martes, 5 de septiembre de 2017

Preocupación en el régimen por el impacto de los incidentes del viernes y crece el fastidio con Bullrich Luro Pueyrredón

LA ROSADA MANDÓ A MEDIR LA REACCIÓN. LA BEODA MINISTRA SUMÓ MOLESTIAS AL DIFUNDIR LA AUTORA DE LAS AMENAZAS CONTRA LA INFANTA ANTONIA.

En el régimen macrifascista mandaron a medir el impacto de los incidentes y la represión de la Policía de la Ciudad al término de la marcha organizada el viernes en Plaza de Mayo a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.

Mientras un sector del Ejecutivo defiende a rajatabla al accionar de las fuerzas de seguridad en la Plaza, otro sector mira con preocupación cómo escala el tema del joven desaparecido durante un operativo de la fuerza de seguridad contra los mapuches.

El sector que defiende el modus operandi de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón señala que "la gente pide orden" y que la represión del viernes le "suma" a la alianza de derecha Cambiemos.

Sin embargo, otros ministros creen que las imágenes del viernes no reflejaron "orden" sino que dejaron una sensación más propia de otras épocas. "Son imágenes de lo viejo, del 2001 o de antes", indicaron en un sector del régimen.

Para colmo Bullrich Luro Pueyrredónsumó molestias en la Rosada tras anunciar de manera inconsulta que habían detenido a la autora de las amenazas contra la infanta Antonia, hija menor de Mugrizio Macri. La detenida, Carolina Pavlovsky resultó ser no sólo prima hermana del histórico vocero de Macri sino una paciente psiquiátrica. A Pavlovsky la debieron ir a buscar a una clínica de salud mental de Castelar.

"Patricia no puede tomar distancia de las cosas", señalaron en la Rosada. Creen que la ministra se quiso anotar un poroto para congraciarse con Macri a sólo un día de los incidentes en Plaza de Mayo y complicó aún más su situación al abalanzarse en la detención y el anuncio sin consultar.

Interna por la ONU

La borracha hija de puta arrastra además una interna por los veedores de la ONU en el caso Maldonado. La semana pasada, el ministerio de Justicia de Germán Garavano recibió a Amerigo Incalcaterra, Alto Representante de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que la ONU pueda prestar colaboración en la investigación de Maldonado.

La familia de Maldonado está pidiendo participar de la comisión y el régimen dice que no tiene nada que ocultar, por lo que pide avanzar con los veedores y permitir que la familia participe.

Pero el viernes la ex montonera enfureció y le exigió a la Rosada que no avanzara esa comisión, puesto que el CELS de Horacio Verbitsky buscaba entrometerse de esta manera para "operar" en la ONU y obtener información para perjudicar al régimen.

El viernes la Rosada la bancó, pero tras los incidentes, que tuvieron un impacto negativo para el régimen en los medios internacionales -que no titularon con los incidentes sino con el pedido de la aparición de Maldonado- ahora empezaron a dar marcha atrás.

Opuesto a la línea dura que encarna Bulrrich Luro Pueyrredón, Garavano señala que hay que seguir el modelo de México, que aceptó una comisión de la ONU tras la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

No es la única interna que atraviesa Garavano por estas horas. Debió interceder para que en el Congreso no frenen la integración de la Comisión Nacional de la Tortura, que debe designar a sus miembros que provienen del parlamento.

El senador radical Ángel Rozas se oponía a los candidatos enviados por el Ejecutivo y recibió el reto tanto del Ejecutivo como del presidente provisional, Federico Pinedo. Es que el PRO ya había llegado a un acuerdo incluso con el peronismo, que por medio de Juan Manuel Abal Medina pedía por un hombre del CELS. Pero luego de que Rozas accedió, se nombró en el Comité al sobrino de "Quino", Diego Lavado de Mendoza, ahijado de Ernesto Sanz.

Sin embargo, las trabas provinieron por parte de otro radical, Francisco Mugnolo, que es procurador penitenciario desde hace años y llegó a ese cargo gracias a Raúl Alfonsín. Mugnolo trabó la conformación del comité tras impugnar a quien iba a ser el titular del Comité, el ex funcionario kirchnerista Enrique Font.

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