LA CREACIÓN DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, COMO ENTE AUTÁRQUICO Y DESCENTRALIZADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, QUEDÓ OFICIALIZADA CON LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL DECRETO 267, CON FECHA 29 DE DICIEMBRE, Y QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DE ARGENTINA DIGITAL.
Según el artículo 2 del decreto, el ente tendrá las competencias y funciones que las leyes 26.522 (de medios) y 27.078 (Argentina Digital) asignaban a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).
Se establece asimismo que el directorio del ente estará conformado por un presidente y 3 directores nombrados por el Poder Ejecutivo y otros 3 propuestos por la comisión bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, que serán seleccionados uno por la mayoría, otro por la segunda minoría y otro por la tercera minoría parlamentaria.
Entre los considerandos, se destaca la necesidad de crear un ente único para “no generar una dispersión de criterios en su aplicación, produciendo no sólo ineficiencias y distorsiones sino también inseguridad jurídica”.
Señala que la ley de medios “es una norma anticuada y distorsiva en numerosos aspectos” ya que “desconoce el rol de la digitalización en la multiplicación de espacios de contenidos, el papel de las sinergias en el desarrollo de modelos de negocios de la industria, la escala que se requiere para desarrollar servicios convergentes”, entre otras cuestiones.
“El actual marco regulatorio y de negocios de la industria argentina de medios y telecomunicaciones conduce a un deterioro creciente de la competitividad y capacidad de desarrollo del sector, lo cual se ha visto reflejado en el retraso en las inversiones en infraestructura de redes y la consecuente baja calidad de los servicios”, indica la norma.
Con el objetivo de “derribar la brecha digital”, entre los considerandos del decreto se establece la necesidad de “una rápida y eficaz acción de política pública que establezca urgentemente un sendero racional de desarrollo para el sector”.
En tanto, justifica la emisión del decreto en el hecho de que “la crítica situación del sector configura una situación excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución” y “esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso”.
Entre las modificaciones que el decreto hace a la ley de Medios, a pesar de las adevertencias de las Justicia, se establecen cambios en los artículos 25, 38, 40, 41, 45, 54 y 63 (ver nota aparte en esta misma edición).
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