EL SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE), HUGO GODOY, REITERÓ SU REPUDIO A LA POLÍTICA DE DESPIDOS DESARROLLADA POR EL RÉGIMEN FASCISTA DE MAURICIO MACRI Y SOSTUVO QUE SE TRATA DE "EXTORSIONAR" A LOS TRABAJADORES EN LA PREVIA DE LAS PARITARIAS. ATE ANUNCIÓ ANTES DE AYER UN PARO NACIONAL PARA EL 24 DE FEBRERO, MIENTRAS QUE EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, ANDRÉS IBARRA, ASEGURÓ QUE CONTINUARÁN LOS DESPIDOS.
"Lo que se está demostrando es que la idea de los 'ñoquis' es un argumento para despedir masivamente", enfatizó Godoy en declaraciones radiales y adjudicó la política de despidos a un plan para "extorsionar al resto de los trabajadores en función" de que acepten "condiciones a la baja en la discusión salarial" en las paritarias.
"Por eso, vamos a realizar este paro (el 24 de febrero) para ponerle límite a los despidos y poder discutir un incremento salarial que permita recomponer el poder adquisitivo", resaltó Godoy, quien confió en que estará acompañado por "movilizaciones en todo el país de todos los empleados estatales, nacionales, provinciales y municipales".
Por otra parte, el sindicalista consideró que "el mal mayor que produjo el Gobierno anterior fue ese mecanismo perverso del trabajo precario" a través de contratos. "Si son 95 mil trabajadores precarios, obviamente se nombraron sin concurso, esto es así", concluyó.
El régimen fascista va por más despidos
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, admitió 6200 despidos en la administración pública, anunció que Mugrizio Macri firmará un decreto por el que se revisarán convenios de contrataciones de universidades nacionales y se anularán los que no sean “justificados”, y no descartó más despidos de trabajadores estatales.
El nuevo decreto da por finalizados los convenios celebrados con las universidades, “no permite nuevas contrataciones de personal a partir del 1º de marzo” y vehiculiza a través de la Sigen una “auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal ocurridas entre octubre y diciembre de 2015”, anticipó Ibarra.
“Si hay liquidaciones sospechosas o situaciones fraudulentas luego de la auditoría, como funcionarios tenemos la obligación de denunciarlas”, dijo el funcionario y afirmó que hay “342 mil empleados sumados a los 65 mil contratados y unos 37 mil de otros entes como AFIP, PAMI, ANSeS, lo que hace un total de 450 mil personas que trabajan en el Estado”.
“De los 65 mil contratados durante los últimos tres años, se revisaron 24 mil, de los cuales fueron dados de baja 6200 contratos de distintos organismos del Estado nacional”, calculó.
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