BUSCA EL APOYO DE DOS CONCEJALES PERONISTAS QUE RESPONDEN A UN CAPITALISTA DEL JUEGO LOCAL.
Preocupada por las consecuencias políticas del trágico recital del Indio Solari en Olavarría, María Eugenia Vidal mandó a la ciudad a su ministro Joaquín De la Torre -quien suele oficiar como "bombero" en los distritos más conflictos para la alianza de derecha Cambiemos- para que evite la destitución del intendente Ezequiel Galli, que quedó en la cuerda floja.
El futuro de Galli se presentaba como incierto debido a que sólo tiene 5 de los 20 concejales. A priori, se deslizó que la oposición unida podría reunir dos tercios para destituirlo. Sin embargo, fuentes locales aseguraron que el intendente contará con otros dos votos que evitarán que se convierta en el Aníbal Ibarra de Cambiemos.
Por estas horas, las cuentas que hace la oposición indican que el ex intendente José Eseverri conserva 6 concejales; el Frente Rejuntador tiene otros 2; hay 3 bloques unipersonales y 2 de Renovación peronista (ex eseverristas), que, como aseguran, son habituales aliados de Cambiemos y serán claves en el futuro político de Galli.
Si Cides y Aramburu votan con el oficialismo, la oposición no podrá contar con los dos tercios necesarios para destituir al jefe comunal. Eso, aseguran en el plano local, fue el objetivo principal del viaje de De la Torre: asegurarse que haya 7 concejales que apoyen a Galli. Se trata de Marisel Cides y Germán Aramburu. "Se llaman Peronismo Renovador, pero se sacan fotos con dirigentes kirchneristas y en verdad son empleados de Cambiemos", sintetizaron fuentes locale y contaron que estos concejales recibirían directivas de un empresario local, Gustavo Rodríguez, quien organiza las rifas de la ciudad y operaría entre sombras para beneficiar al intendente.
"No tengo miedo de una destitución. Voy a dar explicaciones porque no tengo nada que esconder", dijo Galli ayer en declaraciones a la ultra oficialista radio Mitre, confirmando que sabe que cuenta con el apoyo de su espacio político, personificado en el ministro fuerte de Vidal, que viajó el domingo y ayer ya emprendió viaje hacia La Plata.
Pese a que De la Torre se fue con la supuesta certeza de que Galli no podrá ser destituido, en La Plata reinaba el nerviosismo, ya que los funcionarios y la propia Vidal saben que perjudica a su régimen el hecho de tener a un intendente en la cuerda floja.
En paralelo, en el Concejo Deliberante local evalúan los pasos a seguir y los ediles ya definieron que realizarán un pedido de informes. "Hay que ver cómo decanta el tema, pero por lo pronto estamos recolectando información", dijeron.
Emilio Vitale, concejal del Frente Rejuntador, confirmó que buscan obligar al intendente a que explique su contrato con el cantante. "Los concejales no tuvimos acceso al contrato del predio. Cuando firmó el intendente dio garantías con bienes públicos y no pasó por el Concejo Deliberante", criticó.
"Sabemos que el predio (La Colmena) está judicializado y que hay un sindico y acreedores. Si se pagaron 300 mil pesos lo cobró el síndico o los acreedores. Lo que no sabemos es si fue para los acreedores", sostuvo Vitale.
El intendente apostó fuerte al recital del Indio -que él mismo promocionó en medios locales- buscando sacar rédito de la visita del cantante popular. El resto de los días se la pasó en medios de comunicación promocionando el evento, aun cuando las entradas ya estaban agotadas. Ya era vox populi que se vendían tickets truchos a 100 pesos.
Galli quedó en el ojo de la tormenta no sólo porque fue un desastre el operativo de contención de un evento que hace semanas iba a ser masivo y peligroso -el propio Indio Solari lo había advertido-, sino que implicó directamente a la Municipalidad en la organización del evento, en una maniobra que podría derivar en su juicio político.
Por eso, este fin de semana intentó defenderse diciendo que se trató de un emprendimiento privado y repitió que "como intendente" no tiene "responsabilidades legales" con los fallecidos.
El jefe comunal reconoció el sábado que el predio donde se realizó el recital "no es municipal, está judicializado -es de los acreedores-, con un contrato de alquiler firmado a una empresa privada, que tenía que llevar adelante el show". Pero no aclaró que la Municipalidad salió de garante de los organizadores ante el juzgado y hasta se comprometió por contrato a "acondicionar" el predio para que tocara el Indio.
"Lamento que lo que debía ser una fiesta terminó de esta manera. Lo lamento con el alma", dijo, pero enseguida agregó que "como intendente no tengo responsabilidades legales con los fallecidos", una aclaración que acaso revela su verdadera preocupación.
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