo Argentino, con una quita del 98,8 por ciento.

A principios de este año, la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín, había estimado que la quita representaba un multimillonario perjuicio para el erario público. El propio Macri Blanco Villegas fue imputado en el caso por un posible conflicto de intereses. Pero luego de que su participación fuera desestimada, la nueva línea de investigación apunta a esclarecer "un posible vaciamiento a favor de las empresas controlantes en perjuicio de los acreedores".

En la causa también fueron imputados Aguad, y su director general de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Luego se agregaron más directivos del Grupo Macri. Zoni, en tanto, se basó en dictámenes de su colega del fuero comercial Gabriela Boquín, quien en un comienzo denunció que el acuerdo por la deuda de 4000 millones de pesos era “ruinoso” y “abusivo” y luego detectó maniobras de todo tipo vinculadas a ese proceso.

Una de ellas, en sus propias palabras, eran movimientos de dinero (de las cuentas del concurso preventivo) para, por ejemplo, que el Correo Argentino le comprara a Socma acciones de una sociedad radicada en Uruguay llamada Neficor para un negocio automotriz por 2.100.000 dólares. Y si el Correo quebraba las acciones se las quedaba Socma.

Las estrategias de los Macri para no pagar la deuda del Correo

UNA AUDITORÍA OFICIAL REVELA CÓMO HIZO EL GRUPO MACRI PARA NO AFRONTAR LA DEUDA QUE MANTIENE CON EL ESTADO DESDE 2001. EN 2016, EL RÉGIMEN FASCISTA LE QUISO CONDONAR EL CÓMPUTO DE INTERESES A LA EMPRESA DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL Y, TRAS UN INFORME CRÍTICO, ECHÓ AL PROCURADOR DEL TESORO, CARLOS BALBÍN.

Mugrizio Macri decidió echar al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, luego de que éste abriera un sumario por el escándalo de la condonación de los intereses de la deuda que la empresa Correo Argentino S.A. -del grupo Macri- mantiene con el Estado.

El portal Nuestras Voces reveló la auditoría sobre la que Balbín basó su crítico escrito sumarial, que detalla las estrategias dilatorias del Grupo Macri para no afrontar una deuda que ya tiene 16 años. Además, destaca la desidia del Estado -que no pidió nunca la quiebra de la empresa- y el aval que le concedió la Justicia, que no intervino para resolver la situación.

La auditoría fue realizada por el abogado Guillermo García, un empleado de planta del Tesoro. En su escrito, García advierte que “paradójicamente” el concurso impulsado por el Correo cuando estaba en manos del Grupo Macri, todavía se encuentra en el “período de exclusividad”. Dicho período, por ley, dura 90 días con la posibilidad de extenderlo 30 días más. Sin embargo, el concurso del beneficiado holding de la familia presidencial, lleva 16 años.

García también critica el accionar de los funcionarios del Estado, quienes no “efectuaron cuestionamientos” frente al insistente entorpecimiento del proceso que impulsaba el Grupo Macri a través de “peticiones de todo tipo, varias de las cuales fueron sorprendentemente receptadas por el Tribunal y silenciosamente aceptadas por el Estado”. 

Luego, el auditor califica de “evidente” que el paso del tiempo generó una “degradación, a valores constantes, del crédito que reclama el Estado”, cuyo monto ascendía en 2001 a casi 300 millones de pesos, pero si se computaran los intereses que demandó la fiscal Gabriela Boquín, la deuda sería de más de 70 mil millones de pesos. El actual régimen y el Grupo Macri consideran que no deberían computarse. 

Sin embargo, García sostiene que "la situación se torna más grave" a raíz de las acciones legales Correo Argentino S.A., promovió contra el Estado Nacional, "tendientes al resarcimiento de los daños que, manifiesta, le habría generado el accionar del Estado”. Se refiere a dos juicios del holding contra el Estado, uno de ellos relacionado con una indemnización por la estatización del Correo, por el cual la familia presidencial reclama 2365 millones de pesos. 

Antes de ser expulsado de la Procuración del Tesoro, Balbín criticó la llamativa duración de la causa y el perjuicio que ésta le generaba al Estado; también hizo hincapié en las triquiñuelas legales del Correo y la inacción del Estado. El punto clave que molestó al Ejecutivo, fue la opinión de Balbín sobre los intereses, frente a los cuales el régimen macrifascista invoca la ley de quiebras, que indica que los intereses se suspenden desde la presentación del concurso, es decir desde 2001. Sin embargo, para el ahora ex procurador “la doctrina advierte que tal suspensión no es absoluta” y es la interpretación que “podría ser invocada” en este caso.