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viernes, 12 de enero de 2018

El régimen macrifascista rebaja sanciones a empresas y favorece al Correo Argentino

SE BAJARÁN POR DECRETO LAS MULTAS Y EL PLAZO DE PERMANENCIA EN EL REGISTRO DE INCUMPLIDORES A LAS EMPRESAS QUE TENGAN TRABAJADORES SIN FORMALIZAR. EL CORREO ARGENTINO FIGURA ENTRE LAS BENEFICIADAS POR LA MEDIDA.

El Correo Argentino fue multado por no registrar trabajadores en una de sus sucursales de Santa Fe. 

Las irregularidades detectadas por el Ministerio de Trabajo en mayo del año pasado quedaron subsanadas cuando regularizó la situación laboral y pagó la sanción correspondiente. 

La mala registración de empleados convirtió a la firma en la única dependencia estatal mencionada en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). Los inspectores de la cartera encabezada por Jorge Triaca inscribieron al “Correo Oficial de la República Argentina” en el listado de infractores el 15 de diciembre. La estadía mínima prevista en el registro son 60 días y la máxima asciende a 3 años, dependiendo de la gravedad de las irregularidades cometidas. 

La presencia en el Repsal implica una serie de penalidades y restricciones para percibir beneficios estatales como subsidios o acceder a créditos de la banca pública. En el mejor de los casos, la firma estatal figuraría hasta mediados de febrero pero un decreto que está listo para ser publicado en el Boletín Oficial le permitirá salir el próximo lunes. La normativa que preludia la reforma laboral reduce el plazo de permanencia de todos los infractores en materia laboral a 30 días. La flexibilización del Repsal estará acompañada por una reducción de las multas. 

La precarización laboral es uno de los principales problemas del mercado de trabajo argentino. Aunque el extenso listado de infractores está dominado por microempresas, las modificaciones beneficiarán a compañías con más de cien empleados. Los registros oficiales consultados por PáginaI12 revelan que a lo largo de los últimos dos años grandes firmas como Quilmes, La Serenísima, Mostaza, Andreani, Adecco, Bodega Norton, Centro Gallego y Nevares incumplieron con la normativa laboral vigente al registrar trabajadores de manera irregular. Todas fueron sancionadas pero el registro de incumplimientos permanece en el Repsal.

El listado de infractores creado por la Ley de Promoción del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral de 2014 apuntaba a fortalecer la sanción y exposición de los empresarios evasores. Figurar en el Repsal implica un conjunto de penalidades y restricciones de acceso a beneficios estatales para que las empresas sancionadas no compitan en forma desleal usufructuando de las ventajas económicas derivadas de incumplir con las normas. La medida presionaba sobre los infractores que, por ejemplo, se veían impedidos a cobrar subsidios o participar de una licitación. 

Los colaboradores del ministro Triaca entienden que la presencia de una empresa en el Repsal resultaba en situaciones de ahogo financiero y crisis para los infractores. El texto del DNU que sería publicado hoy ofrece una justificación menos directa para los cambios al considerar “indispensable proceder a modificar los plazos de permanecía en el registro” por “incidencia en la contratación y acceso al crédito respecto a quienes resulten incluidos”. Por eso, sin importar el tipo de infracción o delito cometido, los empleadores figurarán en el listado durante un máximo de 30 días.

También estarán durante ese plazo en el listado las empresas que obstruyan las inspecciones. Hasta ahora las firmas que impedían las fiscalizaciones permanecían 180 días en el Repsal además de estar obligadas a pagar una multa y regularizar la situación laboral. A partir de la publicación del decreto quienes no permitan el registro de sus instalaciones solo deberán abonar la multa por obstruir y esperar 30 días para salir del registro. Según pudo saberse, junto con la reducción de multas y tiempos de permanencia, el régimen macrifascista prevé aumentar las sanciones para los casos de empleadores reincidentes.

Fuente: nota de Tomás Lukin para Página/12

lunes, 8 de enero de 2018

La escandalosa maniobra de la familia Macri para ganar 15 millones de dólares

ES POR UNA VENTA DEBIDO AL CASO DEL CORREO ARGENTINO, QUE EXPUSO LOS CONFLICTOS DE INTERESES DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL.

La familia de Mugrizio Macri Blanco Villegas realizó una oscura maniobra para hacerse de 15 millones de dólares.

"Durante 2016, y sin pasar por licitaciones públicas, Sideco Americana -empresa insignia de los Macri- creó junto con un grupo de socios cuatro empresas a nombre de un contador y adquirieron seis parques eólicos en Chubut y Miramar, provincia de Buenos Aires. Las licitaciones fueron ganadas por la española Isolux, que luego las vendió a estas compañías en dos tandas. Por la primera parte del paquete, las empresas del holding presidencial pagaron US$ 25 millones y durante el siguiente año revendieron esos parques. Con sólo uno de los parques hicieron una ganancia de alrededor de U$S 15 millones", reveló Perfil.

La publicación repasa la movida para la ganancia millonaria de la familia Macri. "Dos semanas después de la asunción de Macri, el contador Mariano Payaslian fundó Usir Argentina SA. Fue el 29 de diciembre de 2015 y la sociedad se constituyó para negocios financieros, con domicilio en su estudio contable, Gizzi & Payaslian, y con el propio Payaslian como socio y presidente. Tres meses después, el contador fundó Parques Eólicos Miramar SA. Seis meses más tarde, el 5 de septiembre de 2016, creó otras dos empresas: Sideli SA y Sidsel SA. En las cuatro sociedades (Usir Argentina, Parques Eólico Miramar SA, Sideli y Sidsel), Payaslian figura como socio y presidente", afirma.

"Isolux-Corsan había ganado por licitación pública durante el kirchnerismo los parques eólicos Loma Blanca I, II, III y IV en Chubut. La compañía española ya estaba inmersa en una crisis financiera y en el centro de casos de corrupción. Sus contratos en los parques eólicos corrían riesgo de caer por supuestos incumplimientos en las inversiones. Antigua socia de Iecsa, comenzó a negociar en secreto con las empresas de los Macri para desprenderse de sus activos en la Argentina", agrega.

Además, cuenta cómo operó la familia Macri desde adentro del régimen: "El 19 de octubre de 2016, Isolux anunció un acuerdo con Sideli SA y Sidsel SA 'para la venta de los desarrollos eólicos del parque Loma Blanca', según el comunicado de la empresa. Se trataba de Loma Blanca I, II, III y IV. “El precio de la transacción, que incluye las cuatro fases del parque eólico, asciende a U$S 25 millones”, aseguró. Para que la venta pudiera llevarse adelante, el Gobierno, a través de la empresa estatal Enarsa, y el Banco Nación debían aprobar la transacción. Y lo hicieron".

Sobre el polémico contador, Perfil cuenta que "Payaslian es un hombre muy cercano a las empresas de la familia Macri. A lo largo de los últimos años, figuró como síndico de Sideco Americana y de la constructora Iecsa (entonces de Angelo Calcaterra, primo de Macri). Su estudio Gizzi & Payaslian prestó servicios a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Isolux y Iecsa".

Asimismo, revela cómo estuvo ligado el caso del Correo Argentino: "Según fuentes de las compañías, la decisión comenzó a tomarse en febrero de 2017 y la razón fue 'la necesidad de desprenderse de los negocios ligados al Estado', ante el escándalo del caso Correo Argentino, que expuso los conflictos de intereses de la familia de Macri".

"Lo habían comprado por apenas U$S 25 millones junto a otros tres parques. La ganancia para el holding de la familia presidencial y sus socios fue de unos U$S 15 millones en un año", concluye Perfil sobre la maniobra.

sábado, 23 de diciembre de 2017

Los papeles que el Grupo Macri no quiere mostrar: La Justicia pide documentación por el escándalo del Correo Argentino

EL JUEZ ARIEL LIJO REQUIRIÓ LA ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL HOLDING DE LA FAMILIA DE MUGRIZIO MACRI BLANCO VILLEGAS. TOMO LA DECISIÓN LUEGO DE QUE EL FISCAL JUAN PEDRO ZONI ADVIRTIERA QUE LAS RESPUESTAS DADAS HASTA AHORA EN LA CAUSA EN LA QUE ESTA IMPUTADO EL EX HIJASTRO DE FLAVIA PALMIERO "RESULTARON SER INSUFICIENTES".

Los datos que el Grupo Macri aportó en la causa penal por el escándalo del Correo Argentino no convencieron al juez Ariel Lijo, quien ahora requirió al Banco Central la entrega de toda la información contable de las empresas del holding de la familia del Presidente. El magistrado solicitó los libros contables, las actas de asamblea y directorio, balances, inventarios y libros extracontales para tratar de avanzar en la investigación de la causa que tiene a Mugrizio Macri Blanco Villegas como principal imputado.

La decisión del magistrado fue tomada luego de que el fiscal Juan Pedro Zoni considerara que la documentación y las respuestas dadas por Sideco, Socma y Correo Argentino en junio pasado "resultaron ser insuficientes”. Por entonces se habían pedido los libros contables, actas de asamblea, registro de acciones e inventarios, entre otros papeles.

Lo que se trata de establecer es si existieron irregularidades en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado, a través del ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aceptó el año pasado para que la familia Macri salde su deuda millonaria por la concesión del Correo Argentino, con una quita del 98,8 por ciento.

A principios de este año, la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín, había estimado que la quita representaba un multimillonario perjuicio para el erario público. El propio Macri Blanco Villegas fue imputado en el caso por un posible conflicto de intereses. Pero luego de que su participación fuera desestimada, la nueva línea de investigación apunta a esclarecer "un posible vaciamiento a favor de las empresas controlantes en perjuicio de los acreedores".

En la causa también fueron imputados Aguad, y su director general de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Luego se agregaron más directivos del Grupo Macri. Zoni, en tanto, se basó en dictámenes de su colega del fuero comercial Gabriela Boquín, quien en un comienzo denunció que el acuerdo por la deuda de 4000 millones de pesos era “ruinoso” y “abusivo” y luego detectó maniobras de todo tipo vinculadas a ese proceso.

Una de ellas, en sus propias palabras, eran movimientos de dinero (de las cuentas del concurso preventivo) para, por ejemplo, que el Correo Argentino le comprara a Socma acciones de una sociedad radicada en Uruguay llamada Neficor para un negocio automotriz por 2.100.000 dólares. Y si el Correo quebraba las acciones se las quedaba Socma.

sábado, 1 de julio de 2017

Solicitaron ampliar la causa penal por la deuda autocondonada del Correo Argentino

EL DIPUTADO RODOLFO TAILHADE PIDIÓ QUE SE INCORPORE AL EXPEDIENTE LA AUTOCONDONACIÓN DE CASI MEDIO MILLÓN DE PESOS POR PARTE DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS AL CORREO ARGENTINO EN 2016.

El diputado nacional por el FPV-PJ, Rodolfo Tailhade, presentó una ampliación en el marco de la causa “Correo Argentino” que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, en la que pide se incorpore al expediente la autocondonación de casi medio millón de pesos ejecutada por parte de Aerolíneas Argentinas al Correo Argentino en octubre de 2016.

"La autocondonación que se investiga en los presentes actuados no resulta un hecho aislado, sino que resulta parte de un accionar desplegado por el presidente de la Nación para beneficiar a sus empresas", expresó Tailhade en la presentación y agregó que "esto, como se explicó, se ejecuta a través de los funcionarios designados en los diferentes organismos estatales a tal fin. Y a partir de las órdenes impartidas por el propio presidente de la Nación, como lo reconoció el ministro Aguad en diferentes ocasiones".

Por otro lado, en la misma presentación, el diputado citó un fallo de la justicia brasileña en el que se hacía referencia a la quiebra del frigorífico Chapecó, cuyo 65% es de la familia de Macri. Antes, el grupo empresario había seguido la misma lógica que con el Correo Argentino intentando un perdón de más del 90% de la deuda. Allí, a diferencia de lo ocurrido en Argentina, la propuesta de la compañía a sus acreedores fue rechazada.

El diputado destacó la "similitud con el caso argentino, lo que también viene a ratificar lo denunciado oportunamente en cuanto a la estrategia diseñada por el propio Mugrizio Macri, y ejecutada por el Ministro Aguad y sus funcionarios".

Por último, se puso en conocimiento de la justicia una nueva resolución en el expte. 31507/2004 "CNC c/Correo Argentino S.A S/ejecución fiscal", a través de la cual el Juez de la causa le solicita al Ministro Aguad que aclare por qué ahora pide el embargo cuando previamente había desistido del certificado de deuda.

“Luego de que pusiéramos en conocimiento de la justicia y de la ciudadanía este nuevo intento de condonación de deuda, los funcionarios designados por el presidente Macri no tuvieron mejor idea que volver sobre sus pasos, ahora pidiendo lo que ya había sido resuelto, es decir que la familia Macri pague la suma que adeudaba al Estado Nacional. Más allá del esfuerzo desplegado por los funcionarios para tapar su accionar ilícito, el desopilante recorrido judicial quedó plasmado en el expediente referido”, afirmó Tailhade.

Finalmente, el diputado solicitó se investigue la nueva autocondonación de deuda ejecutada por los funcionarios de Aerolíneas Argentinas, se incorpore a la causa el fallo dictado por la justicia de Brasil y se investigue a los funcionarios del ENACOM y del Ministerio de Comunicaciones en relación con el accionar desplegado en la causa 31507/2004 "CNC c/Correo Argentino S.A. S/ejecución fiscal".

miércoles, 14 de junio de 2017

La Justicia intimó al grupo Macri a enviar documentación del Correo Argentino

EL JUEZ FEDERAL ARIEL LIJO INTIMÓ AYER A AL GRUPO SOCMA A ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN VINCULADA CON OPERACIONES QUE HUBIERA REALIZADO CON LA EMPRESA CORREO ARGENTINO S.A.

El juez libró órdenes de presentación a la compañía del Grupo Macri en el marco de una causa en la que se investigan supuestos delitos por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino que fue calificado como "abusivo" por la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín.

El viernes pasado el fiscal Juan Pedro Zoni amplió la imputación contra Mugrizio Macri. Consideró que el pelotudo hijo de puta incurrió en un "conflicto de interés" al solicitar que se vuelva a “foja cero” en la negociación por lo adeudado por la compañía.

El dictamen explica que el Estado y la compañía habían arribado a un acuerdo que, según la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín, representaba un multimillonario perjuicio para el erario público: condonaba la deuda de la familia presidencial con el Estado en un 98,8 por ciento. Ese acuerdo fue dejado sin efecto y, según se desprende del dictamen, quien dio la orden para ello habría sido Mugrizio Macri.

"Al retractarse de la aceptación a la propuesta concordataria, el representante del Estado Nacional refirió estar siguiendo expresas instrucciones del Presidente de la Nación. Lo dicho denota una vez más un elemento a investigar en la presente, ya que quien da las instrucciones se encuentra incurso en incompatibilidades por conflicto de interés", resumió el fiscal Zoni.

Además de Macri, en la causa están imputados el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y su director general de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Con el nuevo dictamen de Zoni se agregaron los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., SOCMA S.A. y Simeco S.A., los síndicos intervinientes en el concurso de Correo Argentino S.A. y la jueza a cargo del proceso, Marta Cirulli.

En ese marco, ahora el juez Lijo dispuso que la empresa SOCMA entregue toda la información correspondiente a las operaciones con el Correo. La nueva línea de investigación apunta a esclarecer "un posible vaciamiento de la concursada a favor de sus empresas controlantes en perjuicio de los acreedores", en un contexto de presunto "fraude concursal".

sábado, 10 de junio de 2017

Ampliaron la imputación contra Macri por la deuda del Correo

EL FISCAL FEDERAL JUAN PEDRO ZONI AMPLIÓ LA ACUSACIÓN CONTRA EL MUGRIZIO MACRI Y EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN, OSCAR AGUAD, EN LA CAUSA POR EL ACUERDO FIRMADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y LA EMPRESA CORREO ARGENTINO, PROPIEDAD DE FRANCO MACRI, POR EL CUAL SE LE CONDONABA UNA PARTE IMPORTANTE DE LA DEUDA QUE MANTIENE CON EL ESTADO.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal presentó un nuevo dictamen ante el juez federal Ariel Lijo, a partir de datos que detectó su colega del fuero comercial Gabriela Boquin sobre presuntas maniobras de vaciamiento del Correo Argentino.

El fiscal señaló que oportunamente en estas actuaciones "fueron vinculados a las conductas a investigar Mugrizio Macri, Oscar Aguad y Juan Manuel Mocoroa", este último el representante legal del Ministerio de Comunicación y quien acordó la deuda con el Correo Argentino.

Ahora, Zoni amplió la acusación contra los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A., a los Síndicos intervinientes en el concurso de Correo Argentina S.A. y la jueza a cargo del proceso, Marta Cirulli.

La medida se basó en información encontrada por su colega Boquin, que indica que pudo haber existido un posible vaciamiento de la concursada (Correo Argentino) a favor de sus empresas controlantes en perjuicio de los acreedores. 

"A partir de lo reseñado, Correo Argentina S.A. habría abonado a su controlante Sideco Americana S.A. en concepto de alquileres y otros conceptos adicionales, montos cuyo respaldo documental no coincide con las cifras erogadas", sostuvo el fiscal Zoni. 

En ese sentido, indicó que la nueva información "obliga a investigar la posible laxitud con la que se ejercían los controles sobre el manejo y administración que la concursada Correo Argentino S.A. poseía sobre sus bienes, lo cual habría conllevado y permitido el posible desapoderamiento de los mismos a favor de su controlante", esto es, "el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino S.A. en beneficio de Sideco Americana S.A.".

"Otro de los hechos analizados por que cabe incorporar definitivamente en la presente investigación con el fin de dilucidar lo verdaderamente acaecido resulta la compra por parte de la concursada a su controlante, Socma Americana S.A., de una porción minoritaria de la sociedad Neficor S. A. por la suma de 2.210.000 de dólares", añadió el fiscal en su nuevo dictamen.

Según las denuncias formuladas, el Estado ofreció cobrarle al Correo Argentino el 50 por ciento de la deuda y a pagar en el 2032 y 2033. En ese sentido, advierten que tomando en cuenta los intereses de la deuda original que era de 296 millones de pesos, hubo una quita de 70.163 millones de pesos, el 98,82 de la quita de la suma original. 

Además, los denunciantes tomaron en cuenta que el Correo Argentino es controlado por SIDECO S.A., que a su vez está asociada a SOCMA S.A., siendo ésta última la sociedad insignia de la familia Macri, a través de su padre Franco.

viernes, 2 de junio de 2017

Las estrategias de los Macri para no pagar la deuda del Correo

UNA AUDITORÍA OFICIAL REVELA CÓMO HIZO EL GRUPO MACRI PARA NO AFRONTAR LA DEUDA QUE MANTIENE CON EL ESTADO DESDE 2001. EN 2016, EL RÉGIMEN FASCISTA LE QUISO CONDONAR EL CÓMPUTO DE INTERESES A LA EMPRESA DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL Y, TRAS UN INFORME CRÍTICO, ECHÓ AL PROCURADOR DEL TESORO, CARLOS BALBÍN.

Mugrizio Macri decidió echar al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, luego de que éste abriera un sumario por el escándalo de la condonación de los intereses de la deuda que la empresa Correo Argentino S.A. -del grupo Macri- mantiene con el Estado.

El portal Nuestras Voces reveló la auditoría sobre la que Balbín basó su crítico escrito sumarial, que detalla las estrategias dilatorias del Grupo Macri para no afrontar una deuda que ya tiene 16 años. Además, destaca la desidia del Estado -que no pidió nunca la quiebra de la empresa- y el aval que le concedió la Justicia, que no intervino para resolver la situación.

La auditoría fue realizada por el abogado Guillermo García, un empleado de planta del Tesoro. En su escrito, García advierte que “paradójicamente” el concurso impulsado por el Correo cuando estaba en manos del Grupo Macri, todavía se encuentra en el “período de exclusividad”. Dicho período, por ley, dura 90 días con la posibilidad de extenderlo 30 días más. Sin embargo, el concurso del beneficiado holding de la familia presidencial, lleva 16 años.

García también critica el accionar de los funcionarios del Estado, quienes no “efectuaron cuestionamientos” frente al insistente entorpecimiento del proceso que impulsaba el Grupo Macri a través de “peticiones de todo tipo, varias de las cuales fueron sorprendentemente receptadas por el Tribunal y silenciosamente aceptadas por el Estado”

Luego, el auditor califica de “evidente” que el paso del tiempo generó una “degradación, a valores constantes, del crédito que reclama el Estado”, cuyo monto ascendía en 2001 a casi 300 millones de pesos, pero si se computaran los intereses que demandó la fiscal Gabriela Boquín, la deuda sería de más de 70 mil millones de pesos. El actual régimen y el Grupo Macri consideran que no deberían computarse. 

Sin embargo, García sostiene que "la situación se torna más grave" a raíz de las acciones legales Correo Argentino S.A., promovió contra el Estado Nacional, "tendientes al resarcimiento de los daños que, manifiesta, le habría generado el accionar del Estado”. Se refiere a dos juicios del holding contra el Estado, uno de ellos relacionado con una indemnización por la estatización del Correo, por el cual la familia presidencial reclama 2365 millones de pesos. 

Antes de ser expulsado de la Procuración del Tesoro, Balbín criticó la llamativa duración de la causa y el perjuicio que ésta le generaba al Estado; también hizo hincapié en las triquiñuelas legales del Correo y la inacción del Estado. El punto clave que molestó al Ejecutivo, fue la opinión de Balbín sobre los intereses, frente a los cuales el régimen macrifascista invoca la ley de quiebras, que indica que los intereses se suspenden desde la presentación del concurso, es decir desde 2001. Sin embargo, para el ahora ex procurador “la doctrina advierte que tal suspensión no es absoluta” y es la interpretación que “podría ser invocada” en este caso.

domingo, 30 de abril de 2017

El cartero llama dos veces: en un nuevo dictamen, la fiscal Boquín acusa a la cúpula del Correo de vaciarlo para beneficiar al grupo Macri

LA FISCAL DESCUBRIÓ UN INTENTO DE VACIAMIENTO DE LAS CUENTAS DE LA CONCURSADA CORREO ARGENTINO HACIA OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO MACRI. LA MANIOBRA QUEDÓ AL DESCUBIERTO CUANDO SE CAYÓ EL ACUERDO FIRMADO POR EL GOBIERNO.

Mientras en los primeros meses del año pasado calentaba motores para la firma de un acuerdo con el Estado que implicaría una quita de casi la totalidad de la deuda del Correo Argentino, el Grupo Macri -a través de las controlantes Socma S.A. y Sideco S.A.- intentó el “vaciamiento” de las cuentas en dólares y pesos que estaban a nombre del concurso de acreedores para desviarla hacia otros de sus negocios. Así lo denunció la fiscal Gabriela Boquin en un nuevo dictamen que presentó en el caso que más daño hace a la imagen del régimen fascista, cínico y corrupto de Mugrizio Macri. Según el documento, la jueza del concurso, Marta Cirulli, llegó a autorizar cinco retiros de fondos por cerca de 10 millones de pesos. Pero después que Boquin reveló que se había firmado un acuerdo que consideró “abusivo” y “ruinoso” para las arcas públicas, se cortaron las autorizaciones. Cuando el Correo apeló, quedó la maniobra al descubierto.

En un dictamen que se conoció el viernes a última hora, Boquin dice que considera que los retiros de dinero de las cuentas del Banco Ciudad fueron “improcedentes e injustificados”. Además de deschavar los movimientos para obtener ventajas económicas con el dinero del concurso, denuncia a la jueza comercial Cirulli y pide la separación de la actual administración de la empresa Correo Argentino, que encabeza Jorge Irigoin, antiguo gerente de Socma con una relación histórica con el Mugrizio Macri y su familia. Advierte que proporcionó información falsa y ocultó otra relevante para el expediente.

Boquin hace notar que la jueza Cirulli venía negando esos pedidos de manera sistemática cada vez que se los había pedido el Correo, incluso el año anterior, 2015. De pronto, justo en 2016, cuando la empresa de los Macri ya empieza a encarar su demanda contra el Estado en reclamo de un resarcimiento (entre otras cosas por la supuestas consecuencias económicas producto de la expropiación en 2003) y cuando se avecinaba el acuerdo que no se había logrado en años (desde 2001) porque las sucesivas administraciones de gobierno rechazaban las propuestas de la empresa postal por inconvenientes, justo ahí comenzó a vaciar las cuentas.

El acuerdo por la deuda del Correo se firmó el 28 de junio del año pasado. La fiscalía fue notificada tres meses después, y finalmente lo objetó. Como ya se conoció, Boquin señaló en su primer dictamen que la deuda del Correo asciende al día de hoy a más de 4000 millones de pesos. Si no se hubiera frenado tendría cerca de la totalidad perdonada gracias a la aceptación del representante del Estado, que asistió en nombre del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa, siguiendo instrucciones -según dijo- de sus superiores, lo que incluiría del ministro Oscar Aguad hacia arriba. Mientras tanto, a lo largo de 2016, el Grupo Macri fue obteniendo permisos para ir sacando la plata de sus cuentas: en marzo, en junio, en noviembre y en diciembre. El pedido de la audiencia para lograr el convenio fue en mayo. A comienzos del año pasado había en las cuentas del concurso 9.666.690 dólares y 27.866.097 pesos. Los retiros, afirma Boquin, fueron “en beneficio de otras empresas del grupo” y “en perjuicio para las cuentas del concurso”.

Uno de los argumentos que la jueza utilizó para autorizar los retiros fue “el volumen de las erogaciones que la deudora debe afrontar mes a mes”. Para eso se basó en el planteo de la empresa que, en rigor, está inactiva. La firma argumentó ante la jueza que los socios ya no estaban en condiciones de seguir haciendo aportes para su sostén y, en realidad, nunca aportaron nada. Sin embargo, utilizó parte del dinero extraído del Banco Ciudad para pagar mensualmente, oficinas por 144.000 pesos; 61,834 pesos de sueldos y cargas sociales; 113.000 pesos de gastos contables e informáticos y 65.000 de honorarios profesionales. Los inmuebles son alquilados en el mismo edificio donde se encuentra la sede de Sideco S.A. (el llamado “rulero” de avenida Libertador). Son, más aún, cuatro oficinas en su mismo piso. Sideco Americana es la empresa controlante del Correo Argentino, y a su vez es controlada por Socma S.A.

El planteo es que el dinero que salía de las cuentas del concurso -y que posiblemente hubiera sido mucho más si la fiscalía no denunciaba el acuerdo “abusivo”- iba a parar a Sideco. El denodado interés por llegar a la homologación de un acuerdo por la deuda, para lo cual hacía falta la anuencia del Estado porque de lo contrario no alcanzaban las mayorías, es evitar la quiebra del Correo, que podría arrastrar a la misma situación a sus controlantes, Sideco y Socma, pilares del emporio empresarial de los Macri.

El dictamen de Boquin rastrea movimientos de años anteriores pero que reflejarían conductas similares: por ejemplo, en 2007 Socma le vende al Correo acciones de Neficor S.A., que tenía el 49 por ciento de Chery, para introducir en el mercado el auto Tiggo, con cláusulas de rescisión. Le pagan a Socma 2 millones de dólares, pero jamás les dio dividendos. Luego se agrega una transferencia por más de 900.000 dólares extras. Otra vez, señala la fiscal “un posible acto de vaciamiento de la concursada en favor de otra empresa del grupo, su controlante, Socma”.

Franco Macri tiene un usufructo vitalicio de las acciones de Socma y por ende de Sideco y el Correo Argentino. Fuera de esa función, sus acciones fueron cedidas a sus hijos. Mugrizio, en 2009, se las traspasó a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco. Es decir, toda la familia. Excepto el ex hijastro de Flavia Palmiero, que no figura en los papeles. 

El nuevo planteo de Boquin llega en un momento caliente para el expediente ya que la semana pasada el Gobierno echó al procurador del Tesoro Carlos Balbín, representante de los abogados del Estado, quien tuvo que empezar a intervenir debido -curiosamente- al decreto sobre conflicto de intereses que firmó Mugrizio Macri a raíz de este escándalo. Lo que sucede es que Balbín firmó una auditoría el 10 de abril último que no resultaría lo que se dice un bálsamo de alivio y felicidad para el régimen. En función de ella, además, preparaba un dictamen en el que plantearía que los términos del acuerdo del año pasado eran irregulares o por lo menos desventajosos. Balbín sería el que ocuparía de ahora en más el lugar que tenía como representante en el caso el Ministerio de Comunicación. Su reemplazante, Bernardo Saravia Frías, lideró un estudio jurídico que representó al Grupo Macri.

El dictamen que ahora plantea el vaciamiento llegará también a la Cámara Comercial, que integran para este caso María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, quienes vienen actuando desde hace varios años en favor del paso del tiempo. Tuvieron el expediente, sin decisión alguna, desde 2011, denuncias mediante del ex Procurador general de la nación Esteban Righi. Balbín debía presentarse en la Cámara, entre otras cosas, para opinar sobre los 120 días de suspensión del trámite que pidió el Estado Nacional, a medida de los deseos del grupo empresario y como para intentar desinflar el tema que resultó de tanto impacto durante el período de campaña electoral. Hasta ahora la mayoría de los síndicos lo admitieron. El nuevo procurador deberá opinar, y en este punto falta un dictamen también de Boquin.

La fiscal, quien ya sufrió el año pasado un robo de una copia completa del expediente del baúl de su auto frente a la puerta de su casa, volvió a sufrir un episodio similar: fue forzada la cerradura del vehículo. La diferencia es que esta vez tenía custodia policial.

Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12