El fiscal los imputó por la falta de suministro eléctrico de diciembre de 2013. También figuran en la causa con esa figura los encargados del ministerio de Planificación Federal de controlar el cumplimiento del servicio.
El fiscal federal Ramiro González imputó a los directivos de las empresas Edenor y Edesur, y también a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal encargados del control del servicio de energía.
La medida, presentado ante el juez federal Luis Rodríguez, llega por la ampliación de un requerimiento anterior para que se abra la investigación en la causa en la que fueron denunciados por los constantes cortes de energía ocurridos en diciembre de 2013.
La fiscalía solicita que Edenor y Edesur informen sus planes de inversión que realizaron desde 2003 a la fecha y el monto detallado del subsidios que reciben por parte del Estado.
El fiscal quedó a cargo de tres denuncias realizadas a raíz de los reiterados cortes de luz, una del legislador Gustavo Vera, otra interpuesta por un abogado y la de FEDECAMARAS para que se investigue si hubo sabotaje y estafa contra los usuarios que fueron víctimas en la ciudad y el conurbano bonaerense, en algunos casos durante más de dos semanas. También hubo miles de pesos de pérdidas que sufrieron los comerciantes.
González pidió al Ministerio de Planificación Federal que informe si el Estado subsidia la tarifa de energía, y detalle qué montos y quienes son los destinatarios de los subsidios, desde 2003 a la fecha.
En tanto, pidió al juez que requiera a la Inspección General de Justicia balances de las empresas Edenor, Edesur, Distrilec inversora SA, y Pampa Energía, entre otras. También a la Comisión Nacional de Valores que informe si estas firmas cotizan en bolsa, y en ese caso que envíen los balances que presentaron.
Además requirió que el Ente Regulador de Electricidad (ENRE) detalle cuántas denuncias hubo a ambas empresas por el corte de suministro, y cuál fue el tiempo de respuesta que dieron a los afectados, tanto usuarios particulares como comerciantes. También pidió conocer si el ENRE fijó sanciones a las empresas, y en caso afirmativo que precise por qué montos.
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