Entre Ríos ratificó su decisión de desconocer el acuerdo con los sublevados y decretó que el nuevo salario básico de bolsillo será de $ 6700. "Si alguien tiene alguna duda sobre la presión (de los efectivos), que pregunte a los comercios saqueados", insistieron cerca de Sergio Urribarri. La provincia se suma así a lo resuelto por Chaco. El resto de los empleados públicos, expectantes.
La decisión de desconocer el acuerdo salarial con los policías acuartelados, que inició el Chaco y siguió luego Entre Ríos, se está convirtiendo en una pulseada estratégica para recuperar la autoridad legítima de los gobiernos provinciales. El resultado de este contrapunto tendrá, también, consecuencias para la negociación paritaria de todo el sector público en ambas provincias.
El argumento común esgrimido por los mandatarios Juan Carlos Bacileff Ivanoff (Chaco) y Sergio Urribarri (Entre Ríos), que podría ser replicado por otras provincias, es que los acuerdos fueron forzados por la extorsión ejercida por efectivos amotinados, con armas en la cintura, que abandonaron el servicio y promovieron saqueos y disturbios.
El ministro de gobierno entrerriano, Adrián Bahl, ratificó que la provincia da por caído el acuerdo alcanzado en medio de las presiones, y le contestó a un comunicado emitido por el Obispado de Concordia y el Centro de Comercio local. "Si alguien tiene alguna duda sobre la presión, habría que preguntarle a los comercios saqueados o que tuvieron que poner barricadas para defender su negocio", subrayó Bahl, hombre muy cercano a Urribarri.
La réplica del funcionario, publicada por el diario Río Uruguay, tuvo repercusión en la provincia. Era una respuesta al comunicado conjunto firmado por el sacerdote Emmanuel Bonetta, en representación del Obispado de Concordia, y el empresario Walter Kleiman, de la cámara de comercio. Según Bonetta y Kleiman, que estuvieron presentes al momento de la rúbrica del acta-acuerdo con los policías sublevados, en la noche del 9 de diciembre, "ninguna de las partes expresó firmar bajo presión. Declarar la nulidad de lo firmado es competencia exclusiva del Poder Judicial, mediante sentencia firme", expresaron el viernes el cura y el empresario en un comunicado.
Bahl, con la venia del gobernador, salió a contestarles. "En el comunicado hay una contradicción. Se afirma que nadie firmó bajo presión pero se reconoce que toda la sociedad estaba en una situación de caos y violencia imperante", remarcó y narró algunas situaciones que él mismo presenció durante la hora más caliente de la negociación: "en un momento el capellán de la policía me manifiesta que si no se llegaba a ofrecer una cifra determinada, que eran $ 10 mil de (sueldo) básico, iba a haber una matanza. Cuando escuchó eso, de inmediato se lo transmito al gobernador, lo que generó un momento de mucha zozobra. Ese tipo de visión llegaba justo cuando se estaba trabajando contrarreloj para buscar puntos de convergencia. ¿Eso no es una situación que genera presión?", se preguntó el ministro en la entrevista con Río Uruguay.
Bahl recordó, además, que el procurador general de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, señaló en una entrevista que el compromiso salarial que había asumido la gobernación era "nulo" e "ilegítimo", por haber sido obtenido "en un acto extorsivo".
"Cualquier abogado o persona que conozca de administración pública sabe que el acuerdo carece de los elementos fundamentales y esenciales para que sea válido. Al que le parezca que esto no es así, que haga la acción administrativa o judicial conveniente para lo que está planteando", insistió Bahl.
Tras desconocer lo que se había firmado el 9 de diciembre, Urribarri dispuso otro incremento menor para los salarios de los policías entrerrianos. La decisión se concretó a través de un decreto, emitido el último jueves. Establece que los salarios básicos de bolsillo tendrán su piso inicial en $ 6700.
Además, ya fue pagado el primer aumento. Según información brindada por la gobernación de Entre Ríos, ese salario inicial se implementó también en otras provincias. Una de ellas sería Salta.
El incremento salarial que se terminó adoptando en Entre Ríos está lejos de las primeras pretensiones de los policías sublevados, que exigían $ 10 mil de bolsillo. También es menor a los 8500 que se firmaron en la compleja noche del 9 de diciembre.
La renegociación del acuerdo, que por supuesto implicará una menor erogación presupuestaria, sigue el modelo que inició el mandatario chaqueño Ivanoff Bacileff, sucesor del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Ivanoff Bacileff fue el primero que hizo pública su intención de modificar lo pactado con los policías acuartelados. En el Chaco, la renegociación redujo los incrementos salariales de $ 8000 a $ 6000 de bolsillo inicial. La revisión, paradójicamente, beneficiará a los jefes y altos oficiales, no comprendidos en la suba.
La renegociación en Chaco y Entre Ríos deberá lidiar, sin embargo, con la decisión de otras provincias de ratificar lo acordado con los uniformados. El caso más resonante, por la dimensión de su economía y su importancia política, es el de Buenos Aires. Según información que trascendió, pagará los incrementos que llevaron el sueldo promedio de bolsillo a $ 8570. Sin embargo, a diferencia de lo que pasó en otros distritos, en Buenos Aires no hubo un acuerdo entre las dos partes: Daniel Scioli dio por cerrada la negociación al firmar un decreto.
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