Después de que el doblemente procesado jefe de gobierno porteño, Mugrizio Macri, dijera que la Capital “no puede satisfacer los reclamos de viviendas de los manifestantes”, dos especialistas analizaron la política del PRO en esa materia.
Tras el corte de ocho días que mantuvo interrumpido el tránsito en la Autopista Illia, el doblemente procesado jefe de Gobierno porteño, Mugrizio Macri, cargó contra los manifestantes.
Se trataba de un grupo de habitantes de la villa 31 de Retiro, que reclamaba políticas de urbanización por parte de la Ciudad.
"La Ciudad de Buenos Aires no está en condiciones de satisfacer los reclamos de viviendas que pretenden los manifestantes", dijo Macri en una improvisada conferencia de prensa, al tiempo que responsabilizó del crecimiento de la población en los asentamientos al gobierno nacional.
“Cuando en 2010 se desató el conflicto del Parque Indoamericano, Macri dijo lo mismo. No eran 20 familias como se afirmó esa vez, sino 13 mil personas las que estaban reclamando. Pero es sintomático de la política habitacional del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires: no ha hecho absolutamente nada desde que asumió y no ha dado solución a los conflictos de vivienda”, sostuvo la legisladora con mandato cumplido Rocío Sánchez Andía (Coalición Cínica-UNEN), quien presidió la Comisión de Vivienda y es una especialista en el tema.
“Si bien las tierras pertenecen al gobierno nacional, se aprobó una ley en 2009 por la que el Gobierno de la Ciudad se compromete a urbanizar la villa 31. Además es una obligación que figura en la propia Constitución porteña”, indicó Sánchez Andía.
La dirigente, que ayer a la tarde presentó un informe sobre las políticas de vivienda que se han desplegado en el país durante los últimos diez años, agregó que “tampoco se han desarrollado políticas para los asentamientos que son propiedad del gobierno porteño. Actualmente, hay 500.000 personas en emergencia habitacional y muchos otros de clase media que no pueden acceder a una vivienda propia, por lo que la tendencia excluyente se agudiza y es grave”.
El arquitecto Rodolfo Livingston coincidió en el diagnóstico de Sánchez Andía y cuestionó el manejo presupuestario en la Capital Federal. “La Ciudad de Buenos Aires tiene, por sí sola, más presupuesto que todo Cuba; que es un país sin una sola persona en la calle y con derechos a la salud y a la educación que están garantizados. Hay plata para gestionar el problema”, apuntó.
“Hay muchas cosas que se pueden hacer, teniendo en cuenta que hay cuestiones que el mercado no puede resolver por sí solo. Por ejemplo, en la Ciudad hay 120 mil viviendas desocupadas, que están vacías por abandono o especulación inmobiliaria. A esas propiedades se les podría cobrar un impuesto más elevado para aumentar la disponibilidad de viviendas. No se trata únicamente de construir nuevas unidades, sino de ampliar o remozar las existentes”, propuso.
"La Ciudad tiene el presupuesto más alto de su historia y sin embargo lo destinado al área vivienda fue bajando desde 2007 en porcentaje respecto al presupuesto y en términos reales. Con el agravante de que es uno de los ítems más subejecutados", consideró por su parte Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.
Al panorama de una demanda que crece mientras la especulación inmobiliaria no se detiene, se suma el hecho de que la administración de Mugrizio Macri ha reducido sistemáticamente el presupuesto dedicado al área y, como si fuera poco, lo ha subejecutado en varias oportunidades.
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