El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) firmó un acuerdo con una asociación civil para que defina quiénes serán los beneficiarios de viviendas sociales en el barrio de La Boca, integrada, entre otros, por barrabravas de Boca Juniors procesados por la venta ilegal de entradas.
Durante las últimas semanas, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad fue cuestionado por diferentes sectores de la oposición porteña, por subejecutar su presupuesto y otorgar durante los últimos meses menos de 600 créditos hipotecarios para familias de bajos recursos.
Una investigación del periódico barrial Sur Capitalino sacó a la luz que ese mismo organismo firmó un convenio con una asociación civil, para que ésta definiera los adjudicatarios de las viviendas sociales que se están construyendo en el barrio de La Boca.
El convenio fue firmado en abril de 2012 por el IVC y la Asociación Civil Casa Amarilla 2005, que preside Diego Basualdo, un dirigente social vinculado a la barra brava de Boca Juniors.
Las viviendas que se levantan en la avenida Alte. Brown al 500, se están construyendo porque un fallo judicial, resultado de una presentación impulsada por varios actores sociales, entre ellos la asociación conducida por Basualdo, reclamaron que el IVC dé una respuesta concreta al déficit habitacional de los vecinos del barrio de la Ribera.
Para dar por terminado el litigio, la justicia exigió la construcción de las 1.220 vivienda pautadas en el programa “Viví tu casa” implementado por la gestión de Aníbal Ibarra, en el predio de Casa Amarilla.
Parte del acuerdo alcanzado implicó la reducción del número de casas en casi un tercio de la cantidad original, por lo que el organismo se comprometió a construir 438 unidades.
Según la investigación periodística, una vez que la justicia aprobó el plan de obras, el IVC firmó un convenio con la Asociación Civil Casa Amarilla 2005 y le otorgó la potestad de definir quienes serán los adjudicatarios de las viviendas.
El padrón confeccionado por la entidad social, estaba plagado de irregularidades, entre ellas que a pesar que el plan apunta a mejorar la calidad de vida de los habitantes de La Boca, la nómina de beneficiarios apenas los incluía ya que más del 80 por ciento de las personas no reside en el barrio.
Otras de las irregularidades fue que la lista también incluía a Hernán Cantón, miembro de la barra brava xeneize que estuvo detenido por la causa que investigaba el manejo ilegal de entradas en el club y a la hija de Santiago "El Gitano" Lancry, otro de los detenidos por la emisión de carnet truchos.
A estas irregularidades se suma que varios de los futuros beneficiarios usaron el mismo domicilio, puntualmente la calle Irala 170, dirección de una torre que también fue construida por el IVC.
En el momento en que surgió la denuncia, el abogado Facundo Taboada, integrante del equipo de asesores de la Defensoría General de la Ciudad, afirmó que “el convenio es la privatización del clientelismo, es ilegal otorgar a un particular, en este caso una asociación, el derecho de administrar propiedades que otorga el Estado”.
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