TRES DIRECTORAS DE ESCUELAS DE LA MATANZA Y BENITO JUÁREZ DENUNCIARON AYER QUE EFECTIVOS DE LA BONAERENSE ENTRARON EL MARTES A LOS COLEGIOS PARA PEDIR EXPLICACIONES POR LAS MEDIDAS DE FUERZA, SOLICITAR EL LISTADO DE LOS DOCENTES QUE ADHIRIERON AL PARO E IDENTIFICAR LA AFILIACIÓN GREMIAL DE CADA UNO.
El régimen fascista de la provincia de Buenos Aires envió policías a las escuelas bonaerenses para identificar a los docentes que adhirieron al paro y exigir a los directores de los colegios que abrieran las puertas de las instituciones. En dos escuelas de La Matanza y en una tercera de Benito Juárez, los efectivos pidieron los nombres y la filiación de los docentes que adhirieron al paro por 48 horas convocado por el Frente Gremial Docente, tras el rechazo del Ejecutivo de María Eugenia Vidal a considerar el reclamo de un aumento salarial del 35 por ciento.
Las directoras de la Escuela Primaria Nº 198 y la Escuela Secundaria Nº 55 elevaron la denuncia al Consejo General de la Matanza. “La Bonaerense se presentó para hacer preguntas inapropiadas por el no dictado de clases y las características del paro. Lo tomamos como una medida de amedrentamiento y amenazas”, expresó Paulino Guarido, secretario general de CTA-La Matanza.
El Consejo General de La Matanza, junto con ATE y la CTA, presentarán la denuncia contra las jefaturas de los distritos involucrados por autorizar el ingreso a las escuelas de funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Trabajo provinciales. Según el documento, denunciarán que fueron para “controlar, intimidar y pedir el listado de los docentes ausentes”.
Si bien la jefatura distrital se comunicó con las directoras que hicieron su reclamo ante el Consejo General, no les brindó ninguna respuesta sobre la autorización del ingreso de la Bonaerense a las escuelas, cuya presencia se suma a otros aprietes previos, denunciados en su momento, como el envío de inspectores de la cartera laboral a revelar la adhesión al paro. “Llegaron con una nota de la Dirección General de Escuelas que los autorizaba a entrar para pedir la lista de los docentes que estaban parando”, había contado la semana pasada la secretaria gremial de SUTEBA, María Laura Torre.
La Red de Directores de La Matanza, por su parte, emitió un comunicado en el que advirtió que "las fuerzas de seguridad están para prevenir delitos, no para amedrentar con acciones fuera de su responsabilidad y de la ley", y solicitaron la intervención del municipio y de la Justicia. "Exigimos a las Autoridades Provinciales el cese inmediato de prácticas propias de la dictadura", manifestaron.
Gustavo López, vicedirector y ex secretario de SUTEBA-La Matanza, quien se enteró de la situación por las cadenas de mails de los compañeros de Laferrere, afirmó que no registraba ningún antecedente similar en 30 años de profesión. "Jamás pasó, y eso que yo estuve en todas las ramas del sistema educativo, menos en Jardín”, expresó López, y agregó que “hay una cuestión política muy fuerte, por eso se hace en La Matanza”, bastión electoral del peronismo.
Lo mismo sucedió en una escuela de Villa Cacique, de Benito Juárez, donde los policías entraron con una nota dirigida al director, en la que le solicitaban que informara “la cantidad de personal que se encuentra trabajando en el establecimiento, como así también datos filiatorios de los mismos y tareas que realiza”. El escrito firmado por el oficial principal Juan Cruz Catalán pedía también que se especificara la cantidad de alumnos que asisten a la escuela y alegaba que se trataba de una medida “para poder identificar fácilmente a los habitantes del lugar”. "No dicen claramente que es contra el paro pero es bastante evidente", denunció Torre.
Sonia Alesso, la secretaria general de la CTERA, a su vez, advirtió que la actitud del régimen fascista de María Eugenia Vidal no ayuda a la solución del conflicto en el que se inscribe el paro nacional docente de ayer y hoy. “Están generando un ámbito de hostilidad a los docentes que es contraproducente”, señaló la dirigente gremial en declaraciones radiales.
Guarido, por último, aseguró que los directores afectados cuentan con el respaldo de la CTA, de SUTEBA y del Consejo Escolar. “Lo importante es la firmeza del repudio. Los que tienen que dar respuestas son quienes avalaron y autorizaron de manera ilegal la presencia de funcionarios de los ministerio de Trabajo y Seguridad en las escuelas, los ministros Finochiaro y Ritondo, y la gobernadora Vidal”, indicó.
Fuente: nota de Agustina Arredondo para Página/12
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