lunes, 13 de enero de 2014

Jaime Sorín: “el PRO ha tenido al desalojo como política de vivienda”

Jaime Sorín, ex decano de la facultad de arquitectura de la UBA, cuestiona el criterio de negocio inmobiliario del macrismo y califica de vergonzoso el presupuesto para el área.
 
Como postal de otro contraste íntimo e inadvertido de Buenos Aires, uno de los mayores conocedores de la crisis habitacional de la ciudad, tiene su despacho a escasos metros del doblemente procesado  jefe de Gobierno Mugrizio Macri. Frente al Palacio Municipal, el arquitecto Jaime Sorín pasa sus días entre las añejas y blanquecinas paredes del Cabildo, donde funciona la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos. Un puesto que ocupa desde noviembre pasado.
 
"No hay dudas, el macrismo ha tenido una política de vivienda muy interesante para ellos, como es el desalojo", caracteriza el ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA y miembro fundador del espacio de intelectuales Carta Abierta.
 
Cuando ocupó la jefatura académica de los arquitectos fue uno de los impulsores del plan de integración urbana que diseñó Javier Fernández Castro para que la Villa 31 fuera finalmente urbanizada, luego de 70 años de un derrotero que incluyó una de las más brutales erradicaciones durante las últimas dictaduras.
 
"El PRO estuvo todo el año pasado diciendo que iba a presentar otro proyecto, pero no hizo nada, porque realmente no hay ningún interés", confiesa este urbanista cuando escucha preguntas respecto al ambicioso proyecto que buscó, desde 2008, la transformación del sector más pobre que late y crece dentro del conglomerado más rico y selecto del Puerto de Buenos Aires, como es el barrio de Retiro.
 
Esos planos ya cumplieron cinco años, pero duermen dentro de la Legislatura porteña, como parte de un borrador que, gracias al encajonamiento, corre el riesgo de perder su estado legislativo en los próximos meses. Al calor del primer corte de ruta de 2014, el plan volvió a desandar el olvido porque un grupo de vecinos cortó la Autopista Illia durante ocho días y volvió a poner el caso en el centro de la escena, en reclamo de una solución habitacional que sigue sin respuesta.
 
El problema la demanda habitacional volvió a recrudecer y el ex hijastro de Flavia Palmiero admitió no poder solucionarlo, mientras que su secretaria de Hábitat e Inclusión, Marina Klemensiewicz, consideró que el conflicto era "inmobiliario". En tal sentido, Sorín señaló que "la calificación del conflicto como 'inmobiliario' demuestra la intención que tiene el PRO: quieren vender los terrenos. Son maniobras para sacarse de encima el problema de la vivienda, porque el macrismo considera que es un problema que debe resolver el mercado, no el Estado. Por eso todos los programas que deberían tener apoyo del Estado cada vez se reducen más".
 
"Este año lo destinado a vivienda representa el 2,1% del presupuesto total. Ya es un nivel vergonzoso. Además, de ese dinero, casi el 23% lo aporta la Nación a través del Plan Federal, y hay que descontar casi un 20% de plata que se va en pagar los sueldos de los seis organismos que tienen a su cargo temas de vivienda. Si se descuenta todo eso, lo que queda para invertir es casi un chiste y no se hace nada", agregó el renombrado arquitecto.
 
Sobre el futuro que vislumbra para la Villa 31, Sorín explicó que "la ciudad tiene la ley 148, que abarca a todas las villas y que ha quedado desactualizada por el creciente asentamiento de habitantes. Yo creo que hay una política que busca que esto explote por la cantidad de gente y por la incomodidad de la vida cotidiana. Así como está, no tiene solución, y se mezcla todo entre el Estado de la ciudad, que no hace nada, la presión de la gente que llega y el negocio secundario que se armó con los alquileres".
 
Asimismo, agregó que "el gobierno porteño estuvo todo el año pasado diciendo que iba a presentar otro proyecto, pero no hizo nada, porque no hay ningún interés. Con ese contexto surgen problemas como el del otro día: si bien es cierto que nadie puede ir a poner una vivienda arriba de las vías del tren. A lo mejor no todo el mundo puede quedarse ahí, pero hay que buscar una solución definitiva".
 
Para Sorín, construir una vivienda social en la ciudad de Buenos Aires "incluyendo honorarios y valor de la tierra, cuesta 4500 pesos el m2, que es el valor de construir del plan Pro.Cre.Ar, pero sin el terreno. Esto se consigue trabajando con sistema cooperativo. La vivienda social no cuesta distinto, pero por lo general son más chicas. Nosotros estamos construyéndolas más grandes que lo habitual, porque si son viviendas de propiedad horizontal, que no pueden crecer, hay que darles la medida que necesitan y charlar mucho con la gente. Si se crean nuevas viviendas y provocás más hacinamiento, te estás comprando un problema nuevo, como sucede en Chile. Y lo peor es que la gente después lo tiene que pagar".
 
Si bien el profesional admite que la falta de tierra para construir en la ciudad "es el gran problema desde lo público y lo privado", advierte que "lo público podría resolverlo de otra manera. La muestra está en que el año pasado se intentaron vender (con el acuerdo de macristas y opositores) más de 30 propiedades estatales que podrían haber servido para construir".
 
Mientras que el gobierno porteño dice que una de sus prioridades es el sur de la ciudad y que para eso impulsó distritos especiales, como el tecnológico en Parque Patricios y la villa olímpica en Lugano, Sorín no cree que esto ayude a revertir el desequilibrio habitacional: "la zona sur está abandonada y hay una enorme diferencia en los servicios que tiene con respecto al norte, especialmente respecto al transporte, la luz, el agua, recolección de basura, salud y educación. Pero el gobierno de Macri empeoró un poco la situación creando los polos. El llamado 'Polo Tecnológico' en Parque Patricios lo único que provocó fue un aumento en el valor de la tierra en un barrio donde vive mucha gente, y eso obligó a la gente a irse. El Distrito de las Artes en La Boca tuvo una consecuencia similar y lo próximo será la Ciudad de Deporte que piensan construir en Lugano. Es la demostración práctica de que el gobierno de la Ciudad piensa que todo es un negocio inmobiliario, ignorando que el problema de la vivienda no se soluciona desde el mercado inmobiliario: hoy los que más vivienda necesitan son los que necesitan crédito y acción del Estado. Los otros en general se la han arreglado, a pesar de que hay un problema de hacinamiento y falta de vivienda joven".
 
Respecto de la composición del mapa de la construcción en la ciudad luego del boom inmobiliario, el prestigioso arquitecto señaló que "los barrios de Palermo, Recoleta, Villa Urquiza, Colegiales, representan el 40% de lo que se construyó en la Ciudad. Si se incluye Caballito, llegamos a más del 50 por ciento. Por eso se corta la luz y surgen esos problemas de infraestructura. Son situaciones que vienen de arrastre por la gran cantidad de metros cuadrados construidos sin pensar en la infraestructura".
 
"Hay que desarrollar el sur sin avalar la inversión inmobiliaria especulativa. Caso contrario, va a suceder lo mismo que ya ocurrió en el norte y centro de la Ciudad. En los últimos años aumentó mucho más el valor de la tierra en la zona sur que en la zona norte, por estas intervenciones del gobierno porteño. En el sur, desde 2005 hasta ahora, el precio de los terrenos creció más del 500% contra el 300% del norte. Los terrenos subieron porque se instalan empresas y el valor de la tierra aumenta. Está bien que las empresas generen trabajo, pero hay que pensar qué sucede con la gente que vive ahí, porque si no, se produce un cambio de población y la gente se tiene que ir a una villa o a la provincia", agregó en relación a cuál debería ser la política para el desarollo habitacional de esa zona de la ciudad.
 
En estos últimos seis años, la pelea por el techo y el suelo dentro de la Ciudad contó con la intervención de la justicia, que en algunos casos ha sido la única instancia del Estado que ordenó procesos de urbanización. Consultado sobre el papel que jugó el Poder Judicial, Sorín señaló que "la justicia no debería resolver los problemas habitacionales porque en realidad se trata de un problema de políticas públicas. Yo hice el informe técnico para urbanizar la villa Rodrigo Bueno y creo que la justicia porteña ha ocupado un lugar que no quiso ocupar el ejecutivo, dando amparo a la falta de política. Sin embargo, el macrismo ha tenido una política muy interesante que es el desalojo. El macrismo ha trabajado sobre desalojo. De hecho, la cantidad que hay por año no se sabe y es enorme. No hay política para la vivienda en calle ni política de prevención para el desalojo. Si a la gente le vas a dar un subsidio cuando ya esta desalojada, no resolvés nada, hay que buscar prevenir el desalojo.
 
"Hay jueces porteños que han actuado bien y otros que han actuado mal. Especialmente ha trabajado muy bien la asesoría tutelar, pero eso se termina ahora, porque la vicejefa María Eugenia Vidal ha logrado meter a una funcionaria suya, Yael Bendel, que ha demostrado un desinterés absoluto para estos temas. Hasta ahora la única barrera infranqueable para el macrismo eran los asesores tutelares que impedían los desalojos porque adentro habían niños. Esto ahora se terminará porque en la Legislatura se negociaron cambios para los procesos de selección de jueces y disminuyeron la mayoría especial", añadió.
 
A la hora de analizar la evolución de los alquileres en la ciudad y las herramientas que pueden utilizar las administraciones para intervenir en ellos, ex decano de la facultad de arquitectura de la UBA dijo que "entre los dos censos 2001-2010, la cantidad de inquilinos aumentó del 22 al 29% en una ciudad que históricamente fue de propietarios. Hoy estamos casi en 30, con un valor del alquiler que se vuelve inalcanzable, en un fenómeno que explica también el crecimiento de las villas en algún sentido. Ninguna política de vivienda puede evitar el tema de los alquileres, porque una política de vivienda no es una política de créditos. Debe ser de créditos, construcción, alquileres y básicamente una política de tierra. Actualmente en Nación y Ciudad tenemos una legislación de alquileres que es prácticamente expulsiva. Todo pasa por lo mismo, porque es una política que defiende la propiedad privada".
 
"Queríamos trabajarlo -agregó sobre los recursos para afrontar esa situación- con la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación e impulsar la función social de la propiedad, que no significa sacarle la propiedad a nadie sino ponerle límites a la utilización y la especulación salvaje sobre la propiedad. Acá ya estaba en la Constitución del '49 y existe en Brasil, Bolivia, Ecuador y en todo país que piense que tiene que tener una política pública que defienda a aquellos que no son propietarios y no tienen los medios, y a una parte de la justicia, que los defenderá. Como todavía no se aprobó el borrador final, espero que la propiedad social se pueda incluir".
 
Por último, expresó que para combatir la especulación inmobiliaria con los alquileres por fuera de esa reforma "hay que trabajar más con el impuesto a la propiedad no utilizable y otro impuesto a los grandes emprendimientos. Quizás el Estado de la Ciudad debería construir viviendas para regular los precios de los alquileres especialmente para vivienda joven, y también los Estados podrían diseñar un buen seguro de alquileres para afrontar la especulación de las garantías. Las personas que tienen un ingreso, pero no tienen trabajo en blanco, tienen que contar con un apoyo del Estado para afrontar el problema de la garantía para evitar que no termine en la villa, donde una pieza tiene un precio similar al costo de un alquiler de departamento afuera, pero en peores condiciones".

No hay comentarios:

Publicar un comentario