La defensa del ex titular de la SIDE en el gobierno de la Alianza afirmó que la causa por el pago de sobornos en el Senado fue armada en una "operación" orquestada desde antes de la confesión del "arrepentido" Mario Pontaquarto.
El abogado Diego Pirota se refirió a un sumario interno hecho en la Secretaría de Inteligencia en el segundo semestre de 2003, cuando su titular era Sergio Acevedo, en el marco del cual se hicieron escuchas telefónicas a ciudadanos que violaron la Ley de Inteligencia 25.520 y se preparó el terreno para la declaración del ex secretario parlamentario, según argumentó ante el Tribunal Oral Federal 3 que juzga a De Santibañes.
"El sumario de la SIDE fue de una ilegalidad notoria y Acevedo se hizo el distraído, se hizo una investigación previa y paralela a la del Poder Judicial, se preparó el terreno para la confesión en la causa penal", advirtió Pirota en el alegato de defensa de De Santibañes, juzgado por supuesto "cohecho" junto al ex presidente de la Nación Fernando de la Rúa.
"El secretario Acevedo es responsable, él firmó cada pedido de informes del sumario y un mes antes del presunto arrepentimiento se le pregunta a secretarias de la SIDE sobre la presencia de Pontaquarto" en el edificio, en el sector de Finanzas, "antes de que Pontaquarto lo contara", argumentó.
También aludió a escuchas telefónicas ordenadas en ese sumario sin intervención judicial sobre líneas vinculadas a Canteras Brandsen, una empresa que se vinculaba a l a SIDE.
"Hubo diligencias a espaldas de la Justicia, prohibidas por la Ley de Inteligencia, se la violó, se ordenaron intervenciones ilegales un mes antes de que Pontaquarto aparezca en tribunales", aludió Pirota en referencia a la confesión del arrepentido en diciembre de 2003.
Para la defensa de De Santibañes, en el juicio se probó que el relato de Pontaquarto "no fue espontáneo ni novedoso" porque "todo aparecía en el sumario un mes antes".
El alegato de la defensa del ex titular de la SIDE será de tres días, luego que ayer terminó el del ex presidente Fernando de la Rúa, quien de manera personal pidió su absolución y sostuvo que el hecho no existió.
Los jueces Fernando Ramirez, Guillermo Gordo y Miguel Pons juzgan el supuesto pago de cinco millones de pesos en sobornos a ex senadores justicialistas para la aprobación de la ley de Reforma Laboral en abril de 2000.
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